La máxima instancia judicial de Estados Unidos rechazó la orden ejecutiva con la que Donald Trump pretendía restringir el acceso automático a la ciudadanía estadounidense para determinados niños nacidos en el país.
Con una votación de seis magistrados frente a tres, la Corte confirmó las decisiones de tribunales inferiores que habían bloqueado la medida antes de que pudiera entrar en vigor. El fallo supone un importante revés político para Trump y refuerza la interpretación tradicional de la Constitución sobre quién tiene derecho a ser ciudadano estadounidense desde el momento de su nacimiento.
La resolución llega, además, en el cierre del periodo anual de sesiones del tribunal y pocos días antes de la celebración del 4 de julio, una fecha de fuerte simbolismo para el país por conmemorarse el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
¿Qué buscaba cambiar Donald Trump?
La orden ejecutiva fue firmada por Trump el mismo día en que regresó a la Casa Blanca como parte de un amplio paquete de medidas para endurecer la política migratoria.
Hasta ahora, cualquier persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, salvo excepciones muy limitadas.
La orden pretendía eliminar ese derecho para los hijos de personas que se encontraran en Estados Unidos de forma irregular o cuya estancia fuera únicamente temporal, como estudiantes extranjeros, trabajadores con visados, turistas o visitantes.
De haber entrado en vigor, las autoridades federales habrían dejado de reconocer como ciudadanos estadounidenses a esos recién nacidos, obligando a miles de familias a demostrar el estatus migratorio de los padres para acreditar la nacionalidad de sus hijos.
Diversos expertos estimaban que la medida podría afectar cada año a unos 250.000 bebés, además de generar incertidumbre jurídica para millones de familias inmigrantes.
La 14.ª Enmienda, el eje del conflicto
El debate jurídico se centró en la interpretación de la 14.ª Enmienda de la Constitución, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil estadounidense.
Su conocida Cláusula de Ciudadanía establece que:
«Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen».
Esta disposición fue incorporada para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos tras la abolición de la esclavitud y para revertir el histórico fallo Dred Scott de 1857, que había negado ese derecho a las personas afroamericanas.
Con el paso del tiempo, esa cláusula se convirtió en el fundamento constitucional del principio conocido como ciudadanía por nacimiento (birthright citizenship), uno de los pilares del sistema migratorio estadounidense.
¿Por qué la Administración Trump decía que la orden era legal?
La Casa Blanca defendía una interpretación mucho más restrictiva de la expresión «sujetas a su jurisdicción».
Según sus abogados, esa frase significaba que la ciudadanía solo debía concederse a los hijos de personas cuya «lealtad principal» fuera Estados Unidos, es decir, ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes con la conocida green card.
El Gobierno sostenía que los inmigrantes en situación irregular, así como quienes permanecen temporalmente en el país con visados de trabajo, estudio o turismo, mantienen su vínculo principal con otro Estado y, por tanto, sus hijos no deberían adquirir automáticamente la ciudadanía estadounidense.
Durante las audiencias, además, la Administración argumentó que el actual sistema favorece el llamado «turismo de nacimiento», es decir, el viaje de mujeres embarazadas a Estados Unidos con el objetivo de que sus hijos obtengan la nacionalidad. Sin embargo, varios magistrados cuestionaron esa tesis y el propio representante del Gobierno reconoció que no existían datos concluyentes sobre la magnitud real del fenómeno.
El precedente de 1898 que resultó decisivo
Uno de los aspectos centrales del fallo fue la ratificación del precedente establecido en 1898 en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark.
En aquella histórica sentencia, la Corte Suprema determinó que un hombre nacido en California de padres chinos era ciudadano estadounidense, aunque sus progenitores no pudieran acceder a la naturalización.
Ese fallo consolidó la interpretación de que la ciudadanía por nacimiento protege prácticamente a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, con excepciones muy concretas, como los hijos de diplomáticos extranjeros o de fuerzas militares enemigas.
El presidente del tribunal, John Roberts, autor de la opinión mayoritaria, afirmó que durante los últimos 128 años esa interpretación ha sido aplicada de forma constante y sostuvo que no existían razones jurídicas para modificarla.
Roberts también rechazó que el texto constitucional permita distinguir entre diferentes categorías de inmigrantes para determinar la ciudadanía de sus hijos.
Un límite al poder presidencial
Más allá de la cuestión migratoria, el fallo también tiene un importante significado institucional.
La decisión deja claro que un presidente no puede modificar mediante una orden ejecutiva un derecho constitucional cuya interpretación ha permanecido estable durante más de un siglo.
Aunque la actual Corte Suprema, de mayoría conservadora, ha respaldado recientemente a Trump en varios asuntos relacionados con inmigración, deportaciones o control fronterizo, en este caso estableció un límite claro a las facultades del Ejecutivo.
Se trata del segundo gran revés judicial para Trump en pocos meses, después de que el tribunal también anulara su política de aranceles globales.
El proceso dejó además una imagen inédita en la historia institucional estadounidense.
Durante la vista celebrada el pasado abril, Donald Trump se convirtió en el primer presidente en ejercicio en asistir personalmente a una audiencia ante la Corte Suprema.
Su presencia reflejaba la importancia política que la Administración otorgaba al caso, considerado una pieza clave dentro de su estrategia para reformular la política migratoria del país.
Sin embargo, el mandatario abandonó la sala antes de que concluyeran las intervenciones de las partes.
¿Qué consecuencias tiene el dictamen?
La decisión mantiene intacto el principio de ciudadanía por nacimiento que ha regido en Estados Unidos desde finales del siglo XIX y garantiza que los hijos nacidos en territorio estadounidense continúen siendo ciudadanos con independencia de la situación migratoria de sus padres, salvo las excepciones ya previstas por la Constitución y la jurisprudencia.
Al mismo tiempo, el fallo refuerza el peso del precedente constitucional y dificulta que futuras administraciones intenten modificar este derecho mediante acciones ejecutivas.
En términos políticos, la sentencia supone un nuevo obstáculo para la agenda migratoria de Donald Trump y confirma que, pese a la mayoría conservadora de la Corte Suprema, existen límites constitucionales que ni siquiera el presidente puede alterar sin una reforma legislativa o constitucional.
Con Reuters y AP
