“Defensores de base con alta incidencia en la organización social y con representación comunitaria”. Ese es el perfil de los activistas que han sido asesinados en Colombia en los últimos cuatro años.
Así lo demostró un informe de Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que fue presentado por el alto comisionado Volker Türk, y que ubica al país como “uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos».
Aunque reconoce los avances gubernamentales para hacer frente a este patrón de vulneración del activismo, el informe advierte que los esfuerzos no son suficientes y que las autoridades deben «abordar las causas estructurales de esta tragedia humana con un enfoque integral».
“Una estrategia de control social y territorial”
Según el reporte, desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la ahora extinta guerrilla de las FARC, en 2016, y hasta 2025, han sido asesinados 972 activistas de distintas áreas. El estudio apenas detecta una pequeña desaceleración en el último lapso analizado, 2022-2025, durante el cual las víctimas suman ya 410 defensores en distintos ámbitos.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
El pico mayor en este periodo corresponde a 2022, cuando se registraron 117 casos documentados, y el mínimo se registró en 2024, cuando la cifra disminuyó a 89 víctimas.
Líderes indígenas, campesinos y afrodescendientes, promotores de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, defensores del medio ambiente, cultores. La lista de objetivos alcanza todos los ámbitos del activismo.
El patrón durante este periodo es que el ejercicio de la violencia estuvo prácticamente circunscrito a “grupos armados no estatales y organizaciones criminales” que llevan adelante “una estrategia de control social y territorial”.
Casi tres de cada cuatro activistas asesinados (73%) han caído a manos de estos perpetradores, que persiguen consolidar economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, en los territorios donde operan.
«A través del homicidio, la amenaza y el confinamiento, los grupos armados han buscado quebrar la autonomía de las comunidades y silenciar cualquier resistencia ante la imposición de sus normas de conducta», apunta el documento.
Leer tambiénCerca de 1.000 defensores de DDHH fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2025, según la ONU
Intimidación activa y focalizada
El informe también ha detectado 2.018 casos de ataques y amenazas contra activistas, situaciones en las que la Oficina de la ONU reporta haber adoptado “acciones para impulsar la protección y acceso a la justicia con instituciones del Estado”.
El documento precisa que “aunque estas formas de violencia son menos visibles que los homicidios, resultan efectivas para el silenciamiento y desestructuración de los procesos organizativos en defensa de los derechos humanos”.
En cuanto al ámbito territorial, el estudio determinó que el departamento de Cauca fue el de más alta letalidad, con 84 homicidios, seguido por Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo, territorios donde «la escasa presencia integral del Estado ha permitido que la violencia se ensañe con los liderazgos de base».
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
Los pueblos indígenas han sido los más afectados, con 23% de las víctimas procedentes de este segmento. «El Pueblo Nasa, en particular, enfrentó un riesgo extremo con 44 líderes asesinados, lo que golpea directamente su estructura organizativa y cultural», apuntó el informe.
El documento agrega que los liderazgos en esta población de riesgo enfrentan lo que la Corte Constitucional denomina un “Estado de Cosas Inconstitucional», puesto que los mecanismos de protección vigentes no han logrado adaptarse a las realidades rurales ni ofrecer soluciones colectivas efectivas.
Leer tambiénLa violencia contra los defensores no cesa en los territorios más abandonados de Colombia
Respuesta activa, pero insuficiente
Según la ONU, el Gobierno colombiano ha reconocido la gravedad de la situación y ha activado mecanismos de respuesta como el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, con la meta de “disminuir significativamente el homicidio de líderes sociales”.
Además, admite que “la disminución en los casos de homicidios registrados en 2023 y 2024 puede ser una señal positiva de que las acciones del Gobierno pueden incidir en una prevención y protección más eficaz de las personas defensoras de derechos humanos”.
Sin embargo, agrega que la persistencia de los ataques contra activistas “muestra que el Estado en su conjunto sigue enfrentando importantes retos para revertir las tendencias y patrones de violencia” y “superar los obstáculos estructurales que impiden garantizar una protección integral y sostenida a las personas defensoras de derechos humanos”.
Con EFE y medios locales
