La iniciativa anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, supone algo más que una nueva ronda de sanciones contra Irán.
Anunciada la semana pasada como el “Día D económico”, la ofensiva llega cuando el conflicto se acerca a los seis meses, los intentos de tregua no han conseguido consolidar un acuerdo y la presión militar parece haber entrado en una fase de estancamiento.
Estados Unidos ya mantiene desde hace décadas un amplio régimen de sanciones contra la República Islámica. Lo novedoso de esta ofensiva es el intento de cerrar los espacios que han permitido a Irán mantener conexiones económicas con el exterior pese a esas restricciones.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó este lunes 24 de agosto la ahora denominada “Operación Paria Económico” como una campaña “sin precedentes” destinada a cortar “cada vía financiera” que sostiene al Gobierno iraní. El Tesoro ha comenzado así a sancionar a más de 60 entidades, personas y buques vinculados, entre otras actividades, con la obtención de ingresos petroleros, operaciones de transporte y adquisición de tecnología nuclear y de misiles.
La cruzada se concentra también en intermediarios y redes de la llamada “flota en la sombra”, así como en empresas de corretaje y otras estructuras utilizadas para transportar petróleo, mover dinero o sortear las sanciones.
La clave, sin embargo, está fuera de Irán.
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El objetivo real: presionar a los terceros países
La expresión más importante de Bessent quizás no fue “sanciones”, sino su advertencia de que ya no será aceptable operar en lo que llamó la “zona gris” de la relación económica con Teherán.
El secretario del Tesoro afirmó que cualquier relación económica con el régimen iraní puede exponer a empresas y países al “pleno alcance del poder estadounidense” y dejó claro que Washington no está dispuesto a conceder una paciencia ilimitada.
Eso convierte la operación en una herramienta de presión extraterritorial.
Las llamadas sanciones secundarias permiten a Washington castigar a empresas o instituciones extranjeras que hagan negocios con Irán, aunque esas operaciones no estén directamente bajo jurisdicción estadounidense. El instrumento adquiere una enorme capacidad de disuasión debido a que muchas entidades extranjeras necesitan acceder al dólar, al sistema financiero estadounidense o a los mercados de EE. UU.
En la práctica, Washington está planteando una elección: comerciar con Irán o mantener una relación económica normal con Estados Unidos.
Bessent no estableció un calendario general para que los países rompan sus vínculos con Teherán, pero afirmó que cada Gobierno recibirá plazos para poner fin a las actividades identificadas por el Tesoro y que, si no actúa, Estados Unidos lo hará unilateralmente mediante sus propias autoridades.
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¿Qué sectores están en el punto de mira de Washington?
La ofensiva se dirige contra varios de los principales mecanismos que permiten a Irán obtener ingresos o mantener conexiones con la economía internacional.
Entre los sectores identificados están el transporte marítimo, la aviación, el oro, la tecnología y los activos digitales, además de las redes utilizadas para generar y trasladar ingresos petroleros.
El petróleo es especialmente importante. Irán depende de sus exportaciones de crudo para obtener divisas y financiar buena parte de su economía. China ha sido durante años su principal comprador y representa, según las cifras citadas por NPR, alrededor del 90% de las compras de petróleo iraní.
Por tanto, el verdadero examen de la estrategia estadounidense no será únicamente si consigue sancionar a más empresas iraníes, sino si logra reducir de manera sustancial el número de países y compañías dispuestos a seguir comprando, transportando, asegurando y pagando el petróleo iraní.
La “flota en la sombra”, el eslabón que EE. UU. pretende romper
Irán ha desarrollado durante años mecanismos para mantener sus exportaciones pese a las sanciones.
Buques con estructuras de propiedad opacas, cambios de bandera, intermediarios, transferencias entre barcos y redes financieras complejas han permitido mantener parte del comercio energético.
Pero Washington pretende ahora atacar a esos intermediarios.
La estrategia tiene una lógica económica: no basta con sancionar al productor si existe una infraestructura internacional capaz de transportar el producto, asegurar la carga, facilitar el pago y encontrar un comprador.
El Tesoro busca, por tanto, atacar la red, no solo el nodo iraní.
Eso explica la dimensión geográfica de las nuevas medidas: las redes señaladas por el Tesoro alcanzan jurisdicciones como Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, China, Singapur, Suiza y Europa.
El gran desafío: China
Aquí aparece el principal límite de la estrategia estadounidense.
La capacidad de aislar económicamente a Irán depende de que otros países estén dispuestos a asumir los costes de aplicar las sanciones de Washington.
China es el caso más importante. Y es que Beijing tiene incentivos para mantener su acceso al petróleo iraní y, al mismo tiempo, cuenta con suficiente peso económico para resistir parte de la presión estadounidense. Si las nuevas sanciones se aplican de manera agresiva contra empresas chinas, Washington podría abrir un nuevo frente de confrontación económica con el gigante asiático.
