El Gobierno de Javier Milei suspendió la aplicación del decreto que desregulaba el servicio de practicaje, después de un paro que dejó más de 150 buques de carga varados en los ríos Paraná y de la Plata. El acuerdo incluye una reducción del 20% en las tarifas del servicio.
La tensión en uno de los principales corredores comerciales de Argentina quedó desactivada este martes 4 de agosto, después de un fin de semana marcado por la paralización de más de 150 buques de carga frente a puertos estratégicos del país.
La protesta fue protagonizada por representantes del sector de practicaje, el servicio que brinda asistencia especializada a los barcos durante su navegación y maniobras en zonas de alta complejidad. Los trabajadores rechazaban los cambios normativos impulsados por el Gobierno del presidente Javier Milei para desregular esta actividad.
Tras varias horas de negociación, el Ejecutivo anunció la suspensión de la aplicación del decreto y alcanzó un acuerdo con los representantes del sector. El pacto contempla una reducción del 20% en las tarifas del practicaje y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de los buques.
El conflicto tuvo lugar en los ríos Paraná y de la Plata, dos de las principales vías de acceso y salida del comercio exterior argentino. En sus márgenes se encuentran puertos por los que circula alrededor del 80% de las exportaciones del país, de acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
La magnitud del impacto económico fue uno de los principales factores de presión durante el conflicto. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales, estimó que cada buque fondeado generaba un costo de entre 50.000 y 100.000 dólares diarios.
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El decreto cuestionado por los trabajadores buscaba reducir los costos asociados a la navegación mediante una mayor flexibilización de las normas. Entre sus disposiciones contemplaba que, en determinados casos, embarcaciones extranjeras pudieran navegar por el sistema fluvial y marítimo argentino sin contratar obligatoriamente el servicio de prácticos.
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Para el Gobierno, la medida formaba parte de su estrategia de desregulación y reducción de costos logísticos. Para los representantes del sector, en cambio, los cambios podían afectar las condiciones bajo las cuales se desarrolla una actividad considerada clave para la seguridad de la navegación.
Con el acuerdo, los trabajadores resolvieron regresar a sus tareas y aplicar la reducción del 20% en las tarifas. El Gobierno, por su parte, suspendió la implementación del decreto y acordó crear una mesa de trabajo conjunta para analizar los distintos aspectos de la actividad y revisar el proceso de desregulación.
Con información de Reuters.
