Nueva circular fija controles técnicos, financieros y de transparencia para operaciones contractuales del Estado dominicano
Santo Domingo.– La Contraloría General de la República estableció una nueva normativa que endurece y estandariza el proceso de cesión de contratos de obras, bienes y servicios en la administración pública, mediante la Circular IN-CGR-CIR-2026-0005, con vigencia a partir del 6 de julio de 2026.
La disposición, firmada por el contralor general Geraldo Espinosa, introduce lineamientos técnicos para garantizar el registro, trazabilidad, control financiero y transparencia en las cesiones contractuales realizadas por instituciones del Estado, en cumplimiento de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas.
De acuerdo con la circular, las cesiones solo podrán realizarse en casos excepcionales y bajo criterios de interés público, además de requerir un informe técnico previo que justifique la operación, incluyendo el estado físico y financiero del contrato antes de su aprobación.
Uno de los puntos centrales de la nueva regulación es la obligatoriedad de un contrato tripartito entre la entidad contratante, el contratista original (cedente) y el nuevo beneficiario (cesionario), con responsabilidad solidaria frente al Estado y reglas claras para la ejecución y los pagos.
Asimismo, las instituciones deberán verificar que el cesionario cumpla con los mismos requisitos técnicos, legales y financieros exigidos en la adjudicación original, y que esté debidamente registrado como beneficiario en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).
La Contraloría también ordena que cada cesión sea incorporada como una adenda al contrato original en el Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE Contrato), lo que permitirá identificar montos transferidos, saldos pendientes, garantías vigentes y responsabilidades de cada parte involucrada.
En materia de control financiero, los pagos deberán ser registrados en SIGEF a nombre del beneficiario correspondiente, con el fin de evitar duplicidades y fortalecer la trazabilidad de los recursos públicos.
La normativa establece además que las garantías contractuales deberán ser asumidas por el cesionario en proporción al monto transferido, preservando así la protección del interés del Estado durante la ejecución de los proyectos.
Según explicó la Contraloría, estas medidas buscan cerrar brechas en los procesos administrativos, mejorar la calidad de la información financiera y fortalecer la rendición de cuentas en las contrataciones públicas.
La circular aplica exclusivamente a las cesiones de contratos suscritas a partir del 6 de julio de 2026, mientras que las firmadas con anterioridad continuarán bajo el régimen vigente al momento de su aprobación.
