Una reforma en plena emergencia migratoria. El Consejo de Ministros aprobó los dos anteproyectos en un momento especialmente sensible para España, después de la entrada irregular de alrededor de 80.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio, una cifra que equipara la población de la urbe. Aunque la mayoría regresó posteriormente a Marruecos, varios miles permanecen en la ciudad autónoma, según las estimaciones ofrecidas por el Gobierno.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que el objetivo principal de las reformas es adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en 2024 y vigente desde junio. Los reglamentos europeos son de aplicación directa, pero dejan margen a los Estados para concretar determinados procedimientos, una posibilidad que Madrid pretende utilizar para responder a una realidad migratoria que considera cada vez más compleja.
El Ejecutivo asegura que la nueva normativa buscará combinar una gestión más eficaz de las fronteras con garantías para quienes soliciten protección internacional. Marlaska insistió en que agilizar los procedimientos no significa dejar de tramitar solicitudes y defendió un sistema “más ágil, eficaz, ordenado y garantista”, con especial atención a los menores, las personas vulnerables y la reunificación familiar.
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Una nueva vía para acelerar las solicitudes de asilo
La futura ley de asilo distinguirá entre un procedimiento ordinario y otro acelerado, que deberá resolverse en un plazo máximo de tres meses. El Gobierno pretende reducir así los tiempos de respuesta ante el fuerte incremento de las peticiones de protección internacional: de unas 3.000 solicitudes en 2009 se pasó a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025.
La reforma también incorpora expresamente situaciones de persecución relacionadas con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad. Según Interior, varias de estas realidades ya eran consideradas en la práctica administrativa, pero ahora quedarían recogidas de manera explícita en la nueva legislación.
El denominado procedimiento en frontera será obligatorio en determinados supuestos y tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas. Durante ese periodo, el solicitante permanecerá a disposición de las autoridades españolas antes de que se autorice formalmente su entrada al país, un mecanismo que, según el Gobierno, permitirá facilitar el retorno cuando la petición de protección internacional sea rechazada. En el caso de los menores, su utilización será “muy excepcional”.
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El “triaje” de 72 horas para quienes entren irregularmente
La reforma de la ley de extranjería introduce la figura del “triaje”, concebida como una primera evaluación de las personas que hayan entrado irregularmente en España sin pasar por controles fronterizos. El proceso incluirá identificación, recopilación de datos biométricos, reconocimiento médico, evaluación de vulnerabilidad, controles de seguridad y posterior derivación al procedimiento que corresponda.
Aunque el marco europeo permite que este proceso se prolongue hasta siete días, España mantendrá un plazo máximo de 72 horas, que solo podrá ampliarse mediante autorización judicial. El Gobierno sostiene que esta limitación busca reducir al mínimo el tiempo que las personas permanezcan en instalaciones policiales habilitadas mientras se determina su situación.
La reforma establece además que los procedimientos de retorno podrán prolongarse durante un máximo de 12 semanas. La combinación de estos mecanismos busca ordenar la respuesta ante las entradas irregulares y acelerar la decisión sobre el destino de cada persona, al tiempo que las autoridades deberán tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad y las obligaciones derivadas del derecho internacional y europeo.
Una respuesta que combina devoluciones y acogida
El Ejecutivo ha aprobado también medidas destinadas a ampliar la capacidad de acogida en Ceuta y ha autorizado 25 millones de euros para atender a los menores migrantes. La estrategia contempla habilitar nuevos espacios de titularidad estatal y autonómica para aliviar la presión sobre las instalaciones existentes y recuperar progresivamente la normalidad en la ciudad.
La respuesta involucra a 11 ministerios, además de las autoridades locales y la Delegación del Gobierno. Los departamentos implicados incluyen Interior, Inclusión, Sanidad, Infancia y Juventud, Justicia, Defensa, Igualdad, Economía, Exteriores y Educación, con actuaciones que abarcan desde la acogida y la asistencia sanitaria hasta la preparación del curso escolar.
El Gobierno ha presentado así las reformas de asilo y extranjería como parte de una estrategia más amplia para afrontar la emergencia de Ceuta y, al mismo tiempo, adaptar España al nuevo marco migratorio europeo.
Los anteproyectos deberán recibir ahora los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial antes de llegar a las Cortes como proyectos de ley, mientras el mando único de Torres afrontará en paralelo la gestión inmediata de una crisis que ha convertido a Ceuta en uno de los principales focos de la política migratoria española.
Ángel Víctor Torres toma el mando único de la crisis en Ceuta
En paralelo a la reforma legislativa, el Gobierno ha decidido prolongar hasta el 31 de diciembre el mando único establecido para hacer frente a la emergencia migratoria en Ceuta, con posibilidad de prórroga. El responsable será el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, después de que el Ejecutivo declarara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma.
La decisión pretende coordinar la actuación de las distintas administraciones después de que el Gobierno reconociera que la llegada masiva de migrantes ha alterado el funcionamiento habitual de los servicios públicos y ha sometido a una fuerte presión tanto al sistema de acogida como a las fuerzas de seguridad. Torres trabajará junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia y otros once ministerios.
Torres ha defendido la respuesta inicial de las autoridades españolas y ha señalado que aproximadamente el 95% de las personas que llegaron durante los primeros días regresaron a Marruecos. Para la segunda fase, el Gobierno sitúa como prioridades la devolución y repatriación de quienes puedan ser retornados legalmente, junto con la atención humanitaria y la protección de los solicitantes de asilo y los menores no acompañados.
