El comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, Frank Strada, renunció este 3 de octubre a su cargo como consecuencia de la ejecución fallida de Christa Pike, la primera mujer que enfrentaba la pena capital en el estado en más de 200 años.
El caso de Pike ha reavivado el debate sobre la pena de muerte. Las descripciones de testigos y de sus abogados hablan de un proceso “ineficiente, cruel y tortuoso”, que ahora ha dejado al mismo estado que debía acabar con su vida como responsable de mantenerla viva, intubada y conectada a respiración mecánica.
Tras los dramáticos testimonios que relataron como Pike decía «siento que mi brazo va a reventar. ¿Esto suele pasar así?», los cuestionamientos no solo se dirigen a la efectividad del procedimiento en sí, sino que incluso apuntan a plantear de nuevo las preguntas sobre la pena de muerte como opción punitiva.
«La pena de muerte no tiene cabida en ninguna sociedad», dijo la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un comunicado acerca de la fallida ejecución de Pike, en el que la agencia se declaró “preocupada” por el aumento de las ejecuciones en Estados Unidos.
Incluso Volker Türk, alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, hizo un llamado para que el estado de Tennessee desista de intentar ejecutar nuevamente a Pike.
«El sufrimiento prolongado – físico y mental – que surge de múltiples intentos fallidos de ejecución es abominable y cruel. Y aún quedan cuestiones clave sobre un juicio justo sin resolver», señaló la Oficina de Derechos Humanos en su boletín.
Lorena González, abogada y consultora en Derechos Humanos que conversó con France 24 en Español, recordó que “a una persona juzgada y condenada no se le extinguen sus derechos fundamentales” y admitió que “la denuncia de sus abogados plantea cuestiones muy serias desde el derecho internacional humanitario”.
“No podemos afirmar que se cometió tortura sin una investigación que permita considerar todos los elementos jurídicos, pero tampoco podemos reducirlo a un simple fallo técnico”, apuntó González.
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“Cumplir un protocolo no significa que se ha cumplido con los derechos humanos. Cuando una persona sobrevive a un intento de ejecución, el Estado tiene obligaciones inmediatas: proteger su vida, garantizar su atención médica, investigar lo sucedido y determinar si el procedimiento le ocasionó sufrimientos prolongados”, agregó la especialista.
Venas que explotaron: ¿qué falló en el protocolo de Pike?
Los abogados de Christa Pike habían notificado al Departamento de Corrección de Tennessee que la inyección letal podía no ser un procedimiento indicado para la mujer, condenada por haber torturado y asesinado a una joven de 19 años, cuando ella misma tenía 18.
Advirtieron que tenía venas muy menudas, que podían dificultar la toma de una vía para administrar el fármaco, y que sufría de trombocitosis, un trastorno sanguíneo caracterizado por la producción excesiva de plaquetas.
La evidencia médica presentada por la defensa de Pike no fue aceptada, así como tampoco la petición especial de cambiar el método de ejecución por horca o pelotón de fusilamiento.
“No era miedo a morir. Era miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso fue lo que sucedió, solo que sin llegar a morir”, explicó después del procedimiento fallido el abogado de la mujer, Randy Spivey.
El estado de Tennessee rechazó ambas alternativas, pues ninguna de las dos estaba prevista en las leyes locales. La electrocución, en cambio, sí estaba disponible para los condenados que así lo solicitaran, siempre que sus crímenes hubieran sido cometidos antes de 1999.
Pike mató a Colleen Slemmer en 1996, de modo que era elegible para ese método alternativo, pero nunca lo solicitó.
La defensa también intentó conmutar la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero el pedido de clemencia fue rechazado por el gobernador de Tennessee, Bill Lee.
Esa petición citaba un historial infantil de negligencia severa, abuso sexual que incluyó dos violaciones y enfermedad mental no tratada como factores que pudieron haber incidido en el crimen cometido por Pike.
El 30 de septiembre, el día previsto para la ejecución, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó una suspensión de emergencia de la aplicación de la pena capital que había sido otorgada por el tribunal federal de apelaciones, lo que agotó el último recurso disponible para la mujer.
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Al momento de la ejecución, las consecuencias advertidas por la defensa se verificaron de forma aterradora. Periodistas presentes en la ejecución reportaron que la mujer se quejaba, intentaba desesperadamente respirar, haciendo sonidos similares a los ronquidos, y agitaba las piernas hasta hacer caer las sábanas que la cubrían.
Finalmente, las cortinas fueron corridas y, luego de dos aplicaciones completas de Pentobarbital, el intento se dio por concluido.
«En ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se dio cuenta de que las vías intravenosas no estaban correctamente colocadas o que las venas se habían reventado y que el pentobarbital estaba, total o parcialmente, entrando en el cuerpo de la señora Pike», se quejaron los abogados tras la fallida ejecución.
Un documento judicial registró que la dificultad para canalizar correctamente los vasos sanguíneos de la rea la dejó con ambos brazos «hinchados, quemados y ampollados», como consecuencia de la filtración a los tejidos del fármaco utilizado, el pentobarbital, una sustancia altamente alcalina y cáustica.
Mientras la mujer se mantiene inconsciente y con respiración asistida, la posibilidad de que se recupere sin graves consecuencias es mínima, como explicó a France 24 Lineth Alarcón Franco, médica neurotoxicóloga y neurofarmacóloga.
