“¡Perdimos el vuelo por 10 minutos!”. Frases como ésta se han convertido en las últimas semanas en un clamor común en los aeropuertos estadounidenses.
Las escenas de largas filas de pasajeros frustrados que incluso se forman fuera de las terminales se han convertido en una rutina apocalíptica, para la que no parece haber solución a corto plazo, a pesar de órdenes ejecutivas y esfuerzos en busca de acuerdos legislativos.
Al igual que los anaqueles se vacían apenas se reciben alertas meteorológicas, la ansiosa estampida de viajeros no atiende a advertencias de mantener la calma, y la situación tiende a empeorar con las vacaciones escolares de primavera, que casi seguramente dispararán el tráfico en las terminales.
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A pesar de que aeropuertos como el Internacional John Glenn en Columbus, Ohio, han comenzado a avisar que es suficiente con que lleguen 90 minutos antes del vuelo, los pasajeros, alarmados por las imágenes de largas filas que les muestran las redes sociales, se presentan tres y hasta cuatro horas antes de su vuelo, de modo que las aglomeraciones nunca ceden.
«Hemos notado a varias personas en la fila de los vuelos de última hora de la tarde», se quejó en conversación con la agencia AP Amber Cambpell, que perdió un vuelo matutino. “No hubo organización ni consideración entre los que perdemos vuelos frente a quienes los perdemos en vuelos posteriores”.
Lo cierto es que el nerviosismo está más que justificado. En otros aeropuertos, como el George Bush de Houston, los controles para abordar están tomando más de dos horas, y en ocasiones se extienden hasta cuatro.
«Es la naturaleza humana. No tienes control sobre lo que ocurre en un aeropuerto», le dijo a AP Shari Botwin, trabajadora social clínica de Filadelfia, especialista en ansiedad. «Hay tanta atención mediática por el caos en los aeropuertos que puede que no confíen cuando alguien dice: ‘Bueno, ya no necesitas salir tan temprano’».
Manos que faltan y manos que no ayudan
El caos aeroportuario persiste en la medida en que se mantiene el cierre parcial del Gobierno federal, que solo afecta a algunas agencias que dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Pero se había anunciado mucho antes. Tras las violentas redadas antinmigración que dejaron a dos ciudadanos estadounidenses muertos en Minnesota, legisladores demócratas advirtieron que no aprobarían el presupuesto del DHS, que estaba próximo a vencerse.
No lo harían, a menos que se introdujeran regulaciones en la operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), más conocida como Patrulla Fronteriza.
Pedían el cese de las redadas en lugares sensibles como iglesias, escuelas y hospitales, o la obligatoriedad de que los agentes de ICE lleven identificación, cámaras corporales y dejen de usar máscaras, entre otras.
Llegó el 14 de febrero, fecha límite para evitar un cierre, y no hubo acuerdos en demandas irrenunciables para la minoría demócrata, sin la cual no es posible aprobar el presupuesto.
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Irónicamente, el cierre del DHS dejó sin remuneración a agencias como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que opera en los aeropuertos, la Guardia Costera o la Administración Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), pero no afecta al ICE ni a la CBP, que fueron blindadas con la Gran y Hermosa Ley, el plan presupuestario de Trump.
Luego de más de 40 días sin recibir salarios, 458 trabajadores han presentado su renuncia a la TSA, según cifras de la propia agencia, y el 26 de marzo, el promedio nacional de ausentismo fue de 12%, con picos más graves en el JKF de Nueva York o los aeropuertos de Houston, Atlanta y Baltimore, donde más de un tercio de los trabajadores del sector no se presentaron a sus puestos.
La solución ofrecida por el presidente Donald Trump de enviar hombres de ICE a los aeropuertos ha tenido un impacto mínimo, porque sus hombres no están entrenados para las tareas específicas de los agentes del TSA, y ha terminado creando más tensiones en lugar de aflojarlas, porque incluso se han presentado manifestantes en las terminales rechazando su presencia.
Este 27 de marzo, Trump decidió que “el sistema de transporte aéreo de Estados Unidos ha llegado a su límite», y firmó una orden ejecutiva que permite el uso de «fondos que tengan un nexo razonable y lógico con las operaciones de la TSA» para pagar el salario a los 50.000 trabajadores de la agencia.
Es una solución parcial, porque el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anticipó que la mayoría republicana espera tener aprobada una ley que permita el financiamiento completo de DHS recién para el 22 de mayo, y que su proyecto cuenta con el apoyo de Trump.
¿Dónde está la piedra de tranca?
Los demócratas no han logrado las contenciones a la acción migratoria que los llevaron a ocasionar el cierre parcial del Gobierno, pero sus miembros del Senado estuvieron de acuerdo en la madrugada de este viernes con aprobar un instrumento que permitiría el financiamiento parcial del DHS.
El proyecto incluía cubrir la operación de la TSA, la Guardia Costera y FEMA, pero excluía a las agencias con competencia migratoria.
Habían obtenido del nuevo secretario Markwayne Mullin (que sustituyó a la polémica Kristi Noem) garantías de que los agentes no irrumpirían en hogares sin una orden judicial, pero sus otras peticiones seguían sin ser atendidas. Aun así, estaban dispuestos a apoyar una ley de presupuesto para abrir de nuevo el DHS.
Sin embargo, cuando el proyecto bipartidista llegó en la mañana a la Cámara de Representantes, fue rechazado, en línea con la aspiración de Trump de un financiamiento completo, no parcial, que otorgue al ICE y la CBP recursos adicionales a los ya contemplados en su Gran y Hermosa Ley.
Un nuevo estancamiento parece inevitable. El plan de Mike Johnson de presentar una propuesta que pueda ser aprobada para el 22 de mayo no contará con el apoyo de los demócratas, como advirtió el líder de esta bancada en el Senado, Chuck Schumer.
«Hemos sido claros desde el primer día: los demócratas financiarán funciones críticas de seguridad nacional, pero no daremos un cheque en blanco a la milicia migratoria ilegal y letal de Trump sin reformas», afirmó Schumer.
Pero el financiamiento total no ha sido el único punto de honor de Trump en las discusiones para poner fin al cierre parcial que tiene en jaque a los aeropuertos del país.
El 22 de marzo llegó a condicionar cualquier acuerdo para la reapertura del DHS a la inclusión en la agenda legislativa de su proyecto Save America o Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense.
“No creo que debamos hacer ningún trato con los demócratas radicales de izquierda, locos, destructores de país, a menos que, y hasta que voten con los republicanos para aprobar la LEY SAVE AMERICA», sostuvo en Truth Social, considerando la propuesta “más importante que cualquier otra cosa que estemos haciendo en el Senado”.
Esta legislación, que obligará a mostrar pruebas de ciudadanía para votar y que podría afectar a uno de cada cinco electores, adquiere un carácter cada vez más urgente para Trump, que intenta diversas vías para lograr su aprobación antes de las elecciones de mitad de mandato, en las que se arriesga a perder su mayoría parlamentaria.
Finalmente, el Senado logró desvincular las discusiones del financiamiento del DHS de la consideración del proyecto Save America, pero su acuerdo de la madrugada del 27 de marzo tuvo apenas unas horas de vigencia y no se avizora un nuevo punto de encuentro que permita poner fin al caos aeroportuario.
Con AP, Reuters, EFE y medios locales
