Centros urbanos de grandes ciudades de Sudáfrica viven este martes 30 de junio una suerte de parálisis, provocada por el temor a que las protestas convocadas por grupos antiinmigración decanten en actos de violencia.
Por esa razón, el bullicio habitual de muchas de esas zonas dio paso a una inusual quietud, con muchos comercios cerrados (sobre todo aquellos pertenecientes a foráneos), estaciones de transporte desiertas y trabajadores extranjeros que evitaron salir de sus casas.
En las calles de Durban, en la provincia de KwaZulu-Natal (este), Johannesburgo o Soweto (en la provincia de Gauteng), cientos de manifestantes marcharon para reclamar la deportación de migrantes en situación irregular, al cumplirse la «fecha límite» no oficial fijada por los movimientos xenófobos para su salida del país.
«Hoy es el último día –sostuvo la manifestante Nkele Thebe, al inicio de la protesta en Johannesburgo–. Después de hoy, nos ocuparemos de nuestro presidente y de nuestra nación. No queremos que nadie de fuera venga a interferir».
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
Entre los manifestantes se encontraban jóvenes que portaban bastones de combate y escudos, vestimenta tradicional zulu o mujeres de diferentes edades. Algunos llevaban la bandera sudafricana, cantaban canciones de liberación o cargaban pancartas con lemas como «Sudáfrica debe retirarse de la Convención de la ONU sobre los Refugiados».
Miles de policías fueron desplegados para sofocar potenciales actos de violencia y un portavoz militar informó que soldados se mantuvieron en estado de alerta.
Leer también¿Se expande el nacionalismo antiinmigración en África?
¿Quiénes son los organizadores de las protestas antiinmigración?
Diversos analistas han señalado que las movilizaciones son convocadas por una coalición informal de partidos políticos minoritarios y pequeños grupos de autodefensa, que parecen estar bien organizados, cuentan con suficientes recursos y tienen una fuerte presencia en redes sociales, donde suelen difundir desinformación para estigmatizar a los inmigrantes.
El principal grupo organizador es March & March, que se autodenomina un movimiento ciudadano que busca abordar la «creciente preocupación» por la migración irregular en Sudáfrica, a la que vinculan con el alto desempleo, el alza del crimen o las dificultades en el acceso a servicios públicos.
A la cabeza de esa facción está la activista zulú de 39 años, Jacinta Ngobese-Zuma, una antigua presentadora de radio que enfrenta una causa judicial por incitación a la violencia pública, cargo que ella niega.
En una entrevista con la agencia Reuters hace dos semanas, Ngobese indicó que no se puede responsabilizar al grupo que dirige por los actos violentos espontáneos. «Estamos tratando de canalizar esa ira hacia el gobierno. Lamentablemente, no podemos estar en todas y cada una de las comunidades diciéndoles cómo comportarse. Ellos conviven con estas personas», afirmó.
Otros convocantes de las marchas son Operación Dudula (un pequeño partido político de corte nacionalista) y Progressive Forces.
Leer también¿Por qué Sudáfrica se volvió hostil contra los migrantes africanos?
Las demandas de estos grupos incluyen controles migratorios más estrictos, regulaciones más rigurosas para la expedición de visados, una revisión de las políticas de asilo y adoptar represalias contra empresas que contratan a migrantes en situación irregular.
¿Por qué proliferan los discursos xenófobos en Sudáfrica?
En los años recientes, la ola de sentimiento antiinmigrante ha calado hondo en la sociedad sudafricana, con picos de manifestaciones a menudo violentas y agresiones contra extranjeros, que han empañado la reputación del país, erigido como defensor de los derechos humanos tras la era de Nelson Mandela.
El caldo de cultivo de estos discursos reside en las grandes desigualdades sociales del país, una tasa de desempleo del 32,7% –según la Oficina Nacional de Estadísticas (Stats SA), siendo una de las más altas del mundo–, la deficiente prestación de servicios públicos o uno de los índices de homicidios más elevados del planeta, con 5.181 homicidios en el primer trimestre de 2026, más allá de que la Policía no divulga datos sobre la nacionalidad de los criminales.
Las personas migrantes, sobre todo aquellas en situación irregular, se han convertido en el chivo expiatorio ideal para canalizar el malestar de estos grupos de ciudadanos.
Pese a todas sus falencias y su lento crecimiento, Sudáfrica sigue siendo la mayor economía de África y atrae a migrantes, sobre todo de las vecinas Zimbabue y Malawi.
Aún así, según Stats SA, la población extranjera ronda los 3 millones de personas, es decir, alrededor de un 4% del total, una proporción relativamente baja si se compara con los estándares mundiales.
Bongani Cindi, otro manifestante en Johannesburgo, aseguró a la agencia AP que los movimientos antiinmigración están siendo injustamente tachados de xenófobos por plantear problemas legítimos.
«Nuestro país tiene muchos problemas. Tenemos una afluencia de inmigrantes ilegales que cometen delitos que ya no podemos tolerar. Por eso, necesitamos que nos dejen en paz para poder arreglar nuestras vidas. No estamos peleando con nadie», aseveró.
