Estudio revela reducción de 10% en tiempos de fallos pero persisten retos de demora
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) socializaron en Santo Domingo los resultados del estudio titulado “Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana”. La investigación reveló que la duración promedio de los asuntos fallados se redujo un 10 % entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026, pasando de 80.9 a 72.7 días hábiles.
Sin embargo, el informe advierte que para el 51.79 % de los encuestados el litigio impidió iniciar un negocio o vender una propiedad, evidenciando la necesidad de priorizar reformas que mitiguen las deficiencias judiciales que afectan a empresas, especialmente a las MIPYMES, y al patrimonio ciudadano.
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Repercusiones económicas y plazos en los tribunales
Los hallazgos del documento evidencian el profundo impacto financiero de los procesos legales extendidos en el país. De acuerdo con las encuestas del estudio, el 52.6 % de los usuarios declaró haber interrumpido sus labores de trabajo debido a los procesos judiciales, mientras que un 48.7 % postergó o modificó decisiones de vida o de índole patrimonial. El análisis cualitativo enfatiza que las empresas pequeñas poseen un menor margen financiero y organizacional para resistir las dilaciones de procesos prolongados en el tiempo.
Por otra parte, la investigación determinó que solo el 42.06 % de los asuntos evaluados se falló dentro del plazo legal de referencia establecido. Al desglosar las demoras por categorías, las cortes de apelación registraron una duración promedio de 148 días hábiles.
Asimismo, por área de materia, los asuntos de carácter inmobiliario alcanzaron un promedio de 165 días hábiles durante el lapso de tiempo analizado. El informe detectó además marcadas dificultades en la ejecución de las decisiones de los tribunales, lo cual prolonga los costos económicos incluso después de haberse dictado el fallo definitivo.
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Metodología y propuestas para el Poder Judicial
Frente a esta realidad, el presidente de ANJE, Boris De León Reyes, y el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito, destacaron que el estudio provee evidencia clave para diseñar políticas judiciales que respondan a los sectores productivos.
El sustento metodológico de la investigación, realizada por un equipo de investigadores de Grupo Pareto bajo el liderazgo del economista Rolando M. Guzmán, junto al equipo técnico de la ENJ y de ANJE, conllevó el análisis cuantitativo de 769,823 asuntos fallados entre enero de 2025 y junio de 2026, además de entrevistas dirigidas a expertos y abogados, y una encuesta a 230 personas con procesos concluidos.
Ante tales resultados, ANJE planteó cuatro prioridades esenciales para la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial. La primera propone aplicar una gestión diferenciada por materia y territorio, enfocada en la Jurisdicción Inmobiliaria y las cortes de apelación. La segunda sugiere fortalecer el sistema de ejecución de las decisiones judiciales.
La tercera plantea mejorar la calidad de los registros para medir con exactitud la duración real de los casos. Finalmente, la cuarta prioridad insta a impulsar servicios digitales y mecanismos alternativos de resolución de conflictos que sean totalmente accesibles para las mipymes dominicanas.