“(Haber permanecido) tanto tiempo con la presión baja puede ocasionar muerte cerebral, quedar en un estado vegetativo persistente o con secuelas graves como quedar en estado de mínima consciencia, pérdida del habla, isquemia cerebral que genere alteraciones en el habla, la visión o la marcha”, enumeró, para luego agregar que “también es posible que la muerte sobrevenga en las próximas horas”.
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Su defensa describió el intento como una “tortura química”. “Christa ha sufrido un castigo mayor que el de cualquier otra persona en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos”, declaró el abogado Spivey.
Un fármaco de producción genérica sin efecto comprobado
El pentobarbital, el barbitúrico utilizado en la fallida ejecución de Pike, es empleado en al menos tres estados para la aplicación de la pena capital, pero ni la farmacéutica fabricante autoriza su uso para tal fin, ni la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) lo aprueba como método de ejecución.
Este fármaco comenzó a ser utilizado en ejecuciones ante la escasez de tiopental sódico, que formaba parte de una combinación de medicamentos para la inyección letal, pero la farmacéutica danesa Lundbeck, responsable de su elaboración, pidió que se evitara este uso y después restringió su distribución.
Otras compañías que producen fármacos similares se han negado a venderlos para este fin, probablemente por temor a que las marcas queden asociadas con un uso que puede generar rechazo.
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Eso, sumado al hecho de que la FDA no aprueba la administración en altas dosis ni como vía para provocar la muerte, dejó a los estados que usan la solución química para aplicar la pena capital con graves dificultades para conseguir el medicamento.
Por ello comenzaron a recurrir a formulaciones magistrales o al mercado gris para poder cumplir con los cronogramas legales de ejecuciones, lo cual puede dar lugar al uso de productos diluidos o comprometidos en su elaboración.
Los abogados de Pike creen que el empleo de una droga degradada pudo haber influido en el fracaso de la ejecución.
Adicionalmente, la inyección letal no suele ser administrada por personal sanitario, ya que la Asociación Médica Estadounidense prohíbe que sus miembros tomen parte en procedimientos de este tipo, por considerar que contravienen el principio fundamental de preservar la vida que alienta a esta profesión.
Strada y sus otros procedimientos fallidos
Tennessee aplicaba el pentobarbital en combinación con otros dos medicamentos, pero a partir de 2024 reformuló sus protocolos y pasó a usar exclusivamente este barbitúrico en dosis letales, al igual que Ohio y Oklahoma.
Fue precisamente tras la llegada de Frank Strada al Departamento de Corrección, luego de su transferencia desde Arizona un año antes.
La de Pike ha sido la segunda ejecución fallida en Tennessee desde mayo, cuando el personal del Departamento de Correcciones no consiguió una vía para la administración intravenosa del barbitúrico a Tony Carruthers, que fue condenado por secuestrar y asesinar a tres personas en 1994.
Ahora, los funcionarios deben esperar al menos un año para volver a intentar ejecutar a Carruthers, según la indicación del gobernador republicano Bill Lee.
Strada ya había tenido dificultades en su función como supervisor de ejecuciones en Arizona, cuando estas se reanudaron en 2022, luego de una pausa de ocho años.
Ese año, el intento por conseguir una vía para la inyección letal a Clarence Dixon tomó 25 minutos, hasta que fue necesario hacer una incisión en la ingle para llevar a cabo el proceso.
La siguiente ejecución fue la de Frank Atwood y, de acuerdo con testigos, el propio reo de 66 años tuvo que indicar al personal el sitio correcto para tomar la vía (la mano derecha), luego de que los funcionarios tuvieran dificultades para ello.
La tercera pena de muerte en fila desde la reanudación tampoco estuvo exenta de incidentes. El equipo fracasó en insertar la línea en el brazo de Murray Hooper, de 76 años, y terminó haciéndolo directamente en la arteria femoral.
Lorena González afirma que el caso de Christa Pike no debe reducirse a “una cuestión de incompetencia técnica”.
“Creo que debemos examinar si estamos frente a un problema estructural de prevención y protección de derechos humanos”, asegura la experta. “La pregunta que habría que hacerse aquí es qué ha hecho el Estado para prevenir que se repitan estas situaciones. Desde la óptica de los derechos humanos, la reiteración de estos incidentes, particularmente cuando existen advertencias previas, obliga a examinar la eficacia de los mecanismos de prevención, de supervisión y de rendición de cuentas”.
Consultado por periodistas, el presidente Donald Trump se mostró sorprendido por las vicisitudes en el proceso de Pike y se limitó a decir “no debería ser tan difícil”.
Para González, la gran pregunta a partir de la ejecución fallida es definir si es procedente o no un nuevo intento, como el que se ha programado para Carruthers.
“¿Puede el Estado someter a esta persona nuevamente a una experiencia semejante después de conocer los riesgos y el sufrimiento que ocasionó el primer procedimiento? Desde el derecho internacional de derechos humanos, una nueva ejecución no puede analizarse como que si nada hubiera sucedido. El Estado tiene la obligación de considerar el daño ya ocasionado, el riesgo de nuevos sufrimientos y las consecuencias físicas y psicológicas del primer intento”, sostiene la experta en derechos humanos.
Con Reuters, EFE y AP
