Cuando Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, las energías renovables no hidroeléctricas proporcionaban apenas el 2,8% de la capacidad de generación eléctrica de Colombia. Cuatro años después, esa proporción ha subido hasta el 17%, según su exministra de Ambiente Susana Muhamad.
El balance ambiental del presidente de izquierdas incluirá ese repunte en renovables, apuntalado fundamentalmente por el incremento del uso de energía solar, así como la oposición declarada al fracking e incentivos económicos para la transición energética como programas comunitarios que han posicionado a Colombia como referencia en el sur global.
La falta de sostenibilidad de esos programas fue probablemente la principal limitación de una política medioambiental que también posicionó al país como referente internacional, con iniciativas como la Conferencia sobre la Transición Alejándose de los Combustibles Fósiles, coorganizada con los Países Bajos en Santa Marta.
El proyecto de ley para prohibir el fracking no prosperó en el Congreso, donde el gobierno Petro enfrentó una oposición persistente que también bloqueó otras iniciativas medioambientales. A ello se sumaron sentencias de la Corte Constitucional que anularon algunas de sus decisiones en la materia.
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Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la Iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, cree que el blindaje institucional no se logró porque se encontró con “poderosos intereses económicos” que dificultaron “la construcción de acuerdos definitivos”.
“Hubo avances políticos y administrativos para frenar el fracking y suspender las fumigaciones con glifosato, pero no existieron las mayorías políticas ni los consensos institucionales necesarios para convertir esas decisiones en prohibiciones permanentes”, apunta.
Un eventual cambio político el 21 de junio en el balotaje entre el aliado de Petro, Iván Cepeda, y el derechista Abelardo de la Espriella (confeso promotor del extractivismo e incluso del fracking), encuentra a las políticas medioambientales sin esos resguardos institucionales que garanticen la continuidad.
Para Colombia, el segundo país más biodiverso del planeta, que alberga la mitad de los páramos del mundo y cerca del 5% de las reservas de agua dulce del planeta, un cambio de enfoque medioambiental tendría consecuencias significativas.
Fracking: una amenaza para los páramos
El fracking o fracturación hidráulica es un método de extracción de hidrocarburos (petróleo y gas) que consiste en inyectar agua mezclada con arena y compuestos químicos a altísima presión en yacimientos no convencionales (YNC) para fracturar rocas no permeables y de esa forma liberar petróleo o gas.
Ambientalistas que cuestionan esta práctica señalan que son necesarios entre dos y 10 millones de galones de agua cada vez que se fractura un pozo, y advierten sobre consecuencias duraderas y devastadoras, como la contaminación del fluido de fracturas con elementos radioactivos que existen de forma natural en la roca o la filtración de químicos tóxicos a aguas subterráneas.
Diversos estudios muestran que el fracking agota los recursos hídricos y afecta ecosistemas y hábitats de vida silvestre.
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Gustavo Petro objetó acuerdos petroleros que implicaban el uso del fracking, una práctica que definió como “la muerte de la naturaleza y la muerte de la humanidad”.
Además, detuvo nuevos contratos de exploración petrolera y gasífera y promovió la “economía para la vida”, basada en sentar las bases para una transición energética y fortalecer la economía circular, como una forma de explorar formas de generación de riqueza que sustituyeran los empleos en el área de los combustibles fósiles.
Más allá de la generación hidroeléctrica, el presidente buscó entender el costo ambiental de las grandes represas y la incidencia de fenómenos climáticos como el Niño en el rendimiento de este método.
En Colombia, los bloques de exploración de YNC ponen en riesgo complejos hídricos clave como los de los páramos de Sumapaz y Santurbán. Y es que aunque representan apenas el 1,7% del territorio, los sistemas de páramos aportan agua al 70% de la población.
Gómez destaca que gracias en gran medida a las aprehensiones del presidente saliente, este es el tema energético que más ha conectado con las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos, y podría ser un factor a la hora de ir a las urnas este 21 de junio.
