Alex Saab cambia su declaración y admite los cargos. El empresario y exministro de la Administración de Nicolás Maduro, se declaró este martes culpable de un cargo federal de conspiración para lavado de dinero durante una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Florida.
Vestido con un uniforme de prisión y con el cabello canoso recogido, Saab, de 54 años, respondió “culpable, señoría” a la jueza Kathleen M. Williams, después de haber mantenido una declaración de “no culpable” presentada el pasado 24 de julio.
La admisión se produjo después de que Saab alcanzara un acuerdo de 12 páginas con la Fiscalía estadounidense. Aunque los detalles completos del pacto no fueron divulgados durante la audiencia, el acuerdo contempla su cooperación con investigaciones federales en curso y la renuncia a 195 millones de dólares que, según las autoridades estadounidenses, proceden de las ganancias ilícitas de la trama investigada.
El delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, los fiscales acordaron recomendar una condena en el extremo inferior del rango aplicable y solicitar reducciones adicionales si la cooperación de Saab resulta útil para las investigaciones.
La sentencia definitiva está prevista para enero.
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Una posible cooperación con otras investigaciones
Uno de los aspectos con mayor potencial de impacto del acuerdo es el compromiso de Saab de cooperar con las autoridades estadounidenses.
Según la información conocida sobre el pacto, esa cooperación podría incluir información sobre cuatro coacusados cuya identidad no ha sido revelada. También podría tener relevancia para otras investigaciones federales relacionadas con la estructura de corrupción que las autoridades estadounidenses atribuyen a Saab y a otros empresarios y funcionarios venezolanos.
Durante años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado a Saab como un estrecho aliado de Maduro y lo ha descrito como uno de sus presuntos testaferros.
La posibilidad de que el empresario aporte información adquiere especial relevancia por el proceso que enfrenta Maduro en Nueva York, donde está acusado de delitos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y armas.
No obstante, la declaración de culpabilidad de Saab no implica por sí misma que vaya a declarar contra Maduro ni que exista un acuerdo para hacerlo. La utilidad de su cooperación será evaluada por los fiscales en el marco de las investigaciones en curso.
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El origen del caso: contratos de alimentos y sobornos
La investigación estadounidense se remonta a una presunta red de corrupción vinculada al programa de alimentos conocido como CLAP, creado por el Gobierno venezolano para distribuir productos básicos entre sectores vulnerables de la población.
Según la acusación, Saab y otras personas habrían utilizado una red de empresas para obtener contratos gubernamentales y sobornar a funcionarios venezolanos encargados del programa.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la trama incluyó la creación de empresas ficticias, la falsificación de documentos de transporte y el desvío de dinero procedente de contratos para importar alimentos desde Colombia y México.
La investigación también señala que los implicados tuvieron acceso a fondos vinculados a las operaciones petroleras de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en un contexto en el que las sanciones estadounidenses habían dificultado el acceso del Gobierno venezolano al sistema financiero internacional.
El caso, por tanto, no se limita a un episodio de lavado de dinero: forma parte de una investigación más amplia sobre cómo empresarios vinculados al poder venezolano habrían utilizado contratos estatales, compañías intermediarias y circuitos financieros internacionales para mover fondos.
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De empresario cuestionado a ministro de Maduro
Saab adquirió notoriedad internacional después de su detención en Cabo Verde en 2020, cuando fue arrestado durante una escala de un viaje que el Gobierno venezolano presentó como una misión humanitaria.
Estados Unidos llevaba años investigándolo y había presentado cargos en 2019. Su extradición a territorio estadounidense se convirtió en uno de los principales conflictos diplomáticos entre Washington y Caracas.
Durante su detención, el Gobierno de Maduro emprendió una intensa campaña para exigir su liberación y lo presentó como un diplomático venezolano que había sido ilegalmente detenido.
Finalmente, en diciembre de 2023, el entonces presidente estadounidense Joe Biden concedió un indulto a Saab como parte de un intercambio que permitió la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela.
Tras regresar a Venezuela, Saab fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional. También ocupó un papel relevante como interlocutor del Gobierno venezolano con empresas extranjeras.
Su regreso al país, sin embargo, no puso fin a las investigaciones estadounidenses. El indulto tenía un alcance limitado y no impedía que las autoridades investigaran otros posibles delitos.
Una nueva etapa judicial tras su regreso a EE.UU.
Saab fue enviado nuevamente a Estados Unidos en mayo, después de que las autoridades venezolanas gestionaran su extradición. Dos días después, compareció ante un tribunal estadounidense por los nuevos cargos.
Desde entonces, el proceso avanzó hasta el acuerdo de culpabilidad anunciado este martes.
La declaración también supone un nuevo giro en la trayectoria de un empresario que pasó de tener un perfil relativamente desconocido fuera de Venezuela a convertirse en una figura central de las relaciones económicas y políticas del Gobierno de Maduro.
Su ascenso estuvo ligado a contratos con el Estado venezolano y cobró mayor importancia a medida que las sanciones estadounidenses obligaron a Caracas a buscar mecanismos alternativos para comerciar y mover dinero fuera de las instituciones financieras occidentales.
Es un caso que vuelve a conectar corrupción, petróleo y poder político. La situación de Saab se produce además en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Washington y Caracas.
Maduro permanece bajo custodia estadounidense y enfrenta un proceso judicial en Nueva York, mientras la Administración de Donald Trump ha incrementado su interés en la industria petrolera venezolana y en la explotación de las enormes reservas de crudo del país.
En este contexto, la cooperación de Saab podría convertirse en un elemento relevante para las autoridades estadounidenses, especialmente si aporta información sobre empresarios, funcionarios, intermediarios financieros o estructuras utilizadas para mover recursos procedentes de contratos públicos y operaciones petroleras.
Por ahora, la declaración de culpabilidad cierra una etapa del proceso contra Saab, pero abre otra: la de determinar hasta dónde llegará su cooperación con la Fiscalía y qué consecuencias puede tener para otras investigaciones relacionadas con la corrupción venezolana.
Saab asegura que no fue presionado para declararse culpable. Durante la audiencia, la jueza Williams verificó que Saab comprendía las consecuencias de su decisión y que aceptaba voluntariamente los términos del acuerdo.
El empresario negó que hubiera recibido amenazas o que existiera un trato distinto al presentado formalmente por la Fiscalía para inducirlo a declararse culpable.
También explicó que recibe tratamiento con antidepresivos, entre ellos Zoloft, por lo que describió como un trastorno de estrés postraumático relacionado con su detención en Cabo Verde y su posterior extradición a Estados Unidos.
Su sentencia definitiva, prevista para enero, determinará finalmente la pena que deberá cumplir. Hasta entonces, el alcance de la cooperación pactada con los fiscales y su eventual impacto sobre otros casos seguirán siendo uno de los principales elementos de esta nueva fase judicial.
Con AP y EFE
