Sumido en una profunda crisis energética y económica y bajo presión de Estados Unidos, Cuba oficializa su mayor apertura a la inversión privada.
Un decreto del Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta Oficial de la República, dictaminó el reordenamiento de las actividades económicas permitidas para empresas estatales, pequeñas privadas cubanas, extranjeras y cuentapropistas, ampliando los ámbitos de actividad para el sector privado, en línea con el paquete de 176 reformas, aprobado en junio pasado para liberalizar y descentralizar la economía.
Uno de los cambios más sensibles es que, a partir de agosto, el Gobierno comunista de la isla permitirá la participación de empresas privadas y extranjeras en la extracción de petróleo y gas natural, aunque solo mediante concesión administrativa para «asociación económica y empresas mixtas nacionales y las modalidades de inversión extranjera».
En esa línea, las micro, pequeñas y medianas empresas (conocidas como mipymes) podrán administrar gasolineras, luego de recibir una autorización condicionada y con un socio estatal.
En tanto que la gran minería será permitida a capitales privados únicamente «mediante asociación económica e inversión extranjera».
Otra de las aperturas se da en el sector energético, acuciado por una situación crítica en la que se combinan factores históricos (un sistema eléctrico obsoleto y una falta crónica de inversión) con el bloqueo de EE. UU., agravado por el asedio petrolero desde enero.
En un país que este miércoles alcanzó el triste récord de tener sin luz al 74% del territorio en el momento de mayor demanda, el sector privado podrá, con autorización previa, participar de la transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
Con restricciones y «condicionada» a permisos correspondientes, los privados también podrán acceder a la fabricación de sustancias químicas y de productos farmacéuticos.
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Cubanos se esperanzan con el acceso de privados al sector de farmacias
De las 125 actividades que estaban prohibidas para el sector privado, la nueva normativa permite el acceso sin restricciones a 46 y flexibiliza las condiciones de operación de otras 35.
Las pequeñas y medianas empresas cubanas –que actualmente son más de 15.600 autorizadas a operar– podrán fabricar y ensamblar ciclomotores, motocicletas, triciclos, remolques y semirremolques; explotar terminales, estaciones ferroviarias, carreteras, peajes, puentes y túneles «mediante concesión administrativa, arrendamiento y demás derechos reales sobre activos estatales»; o sumarse al desarrollo de energías renovables, entre otras ramas.
Aunque la lista de sectores que permanecen bajo únicamente control estatal se redujo a 44 actividades, en ellas se incluyen la defensa, la educación formal (aunque se permiten guarderías, clases de idiomas y tutorías), la seguridad, las telecomunicaciones, el periodismo, el ámbito editorial, el comercio mayorista y el transporte marítimo internacional, de crucero y turístico.
Lo mismo ocurre con uno de los emblemas de la revolución castrista, la salud pública. La atención médica sigue habilitada solo para actores estatales y la actividad profesional y técnica en los servicios de salud «sigue estando regulada estatalmente».
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La gran novedad, sin embargo, es que mipymes, cooperativas no agropecuarias y firmas privadas podrán acceder a la gestión de servicios farmacéuticos, aunque cumpliendo los requisitos del Ministerio de Salud Pública, que incluyen contar con locales adecuados, personal cualificado, licencia operativa y medicamentos con registro sanitario.
María Luisa Pérez, una mujer de 77 años, le aseguró a la agencia AFP que le parece «bien» esa apertura porque «en la farmacia casi nunca hay medicamentos». «Cuando uno va a buscar, no hay, y entonces la gente los vende por la calle», afirmó.
Ana Diego, una cubana de 66 años que tuvo que volver a trabajar después de haberse jubilado, también consideró positivo el anuncio porque «todo el mundo sabe que en este momento nosotros estamos subsistiendo por las mipymes».
«Hay que buscar alguna solución, porque la realidad es que la gente está sin medicamentos, sin alimentos», subrayó.
Cuba hace equilibrio entre el control del Estado y la economía de mercado
Al abordar las nuevas regulaciones, los medios estatales recalcaron que amplían «de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados».
No obstante, la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara López Acea, señaló que estas medidas «no están yendo a la privatización de la economía» porque la empresa estatal comunista mantiene su «papel fundamental», y agregó que lo que se está haciendo es dar «más participación a los actores económicos no estatales».
Con una economía que se ha contraído un 15% entre 2020 y 2025 (por factores combinados como la pandemia, el endurecimiento de las sanciones de EE. UU. y las fallidas políticas monetarias y económicas), el gobierno de Miguel Díaz-Canel se vio empujado a encarar una apertura, frente a la asfixia aplicada por la Administración de Donald Trump y a la luz de la escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.
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En esa línea, la Asamblea Nacional del Poder Popular comenzó este miércoles una sesión ordinaria de dos días para estudiar proyectos de ley de reorganización administrativa, legislación laboral y descentralización de la economía, un paso meramente formal porque el legislativo cubano siempre aprueba por unanimidad las propuestas realizadas por el Gobierno y avaladas por el Partido Comunista, el único del país.
Uno de los más destacados se da en el sector agrícola, donde, si bien se mantendrá la propiedad estatal de la tierra, se prevé una ampliación significativa de las condiciones de usufructo para agricultores, cooperativas y empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.
Otro proyecto ligado a la vivienda propone ampliar el peso del sector privado en la construcción, habilitar a los cubanos a poseer hasta dos casas (hasta ahora solo podían una), permitirá las hipotecas y reconocerá derechos para cubanos residentes en el extranjero.
Además, se abordarán cambios propuestos en el paquete de 176 reformas, entre ellos, la autorización de mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluyendo la creación de banca privada; la entrada de «nuevos actores» en el sector turístico; el fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes); y la ampliación del rol del sector privado, la descentralización en la toma de decisiones y la dinamización en la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario.
Por otro lado, bajo la idea de reducir la burocracia estatal, uno de los proyectos aprobados por el Consejo de Ministros y bajo estudio de los asambleístas incluye reducir de 27 a 20 los organismos de la Administración central, fusionando o eliminando ministerios.
En tanto, una propuesta de Código del Trabajo incorpora nociones como la desconexión digital, el «empleo digno», el teletrabajo y la «corresponsabilidad familiar» para las prestaciones de maternidad al padre, así como el concepto de «pluriempleo». La reforma, sin embargo, deja fuera aspectos clave como el derecho a huelga y mantiene que los sueldos sigan siendo fijados por el Consejo de Ministros.
Con EFE y AFP
