La fiscal general de Nueva York, Letitia James –una demócrata que ha rivalizado en los tribunales con Donald Trump– será la encargada de liderar la nueva investigación sobre el caso de presunta violación grupal de una exestudiante de la Universidad de Cornell, quien responsabiliza a siete miembros de la fraternidad Chi Phi.
La denuncia, que data de 2024, ha vuelto a salir a la luz luego de que la presunta víctima presentara una demanda civil a mediados de septiembre contra los siete supuestos agresores, la fraternidad Chi Phi, la Universidad de Cornell, un bar local y su propia hermandad femenina.
En ella, la mujer alega que fue inducida a consumir drogas y alcohol y, acto seguido, sometida a actos sexuales por un grupo de siete hombres mientras se encontraba parcial o totalmente incapacitada. Según la denuncia, uno de los hombres envió un mensaje a través de redes sociales a otros miembros de la fraternidad, señalando lo que ocurría e invitándoles groseramente a participar.
Desde entonces, la lupa se ha puesto sobre posibles irregularidades en el tratamiento del caso por parte de las autoridades policiales y judiciales, así como cuestionamientos a los castigos adoptados por la prominente universidad.
Este 2 de octubre, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, oficializó el nombramiento de James como fiscal especial del caso, luego de que se conocieran «detalles inquietantes» sobre cómo se han manejado las denuncias de la mujer –identificada en los expedientes con el seudónimo de Jane Doe– hasta la fecha, incluyendo que el fiscal de distrito cerró el caso sin que nadie entrevistara a la denunciante ni a ninguna otra persona involucrada en la presunta agresión.
La gobernadora cuestionó por qué la Policía no elevó la denuncia de violación ante la Fiscalía.
Para la dirigente demócrata, la joven –que al momento del hecho tenía 20 años– «ya había soportado algo absolutamente indescriptible» y, encima de eso, «a cada paso, fue defraudada por personas e instituciones que tenían la obligación de protegerla».
«¿En qué mundo el fiscal de distrito ni siquiera la entrevista a ella, ni a nadie más involucrado, ni siquiera solicita la transcripción completa?», cuestionó la gobernadora Kathy Hochul.
Y es que, según se ha sabido en las últimas semanas, el entre acusador tomó la decisión de no presentar cargos basándose en un informe policial, que fue presentado sin incluir íntegramente la declaración de la joven, omitiendo particularmente una frase expresada por ella a mediados de noviembre de 2024, en la que señalaba «con total seguridad» que había sido violada.
La gobernadora demócrata remarcó que la joven «pasó horas relatando exactamente lo que le había sucedido» y «fue sumamente clara al expresar su total certeza de haber sido violada». «Sin embargo, y de manera sorprendente, esas palabras nunca se incluyeron en el informe que la Policía de Cornell envió a los fiscales», remarcó.
Leer tambiénEl caso de ‘Los 7 de Cornell’: la acusación de violación grupal y las preguntas pendientes
James promete «respuestas» en una investigación plagada de interrogantes
Hochul justificó su decisión de nombrar a una fiscal especial porque ha perdido la confianza en la capacidad del procurador del distrito local para manejar el caso.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, es considerada una de las rivales judiciales del presidente Donald Trump. En 2022 demandó al entonces expresidente y a su empresa por fraude financiero, y un juez de Nueva York terminó imponiendo a Trump una sanción de unos 454 millones de dólares, una sentencia que el mandatario republicano ha recurrido y que ha descrito como políticamente motivada.
James también estuvo a cargo en 2021 de una investigación no penal sobre las acusaciones de acoso sexual contra el entonces gobernador Andrew Cuomo, lo que condujo a su dimisión.
Su oficina, asimismo, se ocupa de otros asuntos penales y tiene la facultad, según la legislación estatal, de investigar todas las muertes en las que intervengan las fuerzas de seguridad en el estado. Sin embargo, para iniciar investigaciones penales, debe recibir una remisión de un fiscal de distrito local, del gobernador o de una agencia estatal, o bien un nombramiento especial como el que efectuó Hochul a última hora del jueves.
