Crónica de una muerte anunciada. El título del libro del fallecido escritor y Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, ya parecía describir el desenlace de dos cruciales votaciones en el Congreso de España.
Un desenlace que, además, podría desembocar en un adelanto electoral.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este viernes 2 de octubre un periodo de reflexión para examinar durante el fin de semana si convoca o no a elecciones anticipadas, según fuentes del Ejecutivo citadas por la prensa local.
Los ecos de comicios anticipados ya rodeaban las horas previas a la votación. Cuando se preveía el hundimiento de los dos decretos de vivienda, debido al ‘NO’ anunciado por las bancadas políticas de derecha: Partido Popular (PP) y Junts per Catalunya, así como el ultraderechista Vox, dirigentes del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) instaban a adelantar las votaciones generales. Sin alteraciones, el calendario electoral está programado para 2027.
«Huelga general ya»
Pero si finalmente se adelantaran los comicios, los ciudadanos irían a las urnas el próximo 29 de noviembre, ya que sería el primer domingo que permite la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).
Tras el resultado de esta votación en el Congreso, cientos de activistas en Madrid marcharon al grito de «huelga general ya». Quienes participan de una acampada en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, controlado por el PP, anunciaron que se mantendrán en las calles hasta lograr una solución a la crisis de vivienda.
Asimismo, los activistas anunciaron manifestaciones para este sábado 3 de octubre en unas 50 ciudades del país.
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Así transcurrieron las votaciones que hundieron los decretos de vivienda
Fue votación con desenlace incierto hasta el último momento. El pleno extraordinario del Congreso debatió los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros el pasado martes. Uno a uno los legisladores pasaron al podio para esbozar sus razones a favor o en contra de las medidas, mientras en las calles cientos de activistas mantenían–y mantienen–las movilizaciones con las que urgen a soluciones ante la escasez de vivienda y los altos precios que hacen que gran parte de la población gaste hasta el 80% de su salario en precios de alquiler. Comprar una vivienda propia es casi una tarea imposible para el común denominador de la ciudadanía en este país.
El resultado de la votación llegó como se preveía, los dos decretos fueron rechazados ante el voto en contra del opositor Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya. El primer decreto fue desaprobado con 172 votos a favor y 178 en contra, entre los 350 miembros que conforman el Congreso de los Diputados.
Pocos minutos después llegó la otra negativa. El segundo decreto obtuvo 166 sufragios a favor frente a 184 en contra.
El Gobierno decidió mantener la votación pese a la petición de Junts de retirar ambos decretos. El Ejecutivo remarca que las normas fueron elaboradas durante meses y que incorporan buena parte de las demandas planteadas por diferentes grupos parlamentarios.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pidió a Junts que cambiara su posición y, como mínimo, se abstuviera. Según Rodríguez, el Gobierno habría incorporado alrededor del 90% de las propuestas planteadas por la formación independentista catalana.
Pero sus llamados fueron en vano.
¿Qué contenían los dos decretos?
El primero concentra la mayor parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo: amplía la protección frente a los desahucios hasta 2030, introduce regulación sobre los alquileres de temporada y de habitaciones, limita hasta 2028 determinadas compras de vivienda por parte de fondos de inversión y grandes operadores y contempla una prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler.
El segundo decreto se centró fundamentalmente en la renovación automática de los contratos de alquiler, una medida concebida para evitar que determinados inquilinos queden sin protección al finalizar sus contratos.
La votación, por tanto, no se limitó a una única reforma: puso en juego un paquete de medidas destinado a intervenir sobre distintos puntos de una crisis que afecta al acceso a la vivienda, los alquileres y los procedimientos de desahucio.
Junts mantuvo el ‘no’ y presentó su propio texto
Horas antes de la votación, Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, confirmó que su grupo mantenía el rechazo a ambos reales decretos. La formación reclamó al Gobierno que retirara las normas y propuso continuar negociando para elaborar un nuevo texto «a puerta cerrada».
Junts entregó además a la ministra Isabel Rodríguez una propuesta alternativa de 59 páginas. Entre sus planteamientos figuran una prórroga extraordinaria pactada de los alquileres, modificaciones fiscales, medidas de protección para deudores hipotecarios y límites temporales a la adquisición de viviendas por parte de entidades financieras, fondos de inversión y grandes tenedores.
