Este viernes, la Comisión Europea presentó la Ley de Equidad Digital, una propuesta legislativa que busca garantizar que los consumidores tengan el mismo nivel de protección tanto fuera del entorno digital como al realizar compras en línea y navegar por sitios web. La iniciativa establece mecanismos para combatir prácticas comerciales desleales, precios poco transparentes, publicidad personalizada basada en datos sensibles y mecanismos que fomentan las compras compulsivas.
El proyecto se complementa con una revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (Reglamento CPC), que faculta al Ejecutivo comunitario para investigar e imponer multas de hasta 6% del volumen de negocios anual mundial a las empresas que incumplan la normativa.
Bruselas apuesta por armonizar las restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad mediante una legislación común que también obligaría a las plataformas a adoptar diseños más seguros.
Michael McGrath, comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, asegura que estas iniciativas constituyen “la reforma más ambiciosa de las normas de protección de los consumidores de la UE en toda una generación”.
El funcionario añadió que, para garantizar la competitividad del mercado, también es necesario proteger a los compradores en todos los ámbitos. “Las compras nunca han sido tan cómodas, pero esa comodidad nunca debe ir en detrimento de la equidad. [La Ley de Equidad Digital permitirá] que tanto los consumidores como las empresas puedan aprovechar al máximo los mercados digitales con confianza y seguridad”, subrayó.
Pese a estas altas expectativas, defensores de los derechos digitales señalan que la iniciativa carece de rigor, presenta vacíos y no contempla mecanismos fundamentales para cumplir su propósito.
¿Qué propone la Ley de Equidad Digital?
En términos generales, la propuesta contempla al menos diez acciones concretas para reforzar la protección de los consumidores en línea. Entre ellas, plantea prohibir las interfaces que faciliten prácticas de manipulación comercial, como mostrar avisos falsos sobre la disponibilidad limitada de un producto o utilizar mensajes que presionen a los usuarios para concretar una compra.
Además, exigirá a las tiendas y servicios en línea mostrar de manera clara y comprensible los precios de sus productos, incluso cuando las transacciones se realicen con monedas virtuales dentro de aplicaciones. En eventos culturales y deportivos que utilicen precios dinámicos, las empresas deberán informar el costo vigente y el máximo posible mientras los usuarios esperan en las filas virtuales.
Las plataformas digitales también deberán ofrecer la posibilidad de deshabilitar características de diseño que fomenten el uso y el gasto compulsivos, especialmente entre los menores de edad.
En materia de publicidad digital, la norma propone restringir los anuncios y las estrategias de precios dirigidos a niños y adolescentes, así como aquellos basados en la explotación de datos personales sensibles. En la misma línea, los influencers deberán identificar claramente los contenidos comerciales que generen y difundan, además de evitar prácticas que puedan aprovecharse de la confianza que sus audiencias depositan en ellos.
Por último, la iniciativa contempla impedir las renovaciones automáticas de suscripciones, garantizar la atención al cliente por parte de personas, simplificar la información sobre compras digitales y establecer garantías para los consumidores que utilicen agentes de inteligencia artificial para adquirir productos o servicios en su nombre.
La Comisión Europea estima que la aplicación de este conjunto de medidas podría generar un ahorro de hasta 13,700 millones de euros anuales para los consumidores. Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, aseguró que “esta reforma hará que la vida cotidiana sea más sencilla, justa y segura para los consumidores, al tiempo que proporcionará a las empresas la claridad y la confianza que necesitan para prosperar”.
¿Una ley ambiciosa, pero ineficaz?
Sin embargo, estas promesas han sido cuestionadas por algunos defensores de los derechos digitales. Simona Levi, fundadora de Xnet, Instituto para la Digitalización Democrática, considera que los controles previstos para evitar prácticas abusivas no son contundentes y advierte que podrían estar diseñados para favorecer los intereses de las grandes empresas tecnológicas.
“Como siempre, nuestras instituciones no quieren molestar demasiado a los grandes poderes que viven de la manipulación informativa, ya que son quienes les agasajan, cuidan y mantienen”, acusó la activista.
