Empresariado pide más debate y advierte sobre nuevas cargas económicas
Santo Domingo. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) manifestó este lunes su preocupación por la forma en que avanza en el Congreso Nacional el proyecto de modificación de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al entender que el procedimiento legislativo de urgencia limita el debate técnico y la participación de los sectores que podrían resultar afectados.
La organización empresarial afirmó que respalda la necesidad de fortalecer un sistema moderno y sostenible para la gestión de los residuos sólidos y reconoce que las leyes deben actualizarse para responder a nuevos desafíos. Sin embargo, considera que una reforma de esta magnitud requiere un proceso más amplio de discusión, sustentado en evidencia técnica y en el consenso entre los distintos actores.
En ese sentido, el CONEP recordó que la figura constitucional de la declaratoria de urgencia es un mecanismo legítimo para atender situaciones excepcionales, pero advirtió que su aplicación debe manejarse con prudencia cuando se trata de reformas que modifican de manera significativa las reglas de funcionamiento de la actividad económica.
“La legitimidad y calidad de las leyes depende de la oportunidad real de estudiar los textos, evaluar sus impactos y escuchar a los sectores involucrados”, sostuvo la entidad en un comunicado difundido este lunes.
Asimismo, indicó que un marco regulatorio estable y predecible constituye uno de los principales factores para fortalecer la confianza de los inversionistas y garantizar un entorno favorable para el crecimiento económico.
Otro de los aspectos que preocupa al gremio empresarial es el impacto económico que, a su juicio, tendría la propuesta sobre las empresas formales.
Según el CONEP, el proyecto concentra nuevas obligaciones financieras sobre compañías que recientemente enfrentaron un aumento en la tasa del Impuesto sobre la Renta y que, además, ya asumen los costos derivados de la disposición final de los residuos que generan.
La entidad precisó que el debate no debe interpretarse como una diferencia entre grandes, medianas o pequeñas empresas, ya que todas forman parte del mismo aparato productivo nacional.
“Las políticas públicas deben evaluarse por su efecto acumulado y no de manera aislada”, expresó el organismo, al advertir que la suma de nuevas cargas regulatorias y tributarias podría afectar la competitividad del país y limitar la capacidad de inversión del sector privado.
De igual forma, el CONEP señaló que la iniciativa mantiene aspectos institucionales que, a su entender, necesitan ser revisados. Entre ellos citó la gobernanza del Fideicomiso para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, al considerar que existe un desequilibrio al incorporar beneficiarios del propio fideicomiso en los procesos de toma de decisiones.
Finalmente, la organización hizo un llamado al Congreso Nacional para que el estudio del proyecto se desarrolle mediante un proceso participativo, transparente y suficientemente deliberado.
“Las mejores leyes no son necesariamente las que se aprueban con mayor rapidez, sino aquellas que nacen del diálogo y la evidencia técnica”, afirmó el CONEP, al señalar que una legislación construida bajo esos principios contribuirá a fortalecer la sostenibilidad ambiental, la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y el clima de inversión en la República Dominicana.
La posición del principal gremio empresarial se produce mientras el Congreso analiza la propuesta de modificación de la normativa que regula la gestión integral y el coprocesamiento de los residuos sólidos, una iniciativa que ha generado debate entre distintos sectores por sus implicaciones económicas, ambientales e institucionales.
