POR LUISANNA LORA PERELLO
Lo que hoy genera alarma en las Dunas de Baní no empezó ayer. Lo que pasa es que ahora es imposible disimularlo.
Durante años, este patrimonio natural ha sido intervenido poco a poco, sin que nadie lograra o quisiera poner un freno definitivo. Hoy, esa realidad quedó expuesta otra vez: construcciones que avanzan dentro de un área protegida y un ecosistema que empieza a pagar la factura.
En el entorno de Las Calderas, hacia el suroeste, la ocupación ya no es tímida. Hay viviendas levantadas, otras en proceso, y señales claras de que la presencia humana se está consolidando en un espacio donde no debería. Lo que antes podía parecer esporádico, hoy tiene forma de asentamiento.
La escena no es solo de bloques, zinc o madera. Es también de límites que se corren: terrenos delimitados por particulares, zonas intervenidas y actividades que alteran la dinámica natural del lugar.
Y el impacto se siente.
Personas vinculadas a la zona advierten que especies que antes eran parte habitual del paisaje han comenzado a escasear. No es un dato menor en un ecosistema tan delicado, donde cualquier alteración tiene efecto en cadena. A eso se suman prácticas que transforman el terreno y comprometen su equilibrio.
Desde el Gobierno se habla nuevamente de acciones: revisión de ocupaciones, coordinación con el Ministerio Público, mayor vigilancia y advertencias de que no se permitirán más irregularidades. El discurso apunta en la dirección correcta.
El problema es que no es la primera vez.
Las Dunas de Baní tienen décadas bajo protección legal. Sin embargo, el control nunca ha sido lo suficientemente firme como para evitar que situaciones como esta se repitan. La historia reciente demuestra que actuar tarde se ha vuelto costumbre.
Ahora, con el tema otra vez en la conversación pública y amplificado por los medios y las redes, el margen para mirar hacia otro lado es más reducido.
Aquí no basta con advertir. Hace falta ejecutar.
Porque una cosa es lo que está escrito y otra lo que realmente pasa en el terreno.
Cuando en un área protegida se permite lo que la ley prohíbe, no solo se afecta el entorno. Queda en evidencia que las reglas no se están haciendo cumplir. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser únicamente ambiental.
jpm-am
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