El medio estadounidense ‘Axios’ destacac precisamente que el éxito de la ofensiva económica exigirá que la Administración Trump confronte a naciones como China, Rusia, India, Pakistán, Qatar y Turquía, que todavía mantienen relaciones económicas con Irán.
Ese es probablemente el mayor interrogante de la operación: ¿puede Estados Unidos construir un aislamiento realmente global si algunos de los principales socios comerciales de Teherán se niegan a participar?
La ofensiva económica no comienza desde cero. La guerra ha profundizado una situación económica iraní que ya era frágil después de años de sanciones.
El rial alcanzó este 24 de agosto un nuevo mínimo frente al dólar y la inflación ha disparado el precio de bienes básicos. ‘Axios’ informó sobre una cotización cercana a los dos millones de riales por dólar en el mercado no regulado.
Al mismo tiempo, el bloqueo naval estadounidense ha reducido las posibilidades de Irán de exportar petróleo y recibir mercancías desde el exterior.
Para Washington, el objetivo es aprovechar esa vulnerabilidad para conseguir mediante presión económica lo que no se ha logrado plenamente mediante la fuerza militar.
Bessent sostuvo que Estados Unidos ya ha debilitado significativamente las capacidades militares y nucleares iraníes y que un aislamiento financiero completo podría reducir la necesidad de nuevas operaciones militares.
La idea es sencilla: si Teherán pierde la capacidad de financiar el funcionamiento del Estado y de reconstruir su aparato militar, su margen para continuar la guerra se reduce. Al menos, es lo que EE. UU. espera.
¿Garantizarán las sanciones una rendición de Irán?
Aquí está la principal incógnita estratégica. Irán lleva décadas sometida a sanciones y, pese a sus enormes costes económicos, estas no han conseguido por sí solas cambiar radicalmente el comportamiento de la República Islámica.
El régimen ha aprendido a operar bajo restricciones, construir redes comerciales alternativas y utilizar intermediarios.
La propia Administración Trump reconoce implícitamente ese problema al hablar ahora de eliminar las “fugas” que han permitido a Irán continuar comerciando.
El éxito dependerá, por tanto, de que la nueva ofensiva sea mucho más difícil de eludir que los anteriores regímenes de sanciones.
También existe una paradoja: cuanto más severa sea la presión económica, mayor puede ser el incentivo de Irán para resistir en lugar de negociar, especialmente si sus dirigentes consideran que una capitulación pondría en riesgo la supervivencia del régimen.
El viceministro iraní de Asuntos Exteriores Kazem Gharibabadi utilizó precisamente ese argumento para cuestionar la narrativa estadounidense: si las capacidades militares iraníes estuvieran realmente desmanteladas, se preguntó, ¿por qué sería necesaria una ofensiva económica de semejante magnitud?
El factor Ormuz: donde economía y guerra se cruzan
La mayor vulnerabilidad de esta estrategia es que el conflicto económico puede desencadenar nuevas consecuencias militares.
El estrecho de Ormuz es el ejemplo más evidente. Antes de la guerra, por esta vía marítima transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Las hostilidades han alterado el transporte y contribuido a elevar los precios de la energía.
Teherán ha amenazado con impedir las exportaciones de petróleo a través del golfo Pérsico si continúa la ofensiva económica estadounidense. Mohsen Rezaei, miembro de la cúpula de seguridad iraní, llegó a advertir que cualquier país que apoye la campaña económica estadounidense podría ser considerado participante en la guerra.
Es un escenario que crea un dilema para Washington. Si las sanciones consiguen reducir las exportaciones iraníes sin provocar una interrupción mayor del tráfico por Ormuz, la estrategia puede alcanzar su objetivo. Pero si Teherán responde intentando bloquear o amenazar de forma sostenida el estrecho, la presión económica puede transformarse nuevamente en una crisis energética y militar internacional.
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¿Pueden las nuevas medidas acelerar el final de la guerra?
Ese es precisamente el cálculo de Washington. El Gobierno de Trump presenta la “Operación Paria Económico” como una alternativa —o al menos un complemento— a nuevas operaciones militares.
La guerra se acerca a los seis meses, el próximo viernes 28 de agosto, y los intentos de alto el fuego no han producido una solución duradera. El conflicto ha llegado a una situación de “ni guerra ni acuerdo”.
En ese contexto, la presión financiera busca modificar la ecuación sin necesidad de abrir inmediatamente otra ofensiva militar.
La lógica sería: si Irán no puede vender petróleo, mover dinero, financiar a sus fuerzas de seguridad ni importar componentes estratégicos, el costo de continuar la guerra aumenta hasta el punto de hacer más atractiva una negociación.
Pero eso exige que el deterioro económico se traduzca en decisiones políticas en Teherán. Y esa relación no es automática.
