El autor es economista. Reside en Santo Domingo
POR MARCELINO LARA
La Ley No. 112-00 es reconocida popularmente como la Ley de hidrocarburos, y la misma establece los precios de los combustibles en el mercado doméstico.
Dicha Ley define el marco jurídico para la regulación del negocio de los hidrocarburos, incluyendo la fijación de precios, la importación, refinación y distribución de combustibles.
A través de la emisión de resoluciones, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes establece los precios oficiales de venta de los combustibles líquidos y el GLP a los diferentes actores del mercado, como los distribuidores y estaciones de servicio.
El precio final de los combustibles resulta de sumar varios componentes que incluye el costo del producto (FOB), impuestos, márgenes de distribución, márgenes al detalle y comisión de transporte.
En adición al gravamen de combustibles fósiles y derivados del petróleo dispuesto en la Ley 112-00 del 29 de noviembre del año 2000, se estableció un impuesto selectivo del 16% ad valorem sobre el consumo interno de dichos combustibles fósiles y derivados del petróleo.
Con el supuesto propósito de favorecer al consumidor final ante los cambios alcistas del precio en el barril de petróleo en los mercados internacionales, las actuales autoridades tomaron la decisión de subsidiar el precio interno de los combustibles, pero al mismo tiempo han aplicado impuestos a las ventas de dichos combustibles que han contribuido a mantener sus precios muy elevados.
Dichos impuestos han permitido a las actuales autoridades recaudar miles de millones de pesos provenientes de los bolsillos de los consumidores.
Según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, en el año 2020 el monto del subsidio al precio de los combustibles ascendió a RD$756.0 millones y los impuestos cobrados fueron de RD$58,228.4 millones.
En año 2021, el subsidio se disparó a RD$12,644.0 millones, y los impuestos se incrementaron a la fabulosa suma de RD$79,214.9 millones.
Para 2022 ascendió aún más, alcanzando el monto de RD$35,502.millones, mientras los impuestos se dispararon a RD$89,687.2 millones.
En el año 2023, el subsidio cayó a RD$11,614.0 millones, pero los impuestos continuaron subiendo hasta RD$90,839.9 millones, quedando demostrado así que el subsidio no contribuye a reducir el precio de los combustibles al consumidor final, o tal vez no lo suficiente.11
Para el año 2024, el subsidio volvió a subir colocándose en RD$17,106 millones, pero quedándose a la mitad del monto alcanzado en 2022. No obstante, los impuestos pagados por los consumidores continuaron su tendencia hacia arriba llegando a los RD$98,387.7 millones.
El pasado año 2025, el subsidio volvió a reducirse colocándose en RD$11,500.0 millones, mientras los impuestos cobrados a consumidores se dispararon a RD$99,008.1 millones. Casi 100 Mil millones de pesos cobrados de impuestos a los combustibles en 2025.
No sacrificio
Después de observar la astronómica cifra cobrada de impuestos con relación al monto de subsidio aportado por el gobierno, debemos concluir que dicho subsidio no significa ningún sacrificio fiscal para el Estado dominicano, como nos han querido hacer creer.
Fuera un sacrificio, si el subsidio fuera mayor a los impuestos cobrados por venta de combustible al consumidor, pero no es así, más bien es todo lo contrario, porque en ocasiones los impuestos cobrados han superado varias veces el subsidio aportado por el gobierno.
De manera que no hay gasto fiscal, lo que si hay son grandes montos de ingresos fiscales sacados de los bolsillos de los consumidores.
De ahí que sea tan importante proponer una reforma a la Ley de Hidrocarburos, de forma tal que el precio al consumidor final pueda reflejar de manera más apropiada y transparente el precio internacional del barril del petróleo, reestructurando la carga impositiva de forma más equitativa entre distribuidores y consumidores.
A ver quien se atreve.
JPM
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