Tres años después del inicio de la invasión israelí, la situación en Gaza sigue describiéndose con las mismas palabras, que quedan cortas para dimensionar su realidad: muerte, devastación, catástrofe humanitaria.
Desde que lanzó su ofensiva a gran escala como respuesta a las masacres perpetradas por Hamás y otras milicias palestinas en el sur israelí el 7 de octubre de 2023 (con 1.200 muertos y 251 secuestrados), Israel ha sometido al enclave palestino a una cotidianeidad de matanzas, destrucción sistemática de infraestructura, tejido social y medios de vida, desplazamiento forzado en masa y asfixia a través de la instrumentalización de la ayuda humanitaria.
Estas acciones israelíes –que organizaciones internacionales y expertos legales han calificado de «genocidio«, mientras existe un caso en curso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y pesan sobre Benjamin Netanyahu y otros líderes israelíes órdenes de arresto internacionales por crímenes de guerra y contra la humanidad– no han cesado ni siquiera desde que, hace casi un año, entró en vigor un plan auspiciado por Estados Unidos para un alto el fuego y la reconstrucción del enclave.
Si bien contribuyó a detener los ataques a gran escala, Israel continúa atacando a diario en Gaza, sea con bombardeos puntuales –que dice dirigir contra miembros de Hamás– o con disparos de sus soldados a palestinos que se acercan a la denominada Línea Amarilla, el límite invisible que define la posición de las tropas israelíes que ocupan más del 60% del territorio gazatí.
Así, desde el inicio de la aparente tregua el 10 de octubre del año pasado, Israel ha matado a más de 1.400 personas en la franja, elevando a más 74.200 los muertos en los tres años de invasión en Gaza –alrededor de la mitad, mujeres y niños, y sin contar decenas de miles que se presumen bajo los escombros–, mientras que los heridos –muchos con amputaciones o lesiones de por vida– superan los 175.000, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud local, refrendadas por la ONU y entidades internacionales.
Ahmed Al-Dahdouh, un residente de Ciudad de Gaza, describió esta realidad. «Esto nos sucede a diario; no es seguro. Uno se acuesta por la noche sin saber si despertará a la mañana siguiente o no», le dijo a Reuters el 3 de octubre, luego de que un ataque israeli matara a cinco personas, entre ellas una madre y una hija, ambas cristianas.
La entrada de ayuda humanitaria tampoco ha aumentado a la escala supuestamente dispuesta en el plan de la Administración de Donald Trump, ya que sigue sujeta a bloqueos parciales –como el ordenado en los días previos al tercer aniversario del 7-O–, controles excesivos y prohibiciones de ciertos materiales de las autoridades israelíes, que además tampoco han habilitado todos los cruces fronterizos para el ingreso de camiones.
Es así que el monitor global del hambre (IPC) ha señalado en su informe más reciente que todo el enclave palestino sigue enfrentando una crisis alimentaria, con 1,4 millones de personas (más de dos tercios de la población total de la franja) expuestas altos niveles de inseguridad alimentaria.
Reinhilde Van de Weerdt, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los territorios palestinos, denunció el viernes 2 de octubre que el ingreso de ayuda a Gaza se ve plagado de «retraso tras retraso» del sistema de aprobación de Israel, que causa que grandes volúmenes de suministros médicos esperen autorización por una media de 74 días.
Como resultado, la situación «sigue siendo absolutamente desesperada» y ninguno de los hospitales del enclave funciona plenamente por la «escasez crónica» de suministros.
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Por todo esto, la ONG Médicos sin Fronteras (MSF) aseguró en un comunicado que Israel «está asfixiando progresivamente Gaza y continúa su genocidio», a la vez que las condiciones que precisa la población de Gaza para sobrevivir «son destruidas sistemáticamente mediante la violencia continuada, el bloqueo deliberado de suministros y la destrucción de la atención sanitaria».
Sin visos de reconstrucción
En este contexto, el plan de 20 puntos de Donald Trump apenas ha avanzado en un año, mientras Israel sigue decidido a mantener –e incluso ampliar– su ocupación en Gaza y solo se abre a una retirada gradual una vez que se produzca el desarme de Hamás.
Pese al anuncio en julio de un acuerdo para ello entre el grupo islamista y la denominada ‘Junta de Paz‘ –el órgano creado para supervisar el cumplimiento del pacto–, este proceso se ha estancado luego de que el entendimiento inicial fuera modificado para adaptarse a las exigencias israelíes.
Mucho más lejos quedan entonces otros aspectos de la controvertida hoja de ruta de Washington, como la creación de la Fuerza Internacional de Estabilización, que debería asumir la seguridad del enclave, o la entrada en Gaza del gobierno tecnocrático palestino, que tendría que reemplazar a Hamás en la gobernanza de la franja.
