Sin multas para el Estado: España busca eximir a las instituciones públicas de las sanciones de la Ley de IA europea


El gobierno de España pretende proteger a las instituciones públicas de las sanciones económicas más estrictas contempladas en la Ley de Inteligencia Artificial vigente en la Unión Europea. Sus intenciones quedaron expuestas en una guía publicada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (MTDFP), que sugiere que, ante el incumplimiento de determinados aspectos de la norma, los organismos gubernamentales recibirán una advertencia oficial y estarán obligados a corregir la infracción. La medida contrasta con las multas millonarias y la posible suspensión de servicios a las que están sujetas las empresas privadas que incumplan la regulación.

En agosto de 2024 entró en vigor el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (EU AI Act), diseñado para regular la producción, comercialización y uso de este tipo de sistemas. Una de las principales características de la legislación es que establece prohibiciones, restricciones y requisitos en función del potencial de las herramientas y algoritmos basados en IA para causar daños a la sociedad.


ley de IA España

El proyecto de ley español también prohíbe el uso de sistemas de IA que puedan utilizarse para modificar contenido de abuso infantil.


Por ejemplo, dentro de la categoría de mayor riesgo incluye programas capaces de manipular el comportamiento de las personas, aquellos que clasifican a los ciudadanos mediante puntuaciones sociales y los que emplean determinadas formas de identificación biométrica a distancia en espacios públicos. La ley prohíbe el uso y la comercialización de estas herramientas. Las compañías que incumplan esta disposición pueden enfrentar multas de hasta 35 millones de euros o equivalentes al 7% de su facturación mundial anual.

En la misma línea, la normativa clasifica como sistemas de alto riesgo aquellos destinados a productos biométricos, al reconocimiento facial o a aplicaciones utilizadas con fines educativos y en el ámbito laboral. Los desarrolladores de estas tecnologías deberán registrar sus sistemas y cumplir requisitos más estrictos en materia de gestión de riesgos y calidad para poder operar en el mercado europeo.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones de entre 7.5 y 15 millones de euros o equivalentes al 1.5% y 3% de la facturación mundial, respectivamente, dependiendo de la infracción y del tipo de empresa responsable, incluidas las pequeñas y medianas compañías y las startups.

¿Las instituciones públicas de España al margen de la Ley de IA eruopea?

Al menos en España, las instituciones públicas quedarían exentas de este régimen comunitario de multas. La guía publicada por el MTDFP es un documento orientativo que busca ayudar a los organismos gubernamentales a implementar sistemas de inteligencia artificial de manera responsable y conforme a la legislación europea.

Entre otras disposiciones, establece que las administraciones deben utilizar estas tecnologías de forma segura y transparente, con pleno respeto a los derechos fundamentales.

También las obliga a capacitar al personal que interactúe con estas herramientas, informar a la ciudadanía cuando se comunique con un sistema de IA e identificar los contenidos generados o manipulados artificialmente, incluidos los deepfakes y los textos relacionados con asuntos de interés público.

En cuanto a los sistemas considerados de alto riesgo, las administraciones deberán evaluar, prevenir y reducir los posibles daños a la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Asimismo, tendrán que garantizar la calidad de los datos, documentar el funcionamiento de las herramientas y mantener registros sobre su utilización.

En todos los casos, la guía exige conservar una supervisión humana efectiva, emplear la inteligencia artificial para optimizar los servicios públicos existentes en lugar de limitarse a automatizarlos y establecer mecanismos eficaces de aclaración y supervisión.

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