Un mes después de convertirse en el primer expresidente del Gobierno español acusado por la Justicia, José Luis Rodríguez Zapatero compareció este miércoles 17 de junio ante un juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el marco de la investigación por una trama que mezcla tráfico de influencias, organización criminal, lavado de dinero, falsedad documental y, más recientemente, en una pieza separada del mismo caso, delito fiscal y contrabando.
El acusado negó ante el tribunal haber ejercido influencia alguna a favor de la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021, aprobada por el Ejecutivo del Partido Socialista en el marco de las medidas de emergencia por la pandemia del Covid-19. El caso sacude a la bancada política del oficialismo, que tiene a Zapatero como uno de sus máximos referentes.
La investigación en su contra apunta a la existencia de una supuesta «estructura estable y jerarquizada» liderada por Zapatero, dedicada a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante organismos públicos.
El expresidente del Gobierno reconoció que mantuvo vínculos con los directivos de la aerolínea, pero rechazó que esos contactos derivaran en cualquier interlocución ante las instituciones del Estado.
En línea con lo manifestado tras conocer su imputación a mediados de mayo, Zapatero explicó este miércoles ante el juez que solo hacía trabajos de consultoría para Análisis Relevante, una compañía que cobró a Plus Ultra miles de euros por una asesoría en tiempos en los que la aerolínea perseguía el rescate financiero.
Esa misma empresa, según el sumario de la causa judicial, habría pagado a Zapatero 490.780 euros y 239.755 euros más a What The Fav, una agencia de publicidad y marketing constituida por las hijas del expresidente del Gobierno.
El líder socialista describió un contacto mínimo con Análisis Relevante, de propiedad de su amigo y también investigado Julio Martínez Martínez, que la investigación señala como la empresa que habría servido de medio para canalizar las presuntas mordidas.
Zapatero detalló que su labor estaba enfocada en la consultoría en asuntos internacionales, sobre todo acerca de países de Latinoamérica. Además de elaborar informes, mantenía reuniones con clientes a los que asesoraba sobre este continente y acerca de inversiones, gracias a su conocimiento de política internacional, una labor que también desempeñaba para la empresa Inteligencia Prospectiva, según señaló él mismo.
En paralelo, el expresidente socialista negó tener cuentas en Dubái o alguna sociedad offshore, como sostiene la acusación al culparlo de esconder el dinero en empresas fachada.
En un comunicado de cuatro párrafos filtrado a la prensa después de su comparecencia, Zapatero reveló que presentó ante el tribunal «una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad directa o indirecta».
El exlíder socialista apeló a la confianza de la ciudadanía en su escrito de defensa. «He estado 29 días en silencio preparando este momento y los que vendrán (…) No tengan ninguna duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas».
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El investigado accedió a la sede judicial a pie por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, como había solicitado la Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad. Decenas de periodistas y civiles que arengaron contra Zapatero se agolparon a las afueras del tribunal, blindado por un robusto esquema de seguridad.
Zapatero contestó a las preguntas del juez y de su abogado, Víctor Moreno. En uso de su derecho a no prestar declaración, a no contestar algunas de las preguntas formuladas y a no declarar contra sí mismo, se negó a responder a las cuestiones planteadas por la Fiscalía Anticorrupción.
El juez rechaza las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción —respaldada por las acusaciones populares que coordina el opositor Partido Popular y la agrupación Ciudadanos— solicitó al juez José Luis Calama que ordene la confiscación de «los pasaportes» de José Luis Rodríguez Zapatero, que le prohíba salir de España y que le ordene comparecer cada 15 días ante el juzgado, al advertir un supuesto riesgo de fuga.
La presencia de las ocho acusaciones populares en sala de la Audiencia Nacional fue unificada en el letrado del Partido Popular, Alberto Durán.
El abogado mencionó que cuatro organizaciones que integran la acusación popular —las formaciones de extrema derecha Hazte Oír, Iustitia Europa, Liberum y el partido ultraderechista Vox— reclaman la prisión provisional para Zapatero.
Sin embargo, el magistrado descartó cualquier medida cautelar contra el expresidente del Gobierno al remarcar que es una persona de pública notoriedad, una circunstancia que, a su juicio, «dificulta de manera evidente» que pueda huir de la Justicia.
Eso sí, el juez Calama admitió que las declaraciones de Zapatero «no han logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad» en su contra.
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Delito fiscal y contrabando por joyas valoradas en 1,3 millones de euros
El origen de la causa judicial contra Zapatero es el llamado “caso Plus Ultra”, una causa que inicialmente nació como una investigación sobre presunto blanqueo de capitales y que ha terminado derivando en una supuesta red de influencias políticas y empresariales.
El sumario de ocho tomos sostiene que la supuesta trama fue posible gracias a los «contactos institucionales y empresariales de alto nivel» de Zapatero, que sirvieron para forzar decisiones y ventajas a favor de terceros, concretamente Plus Ultra.
Las comisiones cobradas por esa intermedicación fluían hacia las cuentas de Zapatero a través de empresas opacas, creadas por socios o familiares.
Pero a las acusaciones por el rescate de Plus Ultra, el juez sumó posteriormente una imputación por delito fiscal y de contrabando después de que la Policía hallara en la caja fuerte de la oficina de Zapatero casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros. Por ese motivo, el magistrado Calama abrió una pieza judicial separada.
Entre los elementos incautados por la Policía durante un registro a la sede del Partido Socialista (PSOE) hay un collar de 278.000 euros de oro blanco —con diamantes y esmeraldas— y otro collar valorado en 220.000 euros —que tiene trece zafiros originales de Tailandia—.
Zapatero, que inicialmente atribuyó las joyas a herencias de su madre y su suegra, no se pronunció este miércoles sobre ese tema, tras alegar que necesitaba más tiempo para preparar su defensa.
Con EFE y medios locales
