El Congreso de Bolivia aprobó la ampliación del estado de excepción por 90 días, una medida que había sido decretada por el presidente Rodrigo Paz. Este marco legal restringe el derecho a protestar y permite la movilización de militares para mantener el orden público, algo indispensable para evitar los bloqueos viales y proteger la economía, según insistió la Administración. El decreto original entró en vigor el 20 de junio, tras más de 50 días de protestas y bloqueos de carreteras protagonizados por campesinos, indígenas y otros sectores.
