POR OMAROY MÉNDEZ GARCÍA
La manipulación del Gobierno y las autoridades monetarias se evidencia cuando salen a celebrar con bombos y platillos que la morosidad bancaria cayó al 1.67% y que la banca cuenta con un blindaje histórico, nos están contando apenas la mitad de los muñequitos.
Si uno toma los propios boletines estadísticos de la Superintendencia de Bancos (SB) y los reportes del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) acumulados hasta noviembre de 2026, y los lee sin el filtro de la manipulación oficial, la conclusión dice otra cosa: tenemos un sistema financiero blindado para los grandes capitales, pero una economía real donde las familias y los productores locales están pagando los platos rotos.
Desde una óptica crítica y de oposición responsable, el debate no radica en si los bancos son solventes, nadie duda de que el patrimonio bancario supera los RD$548,000 millones, sino en a costa de quién se sostiene esa aparente calma y por qué las reservas preventivas no se mueven ni un milímetro mientras los indicadores oficiales supuestamente mejoran.
El dato más revelador ofrecido recientemente por la propia Superintendencia de Bancos es que el sistema mantiene alrededor de RD$77,000 millones en provisiones para cubrir riesgos crediticios, un monto que se ha quedado prácticamente congelada durante los últimos dieciocho meses, mientras la cartera vencida subió durante el primer semestre (llegando a un pico de morosidad de 1.89% en mayo) y luego descendió hasta los RD$42,293 millones (1.67%) hacia el cierre del tercer trimestre.
Dado lo anterior el índice de cobertura saltó del 168% en junio al 185.7% en noviembre. El gobierno lo vende como un triunfo de prudencia bancaria. Nosotros lo leemos como una señal de desconfianza profunda en el rumbo económico inmediato, explicada por tres razones muy concretas:
1.- Reducción en la mora, como un maquillaje embarrado:
Los propios informes técnicos hablan de «depuración de carteras». Los bancos ejecutaron una limpieza agresiva de sus balances: sacaron de los libros los créditos incobrables, mediante castigos contra provisiones anteriores y restringieron el crédito a los perfiles más vulnerables.
Así mismo, la entrada en vigor en mayo de 2026 de la normativa que limita a cuatro años la visibilidad de deudas en el historial crediticio maquilló la fotografía estadística sin resolver el sobreendeudamiento real de los hogares.
2.- El temor al impacto, genera una política monetaria restrictiva:
Los bancos saben perfectamente que la reducción de la mora es frágil. Con un Banco Central obligado a sostener tasas de referencia elevadas para contener presiones inflacionarias y cambiarias, el costo del dinero sigue asfixiando a los prestatarios. Si los bancos liberaran hoy parte de esos RD$77,000 millones, quedarían sin respaldo ante el rebote de impagos que ellos mismos crearían para los próximos meses.
3.- El negocio de la liquidez guardada:
A la banca le resulta mucho más rentable y seguro mantener esos recursos inmovilizados o colocados en instrumentos libres de riesgo en el Estado y en el Banco Central, antes que arriesgarse a prestarle al pequeño productor agrícola o a las MIPYMES.
El crédito al consumo y las tarjetas de crédito son los que cargan con el grueso del deterioro del sistema. En enero de 2026 la mora en préstamos de consumo ya rondaba el 4.65%, y aunque la “depuración estadística” la moderó hacia la franja del 3.12% en el segundo semestre, sigue duplicando y triplicando la mora de los sectores corporativos.
¿Qué significa esto en la calle? Que el dominicano está pagando la comida, la medicina y el combustible con tarjetas de crédito a tasas que llegan al 60% anual, topes que las propias autoridades se han negado a regular bajo el argumento de no intervenir el mercado. Y mientras tanto, el sector agropecuario, que apenas recibe poco más del 4% de la cartera total y enfrenta una mora cercana al 2.85%, sigue huérfano de financiamiento blando o con un monto ridículo de treinta millones de pesos para el financiamiento del arroz.
La Superintendencia de Bancos destaca con orgullo que los activos del sistema alcanzaron los RD$4.6 billones (casi el 55.6% del PIB) y que el excedente de capital regulatorio creció un 29% hasta los RD$258,000 millones. Pero desde una visión objetiva de país, ese exceso de liquidez y capital ocioso tiene un costo de oportunidad brutal: es dinero que no está llegando al aparato productivo nacional.
El propio director de Estudios Económicos de la SB reconoció en noviembre de 2026 que, frente a un universo de alrededor de 400,000 empresas inscritas en las Cámaras de Comercio, el acceso empresarial al crédito sigue siendo sumamente limitado. Es decir, tenemos una banca con reservas suficientes para respaldar otro sistema financiero de su mismo tamaño, pero incapaz de democratizar el crédito para que las MIPYMES, las industrias, los productores del campo y los emprendedores puedan crecer sin ahorcarse con tasas activas abusivas.
Una política económica verdaderamente comprometida con el desarrollo nacional debería exigir tres rectificaciones inmediatas:
Transparencia estadística real: que la Superintendencia de Bancos publique de forma desagregada y mensual cuánto de la reducción de la cartera vencida responde a pagos efectivos de los clientes y cuánto corresponde a castigos contables y ventas de cartera.
Reorientación del crédito productivo: crear mecanismos de garantía estatal y redescuento dirigidos exclusivamente a la agropecuaria, la manufactura local y las MIPYMES, reduciendo la dependencia de una banca concentrada en el consumo y los grandes enclaves turísticos e inmobiliarios.
Alivio financiero a los hogares: establecer reglas más justas sobre los costos de intermediación y las tasas de las tarjetas de crédito, evitando que el sobreendeudamiento familiar siga siendo el combustible que alimenta las ganancias récord del sector financiero mientras el bolsillo del trabajador se vacía y llevan a la población a la insolvencia.
jpm-am
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