Durante más de seis décadas, el Estado cubano controló casi todos los aspectos de la economía. Esta semana, en medio de una crisis sin salida y de una presión cada vez mayor de Estados Unidos, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel dio un giro que hace algunos años habría resultado impensado: abrir franjas de la actividad al capital privado.
El Partido Comunista respaldó el paquete el miércoles 17 de junio y la Asamblea Nacional debe convertirlo en ley este jueves.
Estas son las claves de qué cambia y quiénes están detrás de la decisión:
¿Qué aprobó Cuba?
El paquete, compuesto por 175 medidas que el primer ministro, Manuel Marrero, detalló este jueves 18 de junio ante los diputados, habilitaría el desarrollo inmobiliario privado, permitiría convertir empresas estatales en sociedades comerciales con acciones y participaciones, abriría a bancos privados un sistema financiero hasta ahora en manos del Estado y recortaría la burocracia —incluida una reducción de 27 a 21 ministerios— para el sector privado.
También equipara a los cubanos residentes en el exterior con los inversores extranjeros y, según el plan oficial, dejaría que los municipios importen y exporten sin intermediarios estatales y que las empresas públicas retengan divisas.
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Entre las medidas más sensibles se encuentra la eliminación progresiva de las subvenciones de la libreta de racionamiento: muchos alimentos y bienes básicos pasarían a regirse por los precios del mercado. El texto completo, sin embargo, todavía no se hizo público; lo que se conoce se basa en declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios.
Presentado como «Programa Económico y Social para 2026» y organizado en seis ejes, el plan alcanza al turismo, la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario.
Marrero calificó las medidas de «impacto estratégico» y reconoció que asumen el mercado como un instrumento para asignar recursos con eficiencia, una admisión poco habitual en un dirigente comunista cubano. Aun así, marcó el límite: no desvían el proyecto socialista, dijo, sino que son condición para preservarlo.
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Un trámite exprés
Díaz-Canel, anunció las medidas el pasado viernes 12 de junio en una presentación sorpresiva, sin dar detalles.
El miércoles 17, el pleno del Comité Central del Partido Comunista, un formato extraordinario reservado para asuntos urgentes, las aprobó, con el aval del expresidente Raúl Castro.
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Este jueves 18 de junio, la Asamblea Nacional, que suele respaldar por unanimidad lo que llega de la dirección del partido, debe cerrar el proceso.
En paralelo, y de forma inédita, Díaz-Canel convocó a un grupo asesor que incluye a economistas no oficialistas y críticos, entre ellos Omar Everleny, Juan Triana y Julio Carranza, defensores desde hace años de reformas de mercado. Esta decisión representa una apertura inusual en un sistema acostumbrado a consultas internas.
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Una economía en caída libre
El contexto es una crisis estructural de seis años. La producción agrícola e industrial se desplomó, la generación eléctrica se encuentra al borde del colapso, los precios se multiplican, el peso se deprecia y ni el sistema bancario ni el Estado tienen capital, en medio de apagones y escasez de bienes básicos.
‘The Economist Intelligence Unit’, la unidad de negocios independiente en el grupo ‘The Economist’, pronostica una contracción de la economía del 7,2% para 2026, que llevaría la caída acumulada desde 2019 a cerca del 23%.
El factor Estados Unidos
Las reformas tienen dos objetivos: contener la crisis y, al mismo tiempo, descomprimir la presión de Estados Unidos, que exige a Cuba cambios políticos y económicos profundos y hasta amenazó con una intervención militar.
La Administración del presidente Donald Trump mantiene una campaña de intensa presión, ha firmado más de 240 sanciones contra La Habana en 2026, declaró al Gobierno cubano una «amenaza extraordinaria» y cortó drásticamente el ingreso de petróleo a la isla interceptando tanqueros. Incluso sugirió que la isla podría ser su próximo foco tras el acuerdo con Irán.
Una orden ejecutiva del 1 de mayo introdujo además sanciones secundarias contra empresas extranjeras que operen con el conglomerado militar GAESA, lo que precipitó la salida de hoteleras, navieras, aerolíneas y bancos.
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El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió el mes pasado que esta vez La Habana no podrá ganar tiempo a la espera de que Washington se canse. Consultado sobre la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza, dijo que prefiere una salida diplomática, aunque no descarta otras opciones.
Según el medio ‘Confidencial’, ambos países sostuvieron reuniones entre febrero y junio en relación a un eventual arreglo político de transición acompañado de estabilización económica, mientras la opción militar continúa sobre la mesa como último recurso.
La presión también alcanza a la cúpula: en mayo, el Departamento de Justicia estadounidense imputó a Raúl Castro, de 94 años, con siete cargos —cuatro de ellos de asesinato— por el derribo en 1996 de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, en el que murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal.
¿Alcanzan las reformas?
Para el analista Pedro Monreal, las transformaciones tienen un alcance estructuralmente limitado: sin acceso a energía, divisas, tecnología y demanda externa —el respaldo internacional que en los años noventa permitió frenar el colapso del Período Especial— es poco probable que resulten efectivas, opinó en su cuenta de X.
Otros, como Ricardo Torres, las describen como señales útiles de cara a las conversaciones con Washington, pero técnicamente «parciales», «incrementales» y «tardías» frente a una crisis sistémica.
En la lectura regional, hay economistas que comparan el caso con Venezuela e Irán y sostienen que el objetivo de la Casa Blanca no sería la democratización sino el control económico, con la población como principal perjudicada.
El límite que el Gobierno no toca
Para Díaz-Canel, se trata de una corrección largamente postergada. «No son ideas nuevas», admitió: el país las discutió años atrás y el error fue aplazarlas. «Cuba no necesita más dilaciones, necesita soluciones», dijo.
El mensaje oficial insiste en que la apertura al mercado no implica abandonar el modelo. El socialismo, repiten, no se negocia.
El propio Díaz-Canel señaló que el plan se inspira en las experiencias de China y Vietnam, dos Estados de partido único que abrieron sus economías al mercado sin ceder el poder político.
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El deterioro de la vida cotidiana, agudizado desde enero, alimenta protestas inusuales: pequeñas y pacíficas, pero cada vez más frecuentes, con cacerolazos y quema de basura acumulada en las calles.
Con EFE, Reuters, AP y medios locales