El documento contempla también medidas para suspender determinados lanzamientos promovidos por grandes operadores hasta finales de 2028, mecanismos contra los desahucios de personas vulnerables y avales estatales destinados a ampliar el parque de vivienda social o asequible.
La posición de Junts es, por tanto, distinta de la del Gobierno no tanto en la existencia de una crisis habitacional como en la respuesta legislativa que debe darse a ella. La formación sostiene que los decretos no frenan suficientemente la especulación y que trasladan a otras familias el coste de proteger a los hogares vulnerables.
El Gobierno buscó salvar las medidas
El Ejecutivo defendió hasta el último momento que los decretos representan una respuesta inmediata a una situación que considera urgente. Rodríguez ha apelado al conjunto de los grupos parlamentarios para evitar que las medidas decaigan.
El Gobierno también dirigió sus críticas al PP y Vox, tras anunciar su rechazo, mientras reclamaba a Junts que facilitara la aprobación de los textos.
En paralelo, otros grupos pidieron a Junts que reconsiderara su posición. ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y Coalición Canaria cuestionaron que la formación catalana mantuviera unas exigencias que consideran difíciles de conciliar con la necesidad de sacar adelante alguna respuesta legislativa.
El PP, por su parte, mantuvo su oposición a los decretos y criticó al Gobierno por llevarlos al pleno pese a no contar con los apoyos suficientes.
De Maricarmen a una protesta nacional: Sol mantiene la acampada mientras el Congreso vota
La crisis política de esta semana tiene un detonante concreto: el caso de Maricarmen Abascal, de 87 años.
La mujer fue desahuciada el 23 de septiembre del piso del distrito madrileño de Retiro en el que había vivido durante más de siete décadas. El caso se convirtió rápidamente en un símbolo de la tensión que existe alrededor de los alquileres, los grandes propietarios y la protección de las personas vulnerables. Finalmente, Maricarmen pudo regresar a la vivienda tras un acuerdo con la empresa propietaria, con la intermediación del Ayuntamiento de Madrid.
Pero la movilización que siguió al caso no se explica únicamente por ese desahucio. Las organizaciones de inquilinos llevan años denunciando el encarecimiento de los alquileres, las dificultades de acceso a la vivienda y el desplazamiento de residentes de determinados barrios.
El episodio de Maricarmen funcionó, así, como catalizador de un malestar acumulado durante años y contribuyó a llevar la cuestión de la vivienda al centro del debate político nacional.
La Puerta del Sol continúa siendo el principal escenario de la movilización en Madrid. La acampada comenzó el pasado sábado, después de una manifestación por el acceso a la vivienda, y este viernes alcanza su séptimo día.
Centenares de personas se desplazaron este viernes desde Sol hacia el Congreso para reclamar la aprobación de los decretos. La Policía Nacional estableció un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores de la Cámara y se restringió el tráfico en las calles próximas.
La protesta no se limita a Madrid. Se han producido movilizaciones y acampadas en otras ciudades españolas y hay nuevas manifestaciones convocadas durante el fin de semana. Algunas organizaciones han llegado a plantear una huelga general por la vivienda si las medidas son rechazadas.
La acampada de Sol se mantiene como símbolo de una protesta que pretende trascender la votación de este viernes. Sus organizadores han planteado convertir la movilización puntual en una organización permanente en barrios y comunidades de vecinos.
Una crisis que va más allá de esta votación
El resultado del pleno determinará el futuro inmediato de los dos decretos, pero no resolverá por sí mismo la crisis de vivienda que los ha llevado al Congreso.
La disputa enfrenta distintas propuestas sobre cómo aumentar la oferta, proteger a los inquilinos, limitar determinadas operaciones especulativas y distribuir el coste de las políticas de vivienda entre propietarios, administraciones y grandes operadores.
Para el Gobierno, los decretos constituyen una respuesta urgente a una presión social que ya no puede ignorarse. Para Junts, PP y Vox, los textos no ofrecen una solución adecuada y deben ser rechazados, aunque sus argumentos y alternativas difieren entre sí.
Mientras los diputados votaban en Madrid, la presión continaba fuera del Parlamento. El caso de una mujer de 87 años terminó convirtiéndose en el detonante de una movilización que ha colocado una cuestión acumulada durante años —quién puede acceder a una vivienda y bajo qué condiciones— en el centro de la agenda política española.
Con medios locales y EFE
