Cabe subrayar que el mapa se basa en reportes autogenerados por los usuarios que carecen de verificación oficial. Sin embargo, sus desarrolladores consideran que constituye una herramienta relevante para dimensionar la magnitud del desastre y evidenciar la distribución desigual, desde su perspectiva, de las labores gubernamentales de contención y limpieza.
“Resalta que las acciones de saneamiento se han concentrado en playas con vocación turística, mientras que otras zonas, como aquellas alejadas de centros poblados y la Laguna del Ostión, permanecen sin atención, a pesar de ser hábitat de una gran diversidad de flora y fauna. Asimismo, se desconoce el estado de los 125 arrecifes coralinos y rocosos que integran el Corredor Arrecifal del Golfo de México, ecosistemas de gran relevancia socioambiental de los que dependen aproximadamente 16,000 familias pesqueras”, agrega la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.
El derrame constituye un delito penal, según el gobierno federal
Hasta ahora, no existen reportes oficiales detallados sobre los daños ambientales y económicos derivados del derrame, ni se ha determinado con precisión su origen. Autoridades federales y estatales han señalado que el incidente no provino de instalaciones de Pemex, sino de una embarcación petrolera privada cuya identidad aún no ha sido confirmada.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación, al considerar que “ya hay un delito penal que perseguir”.
Por su parte, organizaciones ambientalistas subrayan que, independientemente de que la responsabilidad recaiga en una empresa privada, el Estado tiene la obligación de supervisar, regular y reparar los daños ocasionados en los ecosistemas marinos y costeros. Añaden que este episodio evidencia cómo el golfo de México funciona como una zona de sacrificio frente a los riesgos asociados a la industria petrolera, así como la insuficiencia de capacidades y protocolos efectivos para su prevención, atención y mitigación.
Hace siete años, cuando la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, se encontraba en fase de construcción, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) elaborada por el Instituto Mexicano del Petróleo advertía que más de 4,000 ejemplares pertenecientes a 119 especies de mamíferos, reptiles y aves podrían verse afectados por el desarrollo del proyecto.
El documento, presentado en 2019 por Pemex ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para obtener la aprobación ambiental, planteaba medidas generales de mitigación, aunque sin detallar acciones específicas para evitar daños a la fauna. En su contenido, se indicaba que “aunque el desarrollo del proyecto provocará afectaciones moderadas al ambiente, estas serán controladas, mitigadas o compensadas mediante sistemas de control ambiental, programas de manejo y rescate, reubicación de fauna y reforestación, con la expectativa de que dichas acciones contribuyan a mejorar la calidad del sistema ambiental mediante la producción de combustibles más limpios”.