Ni hablar de la titánica tarea de reconstrucción de una Gaza arrasada por tres años de bombardeos indiscriminados, detonaciones y demoliciones del Ejército israelí. En septiembre, la ‘Junta de Paz’ presentó un plan de 2.450 millones de dólares para iniciar esa reconstrucción, apenas una fracción de los 71.400 necesarios para la próxima década, según una evaluación de la Unión Europea y la ONU, publicada en abril.
Lejos de las discusiones diplomáticas y las promesas grandilocuentes, en el terreno, en Gaza, el 82% de todas las estructuras han sido destruidas o dañadas, incluyendo un 76% de las unidades residenciales, mientras unos dos millones de personas (el 94% de la población) requiere todavía de asistencia en refugios y suministros básicos, de acuerdo a datos de la ONU y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).
Mientras tanto, las organizaciones humanitarias señalan que Israel restringe el acceso de elementos de refugio, considerándolos de potencial «doble uso», es decir, civil o militar. Según los cálculos del NRC y otras organizaciones, Israel solo permite actualmente la entrada a Gaza de 15 camiones semanales con estos artículos, entre los que se incluyen tiendas de campaña y lonas, cuando se requieren un total de 500.
Un informe del NRC reveló, además, que el 72% de los afectados por la falta de refugios se resguardan en edificios que han sufrido algún tipo de daño, expuestos al peligro de derrumbe, como el que mató a 21 personas en Ciudad de Gaza, el 16 de septiembre pasado.
«La gente está optando por permanecer en edificios peligrosos porque la idea de vivir en una tienda de campaña es peor, y hay muy pocos suministros de tiendas disponibles si quisieran abandonar esos edificios», declaró a la agencia AP Shaina Low, portavoz del Consejo Noruego para Refugiados.
Es por eso que, sumado a la falta de fondos para hacer frente a la emergencia causada por la invasión israelí, el NRC denunció que «1,65 millones de personas en Gaza» se verán forzadas «a pasar un cuarto invierno en tiendas de campaña deterioradas y edificios dañados por la guerra, expuestos a la lluvia y el frío».
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Las heridas invisibles
La destrucción material alcanza no solo a viviendas y hospitales, también a infraestructura de agua e higiene, instituciones educativas y culturales, o los medios de vida, como terrenos agrícolas, de los cuales apenas el 3% está exento de daños y dentro de las zonas accesibles para la población palestina, de acuerdo a datos de la ONU.
Y fuera de los daños físicos, están heridas profundas al tejido social, desgarrado por la desaparición de familias enteras, por los asesinatos de intelectuales, la destrucción del acervo cultural y por el trauma permanente, principalmente en los niños.
Según un informe de Unicef que cubre el primer semestre de 2026, casi nueve de cada diez menores consultados por la organización en Gaza requirieron apoyo psicológico y el 91,8% aseguró vivir con miedo a los bombardeos.
Y es que, en los 300 días posteriores al anuncio de la tregua, al menos 300 niños murieron, una media de uno al día. Además, según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 60.000 menores han perdido a uno o ambos progenitores, y unos 800.000 niños, la gran mayoría de los que viven en la franja, siguen desplazados.
Frente a las dimensiones de las necesidades, la disponibilidad de los servicios de salud mental también se ven desbordados, motivando la intervención de especialistas privados.
Nawal Asqul, una terapeuta que trabaja con técnicas de programación neurolingüística y que empezó a atender a niños cuando ella misma estaba desplazada en Al Mawasi, en el sur de la Franja, le explicó a la agencia EFE que casi todos los pequeños que llegan a su consulta le describen lo mismo: «Los sonidos en la cabeza no se acaban: el ruido de los aviones, de los bombardeos, de los cinturones de fuego. Las imágenes de los restos humanos y de la sangre no quieren desaparecer».
La especialista enumeró casos a diario de niños que se orinan sin control, que dejan de hablar o que se tapan los oídos «porque no quieren oír los sonidos de la guerra». Muchos, además, han visto alterado su comportamiento, con tendencia a la agresividad y la hiperactividad. «Nuestros niños ya no son nuestros niños. Viven en modo supervivencia», lamentó.
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Es por eso que, en un comunicado con motivo de los tres años de invasión israelí, Vicente Raimundo, director de programas internacionales de la ONG Save the Children, aseguró que «la infancia de Gaza ha sido robada».
«Lo que deberían haber sido años dedicados a aprender, jugar e imaginar su futuro se han visto, en cambio, marcados por la violencia, la pérdida, la hambruna y el desplazamiento –reprochó–. Tres años después del inicio de la guerra, millones de niños y niñas siguen pagando un precio intolerable por un conflicto que nunca debieron sufrir. No podemos permitir que una generación entera quede marcada de forma irreversible».
Con Reuters, AP, EFE y AFP