“Aunque la mayoría de los votantes decidirá su voto por factores como economía, seguridad o empleo, el fracking funciona como un símbolo de dos visiones: quienes consideran que Colombia debe profundizar la explotación de hidrocarburos a límites insostenibles desde la perspectiva ambiental, y quienes creen que el país debe profundizar el modelo actual, que entiende que Colombia no es un país petrolero y estimula otros sectores económicos”, apunta Gómez.
Este es seguramente el tema ambiental en el que más difieren las posiciones de los candidatos. Mientras que Cepeda incluyó una marcha en defensa del páramo de Santurbán como uno de sus últimos actos de campaña, de la Espriella ha popularizado la idea de “fracking a lo que dé”, es decir, explorar al máximo posible los recursos del subsuelo.
En línea con con sectores conservadores favorables al desarrollo extractivo mundial, el empresario y abogado considera que la técnica ha sido “demonizada” por la “doble moral” de la izquierda, y sostiene que puede ser desarrollada de forma segura para el medio ambiente con tecnología de punta a cargo de empresas responsables.
Promete dejar fuera de los planes de exploración a santuarios naturales como el páramo de Santurbán, pero está a favor de retomar el extractivismo no solo petrolero, sino de la minería en general.
Cepeda ha denunciado que de la Espriella quiere “inundar de ‘fracking’ a Colombia porque lo único que lo mueve es la codicia”.
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Del mismo modo en que Petro se vio impulsado en la campaña por el activismo medioambiental de la vicepresidenta Francia Márquez, para Cepeda la compañía de la líder indígena Aída Quilcué en su fórmula le marca la obligación de la defensa de la biodiversidad y la consideración de la Madre Tierra como sujeto de derecho.
Andrés Gómez destaca que el Gobierno de Petro “logró instalar en el debate público una pregunta dejada de lado: cuál debe ser el lugar de Colombia en un mundo marcado por la crisis climática, que no tiene hidrocarburos, pero depende de ellos. Más que generar una mayoría antiextractivista, logró que se cuestionara la narrativa gremial de un ‘futuro’ dependiente de actividades fósiles”.
Para el experto, la elección del 21 de junio definirá “si Colombia apuesta por prolongar su dependencia de los combustibles fósiles o por construir una economía preparada para los desafíos y oportunidades del siglo XXI”.
Glifosato y minería: las otras amenazas
El otro gran desafío medioambiental del Gobierno de Petro, que será necesariamente heredado por la próxima gestión, es el uso del glifosato para la eliminación de cultivos ilícitos.
El herbicida, cuestionado por sus efectos sobre la salud humana y la biodiversidad, sigue siendo el más usado del mundo y continúa recibiendo licencia de uso por parte de autoridades a nivel mundial, incluyendo la Comisión Europea, pero Petro basó parte de su campaña en la negativa a emplearlo para combatir los cultivos de hoja de coca.
El presidente promovió la erradicación manual y la sustitución voluntaria de plantaciones como parte de su política antidrogas, pero la realidad es que factores como la caída en las cifras de eliminación y la presión de Estados Unidos incidieron en la retoma del uso del glifosato.
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Con Trump calificando a Colombia de narcoestado y a Petro de líder narcotraficante, el presidente retomó las aspersiones con drones, como una forma de rebajar tensiones geopolíticas en torno a la lucha contra el narcotráfico.
Mientras que Cepeda se inclina por dar continuidad a la visión de Petro, de la Espriella promueve el uso de bioherbicidas como alternativa, al recordar que “soy un hombre de leyes y soy respetuoso de la ley”, en alusión a las sentencias de la Corte Constitucional que condicionan el uso del glifosato.
Analistas creen que la respuesta del próximo Gobierno colombiano a la actuación de grupos criminales del narcotráfico y actores de la minería ilegal definirá en gran medida el futuro de la selva Amazónica.
Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina en el International Crisis Group, le dijo a la agencia AP que «la mayor amenaza para la conservación del ecosistema amazónico es la expansión del crimen organizado. El reto para ambos candidatos será frenar esa expansión criminal en estas industrias”.
