Centenares de manifestantes en Argentina exigen respuesta a una sola pregunta: “¿A qué viene Peter Thiel al país?”. En las últimas semanas, diversos grupos de defensa y colectivos ciudadanos se congregaron en las inmediaciones de la mansión en la que ahora habita el cofundador de Palantir para expresar su rechazo ante la supuesta influencia que tiene sobre una serie de nuevas políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. A juicio de los opositores, estas medidas permitirían a los millonarios del sector tecnológico apropiarse de tierras y recursos, evadir responsabilidades fiscales y comercializar servicios de inteligencia que podrían vulnerar la seguridad y la privacidad de los argentinos.
Considerado uno de los hombres más poderosos de Silicon Valley, Thiel adquirió una propiedad en Buenos Aires, donde vive junto con su familia desde abril pasado. La prensa internacional especula que el cambio de residencia responde al interés del empresario por establecer en territorio argentino una serie de negocios tecnológicos que, aunque en otros mercados han despertado inquietudes por sus implicaciones para la soberanía y el elevado consumo de determinados recursos, el gobierno de Milei está dispuesto a impulsar mediante diversas reformas legislativas.
Mujeres mapuche en la Patagonia argentina resisten la expansión de data centers de IA, proyectos que amenazan reservas de agua ya golpeadas por sequías, minería y fracking. Denuncian la falta de regulación y hacen un llamado a la población a defender los territorios.
“Thiel ha abandonado su hogar en California ante las exenciones de impuestos y las leyes que le ha prometido la Argentina de Milei, interesado en convertir la región patagónica en un campo experimental de inversiones y negocios tecnológicos. Y para ello está preparando un marco legislativo que incluye que se puedan constituir empresas controladas por la inteligencia artificial (IA), sin presencia humana”, señala un artículo publicado en La Vanguardia.
Las preocupaciones sobre la supuesta influencia del empresario estadounidense en la agenda legislativa argentina se intensificaron después de que trascendiera que Thiel, Milei y un funcionario vinculado con los servicios de inteligencia del Estado fueron convocados a una sesión en la Cámara de Diputados, en la que se discutió un paquete de reformas promovidas por el gobierno federal.
Aunque ninguno de los tres acudió a la convocatoria, la invitación despertó nuevas inquietudes sobre la posibilidad de que la administración de Milei esté impulsando modificaciones legales para favorecer los intereses de multimillonarios tecnológicos en Argentina, a costa de la integridad de diversos ecosistemas y del respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
¿Las políticas argentinas se ajustan a medida de Thiel y otros millonarios tech?
Uno de los principales puntos que genera preocupación es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. Se trata de un proyecto legislativo que pretende atraer inversiones superiores a los mil millones de dólares en sectores que actualmente no existen en Argentina. Entre ellos destacan la construcción de centros de datos para IA, además de la fabricación de baterías de litio, vehículos eléctricos, semiconductores, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos avanzados de biotecnología.
El régimen también contempla la creación de una nueva figura jurídica denominada “sociedad anónima autónoma”, destinada a agrupar entidades operadas íntegramente por agentes de IA o robots.
Los opositores aseguran que la iniciativa otorgaría beneficios fiscales y operativos extraordinarios durante 30 años, sin definir con precisión las actividades alcanzadas, sin una evaluación oficial de su impacto fiscal y sin establecer condiciones ambientales, productivas y tecnológicas verificables.