Por el contrario, el analista laboral Dale McKinley aseguró a la agencia AFP que los discursos antiinmigración se han convertido en «un arma política» de cara a las elecciones locales de noviembre.
«Los grupos xenófobos se equivocan. Esto se trata de un problema de gobernanza, corrupción y mala gestión», subrayó.
¿Qué consecuencias han sufrido los inmigrantes?
En las últimas semanas se han registrados pequeñas protestas que han desembocado en actos violentos contra inmigrantes. Los más graves ocurrieron el último fin de semana de mayo, en la ciudad de Mossel Bay, en la provincia del Cabo Occidental, que se saldaron con la muerte de siete personas de Mozambique –según informó el gobierno de ese país– y 55 chozas incendiadas.
Por su parte, este fin de semana, un ciudadano de Uganda falleció tras ser brutalmente golpeado por una turba, según los reportes policiales preliminares. Por esta razón, el gobierno de Uganda anunció que implementará un plan de evacuación para 746 nacionales que solicitaron ser repatriados.
Lo mismo piden miles de migrantes, principalmente de los vecinos Zimbabue y Malawi, que se han congregado en sus embajadas y consulados para solicitar transporte de regreso a sus países, frente al temor de que la violencia escale tras la expiración del ‘ultimátum’ lanzado por los movimientos antiinmigración.
Testigos y afectados han denunciado que propietarios de viviendas en Johannesburgo y Durban han desalojado a inquilinos extranjeros por temor a que sus edificios fueran vandalizados y han despedido a trabajadores foráneos para evitar posibles represalias contra sus negocios.
Junto a un centenar de personas que duermen a la intemperie en el centro de Durban, Mabako Majole, líder de la comunidad congoleña, explicó que «todas estas personas fueron expulsadas por sus caseros» pese a tener un estatus legal en el país. «Tienen documentos», subrayó.
En este contexto, el cruce de Beitbridge entre Sudáfrica y Zimbabue ha registrado un incremento en el tráfico en los últimos días por la circulación de autobuses de evacuación de migrantes. Las autoridades zimbabuenses informaron haber facilitado el retorno de más de 3.600 de sus compatriotas.
Del mismo modo, miles de ciudadanos de Malawi también han regresado a su país desde un centro de repatriación temporal en Durban.
Ghana, que el 7 de mayo pidió a la Unión Africana que envíe una «misión de investigación» a Sudáfrica, ha organizado la vuelta de unas 300 personas, y lo propio hizo Mozambique, mientras que Nigeria repatrió a tres grupos de sus nacionales este mes, incluyendo 271 que llegaron a Lagos este martes.
Por su parte, Kenia, Malawi y Lesoto han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos residentes en Sudáfrica; y Nigeria, Ghana y Guinea-Bissau han llamado a consultas a los embajadores sudafricanos en sus territorios como reprimenda por la falta de garantías de seguridad.
Estas acciones dan cuenta del delicado panorama, considerando que, aunque han habido otras olas de violencia antimigrante en Sudáfrica, es la primera vez que varios países organizan en simultáneo planes de evacuación para sus ciudadanos.
¿Cuáles son los antecedentes de violencia en protestas antiinmigrantes?
Aunque March & March y otros organizadores de las protestas alegan que sólo buscan la expulsión de los migrantes indocumentados, la violencia y otras represalias rara vez distinguen la situación legal de los extranjeros, como queda evidenciado en videos viralizados en redes sociales en los que se observa cómo se impide a migrantes africanos acceder a atención médica o educación en instalaciones públicas.
El temor de las autoridades –acusadas de fallar en la protección de los migrantes– y de los ciudadanos extranjeros es que la violencia escale todavía más, como ha ocurrido en otras oleadas de tensiones xenófobas desde 2008.
Ese año se registró el peor estallido de violencia contra inmigrantes en Sudáfrica, cuando 62 personas murieron en los disturbios.
Otras siete personas fallecieron en 2015 en el marco de una serie de ataques a comercios de extranjeros en Johannesburgo y Durban, mientras que en 2019 se contabilizaron al menos 18 víctimas fatales de la violencia xenófoba.
También están frescos en la memoria los disturbios ocurridos en julio de 2021, desencadenados en rechazo al breve encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, que se saldó con la muerte de unas 350 personas luego de días de saqueos y enfrentamientos.
En este contexto, el presidente Cyril Ramaphosa intentó apaciguar los ánimos en la cuenta regresiva para la fecha límite del 30 de junio trazada por las organizaciones antiinmigración con el anuncio de una mejora en los planes gubernamentales para enfrentar la inmigración irregular, además de instar a los líderes comunales tradicionales a usar su influencia «para calmar las tensiones».
«Las profundas preocupaciones de los sudafricanos sobre la inmigración ilegal son reales y merecen ser escuchadas. Pero el derecho a la protesta no autoriza a las personas a amenazar o intimidar a otras, ni a participar en actos de vandalismo o violencia», recordó el mandatario, en un comunicado divulgado el lunes.
Con Reuters, AP, EFE y AFP
