EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo
En la actual coyuntura internacional, caracterizada por la volatilidad de los precios del petróleo en los mercados globales —impulsada por tensiones geopolíticas en Medio Oriente (guerra en Iran con Estados Unidos e Israel) —, economías importadoras netas de hidrocarburos como la República Dominicana enfrentan riesgos significativos en términos de inflación, balanza de pagos y estabilidad cambiaria.
Evidencia reciente muestra que el conflicto internacional ha provocado incrementos sustanciales en los precios del crudo, que en marzo de 2026 alcanzaron niveles cercanos a los 98 dólares por barril, muy por encima de lo presupuestado para el año 2026 por el Estado dominicano (alrededor de 47.8 dólares).
El impacto de estos aumentos no es teórico, sino inmediato y directo. En las últimas semanas, los combustibles han registrado incrementos acumulados en Republica Dominicana de hasta 15 pesos por galón, reflejando la alta dependencia del país de los mercados internacionales de energía. De hecho, más del 80 % de los hidrocarburos importados por la República Dominicana provienen de Estados Unidos, lo que evidencia una marcada vulnerabilidad externa en materia energética.
Esta dependencia tiene consecuencias macroeconómicas claras. Según estimaciones del Banco Central, cada aumento de un dólar en el precio del petróleo incrementa la factura petrolera nacional en aproximadamente 63 millones de dólares, lo que presiona las cuentas fiscales y el tipo de cambio. A su vez, estos choques externos tienden a trasladarse a la inflación: en episodios anteriores, como en 2022, el alza del petróleo contribuyó a que la inflación interanual alcanzara niveles de hasta 7.83 %, superando el rango meta oficial.
En este contexto, resulta estratégico que el país impulse el fortalecimiento de su producción nacional, particularmente en los sectores agrícola y agropecuario con potencial exportador. Esta política permitiría no solo garantizar la seguridad alimentaria, sino también reducir la demanda de divisas, aliviando la presión sobre el dólar.
Cabe destacar que la factura petrolera del país ha representado históricamente entre un 3 % y un 4 % del PIB, lo que demuestra su peso estructural en la economía nacional.
Si bien existen señales de posibles negociaciones internacionales para reducir las tensiones geopolíticas ( para terminar la guerra), la experiencia demuestra que los mercados energéticos no se estabilizan de manera inmediata. La eventual reapertura plena del estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial— podría tomar tiempo, manteniendo la incertidumbre en los precios y en los costos del transporte y la logística global.
Ante este panorama, el gobierno dominicano debe diseñar un plan integral de gestión de crisis con horizonte de mediano y largo plazo. Este plan debe contemplar medidas temporales de estabilización de precios, acompañadas de una política de racionalización del gasto público. En este sentido, resulta pertinente revisar partidas como la publicidad gubernamental, los subsidios a grandes empresas y los gastos en actividades no esenciales.
No obstante, cualquier estrategia de ajuste debe ser socialmente responsable. Es imprescindible preservar los programas de asistencia dirigidos a los sectores más vulnerables, especialmente aquellos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, para evitar un deterioro en su calidad de vida en un contexto inflacionario.
De manera complementaria, el fortalecimiento del sector agropecuario debe constituirse en un eje central de la política económica. Esto implica facilitar el acceso a financiamiento a tasas preferenciales, subsidiar insumos estratégicos como fertilizantes —cuyo costo también se ve afectado por el precio del petróleo— y establecer incentivos fiscales para la importación de maquinaria y tecnología agrícola. Estas medidas permitirían aumentar la producción nacional, reducir la dependencia de importaciones y contribuir al control de la inflación.
En conclusión, la volatilidad de los precios del petróleo no debe ser abordada únicamente como un fenómeno coyuntural, sino como una oportunidad para redefinir la estrategia productiva nacional. Fortalecer la producción interna permitirá garantizar la seguridad alimentaria, estabilizar los precios y proteger el poder adquisitivo de la población.
De no adoptarse medidas firmes y oportunas, los efectos inflacionarios podrían impactar de manera significativa a las grandes mayorías nacionales, profundizando las desigualdades existentes.
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