No obstante, también existe un escenario contrario: el riesgo de que la presión económica prolongue la guerra.
Si los dirigentes iraníes concluyen que Washington pretende utilizar las sanciones para provocar un colapso del régimen, podrían interpretar cualquier concesión como una amenaza existencial.
En ese caso, la presión económica podría reforzar la lógica de resistencia.
Además, el impacto sobre la población puede ser considerable. Una moneda debilitada y una inflación elevada reducen el poder adquisitivo, encarecen alimentos y medicinas y dificultan la vida cotidiana.
La Administración estadounidense sostiene que la presión está dirigida contra el régimen y sus redes financieras. Pero en una economía tan aislada como la iraní, es difícil separar completamente las consecuencias sobre el Gobierno de las consecuencias sobre la sociedad.
Esto puede generar dos efectos políticos opuestos: aumentar el descontento interno o reforzar el nacionalismo y la percepción de que Irán está siendo sometido a un asedio extranjero.
Prueba para los aliados de EE. UU. y precedente para el sistema financiero mundial
La operación también es una prueba de poder para Washington. Estados Unidos puede imponer sanciones unilateralmente, pero el aislamiento completo de Irán depende de terceros.
Si empresas de Emiratos Árabes Unidos, Turquía, China, India o Europa abandonan negocios con Teherán por temor a perder acceso al dólar, la presión estadounidense se multiplica.
Si, por el contrario, los grandes compradores y operadores encuentran mecanismos para seguir comerciando, la campaña será mucho menos efectiva.
Por eso Bessent insiste en que “nadie está por encima” del alcance de las sanciones.
La advertencia no se dirige únicamente a Irán. También está destinada a las capitales extranjeras que todavía mantienen vínculos económicos con la República Islámica.
La operación tiene además una dimensión que trasciende la guerra: Estados Unidos está utilizando una de sus herramientas de poder más importantes: el acceso al dólar y a su sistema financiero.
El mensaje es que Washington puede convertir el acceso a ese sistema en una herramienta de política exterior, incluso contra empresas y entidades de terceros países.
Ese paso puede ser extraordinariamente eficaz a corto plazo, pero también tiene un costo estratégico potencial.
Cuanto más utilice Estados Unidos las sanciones extraterritoriales para obligar a otros países a elegir entre Washington y sus socios comerciales, mayor será el incentivo de esos países para desarrollar mecanismos alternativos de pago y financiación.
China, Rusia e Irán llevan años impulsando precisamente ese tipo de alternativas.
Por eso, la llamada “Operación Furia Económica” puede ser simultáneamente una demostración de la enorme influencia financiera estadounidense y un estímulo para que otros países intenten reducir su dependencia de ella.
La verdadera pregunta: ¿presión o salida?
La Administración Trump presenta a Irán una elección aparentemente binaria: aislamiento económico total o regreso a la economía internacional. Bessent ha planteado públicamente esos dos caminos.
Sin embargo, para que exista una salida, debe existir también un acuerdo que Teherán considere aceptable. Ahí aparece el componente diplomático de la operación.
Si las sanciones son concebidas únicamente como castigo, pueden contribuir a prolongar el enfrentamiento. Si se utilizan como palanca para conseguir concesiones concretas —sobre el programa nuclear, las capacidades militares o el comportamiento regional— pueden convertirse en una herramienta de negociación.
La diferencia entre ambos escenarios será decisiva para el desenlace de la guerra. Y en cualquier escenario, Irán parece tener la última palabra.
Un nuevo frente en una guerra que no termina
La “Operación Furia Económica” no representa simplemente otra ronda de sanciones. Es un intento de convertir el poder financiero estadounidense en un arma estratégica para cerrar el conflicto sin recurrir inmediatamente a una nueva escalada militar.
Su lanzamiento llega en un momento particularmente sensible: Irán afronta una crisis económica severa, el rial se encuentra en mínimos históricos, las exportaciones de petróleo están bajo presión y el estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de riesgo para la economía mundial.
Pero también es el momento en que Washington debe demostrar que las amenazas de sanciones secundarias son algo más que retórica.
El examen será sencillo de medir: si China y otros grandes socios de Irán siguen comprando su petróleo y facilitando sus operaciones, el aislamiento no será total. Si comienzan a retirarse para evitar el castigo estadounidense, Teherán afrontará una presión económica de una magnitud distinta a la de las sanciones anteriores.
En una guerra que se acerca a los seis meses sin una tregua estable, esa diferencia puede determinar si la presión económica abre finalmente una puerta a la negociación o se convierte en un nuevo mecanismo de escalada.
Y esa es, en último término, la apuesta de Washington: que el coste de seguir luchando llegue a ser mayor para Irán que el coste de sentarse a negociar.
Con Reuters, AP y medios locales
