Tras la entrega del Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional (CPI), el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó nuevas sanciones contra el órgano. La CPI rechazó enérgicamente las medidas, asegurando que «se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la misión para la que fue creada».
