La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de respaldar un recorte de hasta 100.000 millones de pesos colombianos al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abierto un intenso debate en Colombia. La propuesta, impulsada en el Congreso, plantea trasladar esos recursos a la justicia ordinaria. El recorte implicaría cerrar laboratorios que se enfocan en identificar desaparecidos.
