EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo
En las últimas dos semanas, el Gobierno dominicano ha dispuesto aumentos consecutivos en los precios de los combustibles: RD$5.00 por galón en la primera semana y RD$10.00 en la segunda, acumulando un incremento de RD$15.00 por galón en gasolina y gasoil. Estas alzas se justifican en la volatilidad e inestabilidad de los precios internacionales del petróleo. En contraste, el gas licuado de petróleo (GLP) ha mantenido sus precios congelados. Sin embargo, estas medidas generan una presión inflacionaria adicional en un contexto de crecimiento económico débil.
Mientras en la República Dominicana se responde al alza internacional trasladando el costo al consumidor, en países como España se han implementado medidas de alivio, como la reducción de tarifas eléctricas y la congelación de los precios de los combustibles, como paliativo ante la crisis energética derivada del conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha afectado aproximadamente el 20% del transporte mundial de petróleo a través del estrecho de Ormuz, cuya operatividad se ha visto comprometida.
El incremento en los precios de la gasolina y el gasoil tiene efectos inmediatos en toda la estructura de costos de la economía. Se traduce en aumentos en el transporte de pasajeros, en los costos logísticos de bienes importados y nacionales, y en el precio final de los productos. Esto, a su vez, impacta directamente en la inflación y erosiona el poder adquisitivo de los hogares. Además, reduce los márgenes de ganancia de productores y comerciantes, afectando la dinámica del mercado interno.
Un elemento crítico en este escenario es la limitada capacidad de reservas de combustibles del país. La República Dominicana dispone de inventarios que cubren aproximadamente entre 30 y 45 días de consumo nacional, según informaciones del sector público y privado a marzo de 2026. Este nivel de almacenamiento resulta insuficiente para enfrentar choques prolongados en el suministro internacional.
De acuerdo con datos del Ministerio de Industria y Comercio, la capacidad de almacenamiento de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) alcanza unos 111.7 millones de galones, mientras que el consumo promedio mensual se sitúa en torno a los 88 millones de galones de los principales hidrocarburos. Aunque el sector importador reporta inventarios operativos cercanos a los 45 días —lo que evita una escasez inmediata—, el margen de maniobra sigue siendo limitado ante una crisis prolongada.
En términos operativos, Refidomsa importó en 2025 un total de 2,294,345 barriles de petróleo, un 7.32% más que en 2024, con un precio promedio de US$64.51 por barril. Este desempeño permitió generar beneficios superiores a RD$3,200 millones. A la luz de estos resultados, y considerando que para el 21 de marzo de 2026 el precio del barril West Texas Intermediate se situaba en US$98.32 y el Brent en US$112.00, surge la interrogante de si existe margen para amortiguar, al menos temporalmente, el impacto de las alzas internacionales en el mercado local.
En este contexto, el Gobierno podría evaluar la implementación de mecanismos de estabilización más equitativos, incluyendo la reducción temporal de márgenes de intermediación en la cadena de comercialización, con el objetivo de distribuir el impacto de los aumentos y evitar que recaiga de manera desproporcionada sobre los consumidores.
Si bien la volatilidad de los precios del petróleo podría ser transitoria, esta coyuntura debe servir como una señal de alerta. Es imperativo fortalecer la seguridad energética del país mediante el aumento de la capacidad de almacenamiento y una mayor inversión en la producción y refinación local. Extender las reservas estratégicas a más de tres meses sería una medida prudente frente a escenarios de alta incertidumbre internacional.
Finalmente, las políticas adoptadas hasta el momento evidencian ciertas asimetrías que podrían resultar contraproducentes en la lucha contra la inflación. Se hace necesario diseñar un plan integral de gestión de crisis que promueva una distribución más equilibrada de los costos, reduzca el impacto inflacionario y proteja el poder adquisitivo de la población.
De lo contrario, los incrementos sostenidos en los precios de los combustibles continuarán alimentando la inflación y profundizando las condiciones de vulnerabilidad económica de la nacion.
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