En la rueda de prensa conjunta de este viernes, James evitó dar un plazo para su tarea, pero aclaró que requerirá tiempo y que no se apresurará porque todo neoyorquino «merece saber que, cuando denuncie un delito, este será investigado de manera exhaustiva y justa, y que será visto y escuchado».
«Sé que ustedes quieren respuestas. Yo también. Una investigación exhaustiva de esta naturaleza lleva tiempo, pero mi oficina está comprometida a llevarla hasta el final», insistió la fiscal, quien prometió que «analizaremos los hechos, recopilaremos pruebas, entrevistaremos a testigos y, si está justificado, emprenderemos acciones penales».
La demanda civil presentada por la presunta víctima el mes pasado motivó que el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, reabriera el caso el lunes pasado, aunque a la luz de las nuevas revelaciones –algunas divulgadas por medios como CBS– ha sido objeto de numerosas críticas por haber abandonado la investigación original demasiado pronto.
Van Houten admitió la indignación pública y aseguró que existían «pruebas adicionales» para retomar las indagaciones, aunque sin dar detalles.
También ofreció una larga explicación de por qué no se presentaron cargos penales en 2024, alegando que la declaración jurada de la mujer –resumida en el informe de la policía– «describía su participación en el consumo de drogas y la conducta sexual como voluntaria, consciente y consensuada».
Un caso que reabre el debate legal en Nueva York y las críticas a Cornell
Y es que, según la estricta ley de agresión sexual en la que el fiscal basó su decisión en 2024, puede resultar más difícil presentar cargos por violación en casos en los que la víctima consumió alcohol o drogas voluntariamente.
De acuerdo a esta normativa, las acusaciones de violación generalmente requieren el uso de la fuerza o una negativa clara a mantener relaciones sexuales, a menos que la víctima se encuentre físicamente indefensa por estar inconsciente o mentalmente incapacitada por haber sido drogada sin su consentimiento. Nueva York es uno de los 19 estados que cuentan con leyes de este tipo.
Tras las repercusiones del caso bautizado como ‘los siete de Cornell’, varios legisladores han planteado la necesidad de modificar la legislación, una idea respaldada por la gobernadora Hochul.
«Si una persona está demasiado intoxicada para dar su consentimiento, no debería importar si decidió consumir drogas o alcohol. La intoxicación voluntaria no es una licencia para cometer agresiones sexuales o violaciones en grupo; punto», subrayó la demócrata.
El asambleísta estatal Jeffrey Dinowitz, quien ha defendido durante años legislación destinada a cerrar lo que él describe como lagunas legales, está patrocinando un nuevo proyecto de ley que permitiría imputar un delito de violación si el perpetrador razonablemente debería haber sabido que la víctima no podía dar su consentimiento debido a una intoxicación.
«La violación es el único delito del que tengo conocimiento en el que, si la víctima estaba ebria, puede que no obtenga justicia. No debería haber ninguna diferencia en cuanto a las víctimas de agresión sexual entre las personas que se encuentran ebrias voluntariamente y las que se encuentran ebrias involuntariamente», declaró en una entrevista.
El caso también ha causado gran conmoción en la Universidad de Cornell y ha suscitado interrogantes sobre su respuesta y, de forma más amplia, sobre cómo se gestionan las agresiones sexuales en los campus universitarios.
Cornell ha defendido su intervención, afirmando que llevó a cabo una investigación exhaustiva –cuyos aspectos más destacados fueron revelados por ‘The New York Times’ esta semana–, que prohibió el acceso al campus a la fraternidad Chi Phi, y que aplicó medidas disciplinarias a sus miembros, incluyendo expulsiones y sanciones.
Sin embargo, en la nueva demanda, la denunciante y su abogado cuestionaron el accionar de la institución educativa de la Ivy League, alegando que solo dos de los presuntos agresores fueron expulsados y que a los otros cinco se les impusieron castigos menores, entre ellos, la presentación de ensayos para «mitigar» su conducta.
También sostienen que la mujer tuvo que abandonar sus estudios tras lo ocurrido y que la universidad se negó a devolverle el dinero de la matrícula.
Con AP, Reuters y EFE
