La ofensiva legal de Donald Trump para blindar las opciones republicanas en las midterms no marcha según el plan. Este 31 de octubre, en dos estados donde el presidente ha iniciado acciones para cuestionar resultados electorales, sus esfuerzos parecen comenzar a desbaratarse.
En Alaska, Trump instruyó al Departamento de Justicia para bloquear mediante una demanda judicial la certificación de la candidata demócrata Mary Peltola si llega a ganar, argumentando que la presencia en la papeleta de un postulado homónimo del republicano Dan S. Sullivan podía causar confusión en los electores.
El 29 de octubre, un artículo del ‘New York Times’ pareció darle la razón al presidente, al revelar que asesores de Peltola se unieron a abogados de campaña y a miembros del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC) para reclutar candidatos que pudieran desviar los votos de Dan S. Sullivan en su esfuerzo de reelección.
Eso dio pie al Departamento de Justicia para pedir nuevas citaciones y alistar medidas como la preservación de pruebas y registros (incluyendo la confiscación de boletas con votos para el segundo Dan Sullivan), a pesar de que tanto Peltola como el nominado independiente niegan haberse coludido para tratar de confundir al electorado.
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El fiscal principal del Departamento de Justicia en Alaska, el fiscal federal Michael Heyman, dijo en una rueda de prensa el 30 de octubre que el artículo había dado pie a un “aumento de recursos” por parte del FBI para atender el caso y que varios acusadores habían sido asignados para adelantar la investigación «de forma intensa y rápida».
Sin embargo, el esfuerzo no parece ser respaldado por el gobierno estatal de Alaska, en manos del republicano Mike Dunleavy.
La oficina del fiscal general del estado instó a la jueza a cargo del caso, Sharon L. Gleason, a desestimar la demanda, a través de un escrito en el que sostuvo que «no hay razón para que este Tribunal siga aceptando esta demanda sin fundamento”.
El recurso de Departamento de Justicia pretende demorar la certificación de Peltola hasta que se determine si hubo o no confusión de los votantes al momento de distinguir entre Dan S. Sullivan y Daniel J. Sullivan Jr.
Perturbador e imposible
Expertos legales han fustigado la demanda y en su escrito de este sábado, la fiscalía del estado apuntó que era «tanto perturbador como imposible» considerar una confiscación de boletas, que implicaría la violación de la privacidad de los electores.
El despacho local añade que es imposible confundir a los postulados, considerando que uno aparece identificado como republicano y titular (en funciones) y el otro como independiente, agregando que «los funcionarios estatales diseñaron cuidadosamente la papeleta para minimizar la confusión de los votantes».
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Pero incluso los propios electores que han optado por el voto anticipado niegan la posibilidad de no distinguir la identidad de los dos postulados.
«Sabía cuál era Dan Sullivan, qué Dan Sullivan, ¿sabes? Está muy claro en la papeleta», le dijo a la agencia Reuters Mickey Buster, de 36 años, residente de Anchorage.
Grupos de defensa de los derechos del voto también se han opuesto a la persecución del Departamento de Justicia contra las elecciones de Alaska.
«Imagina que el ejecutivo federal pudiera extraer unas palabras como ‘integridad electoral’ de algún preámbulo legal y, solo con esa base, doblar la maquinaria de las elecciones estatales a su voluntad, bloqueando preventivamente la certificación de una elección al Senado de EE.UU. para proteger a su candidato preferido de la derrota y luego sometiendo a los votantes a una investigación liderada por las fuerzas del orden sobre a quién ‘realmente’ apoyaron”, escribió en un comunicado la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Nombres que no aparecen
Mientras tanto en California, se debilita la batalla de la Administración Trump contra 20.930 nombres de electores que supuestamente no son elegibles para votar, pero aparecen inscritos en los registros.
El Departamento de Justicia ha exigido a funcionarios electorales del estado que consideren a los incluidos en ese listado (que supuestamente no son ciudadanos) como potenciales votantes ilegales y por lo tanto anulen sus papeletas. Además, ha amenazado con procesar a aquellos que se nieguen a tomar acciones en este sentido.
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Sin embargo, varios jueces han fallado en contra de esas solicitudes, negando la invalidación preventiva de las boletas y prohibiendo al Gobierno federal intimidar a los funcionarios electorales para condicionar su trabajo, ante lo cual Trump se preguntó “¿por qué rechazarían arreglar el fraude electoral?».
La propia lista tiene sus propias imprecisiones. Analistas del Proyecto de Derechos Electorales de la Universidad de California determinaron que 8.880 de los nombres contenidos en ella (correspondientes al 42% de los señalados por el Departamento de Justicia) ni siquiera aparecen en los registros electorales de California.
Además, el estudio halló que al menos 22 de los incluidos son en realidad ciudadanos estadounidenses y la cantidad real podría ser mucho mayor, con lo que la demanda del Departamento de Justicia “pone en peligro a un número significativo de votantes elegibles en California”, de acuerdo con las conclusiones de los analistas.
El gobernador de California, Gavin Newson, difundió este 31 de octubre una comunicación en la que advirtió de que los jueces federales deben estar alertas ante órdenes de registro cuyo propósito sería interferir en el «recuento legal de papeletas y certificación de los resultados de las elecciones».
«Dada la persistencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos en avanzar esta teoría infundada de responsabilidad penal, me preocupa seriamente que los agentes federales soliciten órdenes de registro para incautar papeletas y materiales antes de que se certifiquen los resultados electorales», escribió Newsom.
Con AP y Reuters
