Carles Puigdemont puede volver a España. Casi nueve años después de abandonar Cataluña tras el intento de independencia de 2017, el expresidente de la Generalitat quedó este martes mucho más cerca de regresar al país después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación y el Tribunal Supremo levantara la orden nacional de detención que pesaba sobre él.
La decisión del Constitucional fue adoptada por siete votos frente a cinco y tiene como punto de partida el recurso presentado por la exconsejera catalana Dolors Bassa. El tribunal de garantías consideró que la interpretación realizada por el Supremo sobre la malversación no se ajustaba a la finalidad de la ley de amnistía y fijó una doctrina que alcanza a otros dirigentes independentistas afectados por el mismo delito.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
Menos de una hora después, el magistrado del Supremo Pablo Llarena dejó sin efecto las órdenes nacionales de busca y captura y detención contra Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. La medida elimina el principal obstáculo judicial que impedía al expresidente catalán regresar a España.
El levantamiento de la orden no significa, por sí solo, que todos los trámites de la amnistía hayan concluido. Pero sí cambia de manera sustancial la situación de Puigdemont: ya no existe una orden nacional que permita detenerlo al regresar a España.
Nueve años después del intento de independencia
Puigdemont era presidente de la Generalitat cuando el Parlamento catalán aprobó, en octubre de 2017, una declaración unilateral de independencia que nunca llegó a hacerse efectiva.
Días después abandonó España junto a otros dirigentes independentistas y se instaló en Bélgica, mientras la Justicia española avanzaba contra los responsables del proceso secesionista.
Desde entonces, su regreso se convirtió en uno de los asuntos centrales de la política española. Puigdemont volvió brevemente a Barcelona en agosto de 2024 para participar en un acto político, pero abandonó nuevamente el país antes de ser detenido. Desde entonces permaneció en Bélgica.
La situación comenzó a cambiar con la aprobación de la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y respaldada en el Congreso por Junts, el partido de Puigdemont. La aplicación de la norma al delito de malversación había quedado bloqueada por la interpretación del Tribunal Supremo, que entendía que ese delito no podía quedar cubierto por la amnistía en determinados supuestos.
El Constitucional acaba de corregir ese criterio.
Leer tambiénPuigdemont denuncia a España ante la Comisión Europea por incumplir la ley de amnistía: ¿qué pasará ahora?
“La amnistía no es perdón, es justicia”
La decisión provocó reacciones inmediatas en Cataluña y en el resto de España.
El presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, fue uno de los primeros dirigentes en pronunciarse. “El tiempo nos ha dado la razón; Cataluña avanza”, escribió en redes sociales.
En Junts, la reacción fue mucho más contundente. Su secretario general, Jordi Turull, celebró el levantamiento de la orden de detención y calificó la resolución judicial como una victoria del independentismo. “La amnistía no es perdón, es justicia”, afirmó.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
Turull también sostuvo que la decisión no supone el cierre del conflicto entre Cataluña y España. “La amnistía no es pasar página, el conflicto político entre Cataluña y España sigue”, señaló, al tiempo que describió el fallo como una “enmienda a la totalidad” a quienes defendieron una respuesta represiva frente al independentismo.
Desde Esquerra Republicana, su presidente, Oriol Junqueras, también celebró la decisión y la definió como una “victoria del independentismo y la democracia”. Para el dirigente republicano, el levantamiento de las órdenes de detención devuelve el conflicto al terreno político después de años de judicialización.
Puigdemont, que continúa en Waterloo, Bélgica, tiene previsto realizar una declaración institucional para valorar las decisiones de los tribunales.
Sánchez celebra el fallo y el PP vuelve a cargar contra la amnistía
El Gobierno español recibió la decisión de forma opuesta a la principal fuerza de la oposición.
Pedro Sánchez defendió el fallo del Constitucional y volvió a reivindicar la estrategia que su Ejecutivo adoptó frente al conflicto catalán. “Con ello ayudamos a la sociedad catalana”, afirmó el presidente, que insistió en que la crisis catalana debía resolverse “desde la política”. También recordó su respaldo tanto a la ley de amnistía como a los indultos concedidos anteriormente a dirigentes independentistas.
El Partido Popular, en cambio, cuestionó la decisión política que permitió aprobar la amnistía.
Su líder, Alberto Núñez Feijóo, dijo que respeta el criterio del Tribunal Constitucional, pero volvió a atacar la ley impulsada por Sánchez. “Vender favores a cambio de poder debe castigarse en las urnas”, escribió en redes sociales. Feijóo calificó además la amnistía como “otro engaño más de Sánchez”.
El cruce adquiere una dimensión adicional porque España se encamina a las elecciones generales del 29 de noviembre. La cuestión catalana, que había perdido peso en la agenda política española respecto de los años posteriores al referéndum de 2017, vuelve así al centro de la campaña.
Un regreso con impacto electoral
El posible retorno de Puigdemont se produce en un momento especialmente sensible para la política española.
Junts fue decisivo para la investidura de Sánchez en 2023 y obtuvo a cambio, entre otras condiciones, la aprobación de la ley de amnistía. Pero la relación entre ambas fuerzas se deterioró durante los últimos meses y Junts dejó de respaldar buena parte de las iniciativas del Gobierno en el Congreso.
La ruptura parlamentaria contribuyó a acelerar la convocatoria de elecciones anticipadas para noviembre, en un escenario en el que el Partido Popular aparece como primera fuerza en los sondeos y en el que Junts puede volver a desempeñar un papel relevante en la formación de mayorías.
Leer tambiénInforme desde Madrid: Junts rompe relaciones con Gobierno Sánchez y pasa «a la oposición»
Ahora, la eventual vuelta de Puigdemont introduce un nuevo elemento en esa campaña. El dirigente independentista podrá regresar a España después de casi una década y hacerlo precisamente cuando los partidos se preparan para disputar unas elecciones que pueden redefinir el equilibrio político del país.
Su regreso, sin embargo, todavía no tiene fecha. Lo que cambió este martes es algo más concreto: la orden judicial que durante nueve años impedía su vuelta ya no está vigente dentro de España.
