Días antes de que Jesse Van Rootselaar entrara armada a una escuela en Tumbler Ridge, Canadá, para desencadenar un tiroteo, la joven de 18 años había estado pidiendo consejos a ChatGPT para ejecutar la masacre. Aunque su cuenta fue desactivada, la empresa tecnológica no alertó a la Policía sobre el contenido de los chats y Van Rootselaar logró obtener una nueva cuenta para continuar con la planificación del ataque, según las pruebas policiales. La matanza se perpetró el 10 de febrero de 2026 con la muerte de nueve personas, incluida la tiradora.
«Lo que alegamos en nuestra demanda es que OpenAI sabía que estaban ocurriendo cosas graves en ese chat y no lo denunció»
Por estos hechos, el estado canadiense de Columbia Británica demandó el lunes 22 de septiembre a OpenAI en California, bajo el argumento de que el tiroteo masivo podría haberse evitado si la empresa hubiese advertido a las fuerzas del orden locales del uso de ChatGPT con fines de violencia armada.
La demanda pretende «que OpenAI rinda cuentas y cambie su forma de actuar», señaló la fiscal general de Columbia Británica, Niki Sharma, quien había anunciado el pasado julio la voluntad de llevar al gigante tecnológico ante los tribunales. «Lo que alegamos en nuestra demanda es que OpenAI sabía que estaban ocurriendo cosas graves en ese chat y no lo denunció», remarcó.
La administración de la provincia canadiense solicita además una indemnización para cubrir los gastos de la recuperación tras el tiroteo, que incluyen la demolición de la escuela donde tuvo lugar el ataque, la construcción de un nuevo centro educativo, la atención psicológica de las víctimas, entre otros.
La demanda presentada por la Columbia Británica surge después de que más de 30 familiares de las víctimas y otros afectados se querellaran contra OpenAI ante un tribunal federal de California, bajo la misma acusación de inacción para prevenir el tiroteo.
La empresa solicitó que se desestimen las demandas familiares bajo el argumento de que cualquier acción legal relacionada con el tiroteo debe tramitarse en Columbia Británica. Preguntada por esta cuestión, la fiscal Sharma remarcó que la decisión de OpenAI de no notificar sobre los chats de Van Rootselaar «se tomó en California».
La joven transgénero disparó a su madre y a su hermanastro en su casa antes de desplazarse a su antigua escuela, donde asesinó a una auxiliar docente y a cinco estudiantes de 12 y 13 años. Finalmente, se suicidó con la misma arma.
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Reconocimiento de la culpa
La acusación judicial, presentada ante un tribunal federal de San Francisco, nombra como demandados a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, quien publicó en abril una carta en la que lamentó «profundamente no haber alertado a las fuerzas del orden».
Altman señaló entonces que, según las directrices de seguridad actualizadas en junio de 2025, esa cuenta se habría denunciado a la policía.
Drew Pusateri, portavoz del titán tecnológico, definió el tiroteo de Tumbler Ridge como una tragedia «indescriptible» y remarcó el compromiso de OpenAI «de trabajar en colaboración con funcionarios gubernamentales y policiales, y de seguir avanzando en materia de seguridad».
Altamn prometió reformas, pero nunca las llevó a cabo, a pesar de los esfuerzos de diálogo de la fiscal general de la Columbia Británica, Niki Sharma, según consta en la demanda.
Las interacciones de Van Rootselaar con ChatGPT fueron identificadas por primera vez por la compañía en junio de 2025, ocho meses antes del tiroteo. Los miembros del equipo de seguridad recomendaron contactar a la Policía, pero Altman y otros líderes de OpenAI desestimaron la recomendación, según la demanda, que cita a denunciantes de OpenAI que hablaron con ‘Wall Street Journal’ tras el tiroteo.
Después de la publicación del artículo en el periódico neoyorquino, la empresa detalló que la cuenta había sido identificada por sistemas que alertan de «usos indebidos» de la plataforma «para fomentar actividades violentas», pero que el caso no cumplía con los criterios internos para ser denunciado a las autoridades.
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¿La IA es responsable?
El caso judicial abierto en California por la masacre de Tumbler Ridge no constituye el único intento de un gobierno por llevar a OpenAI a los tribunales de EE. UU. por temas relacionados con la violencia armada.
Florida se convirtió en junio en el primer estado en demandar a OpenAI por riesgos de seguridad, acusando a la compañía de presentar información engañosa sobre la seguridad de su plataforma ChatGPT, que, según la demanda, ha perjudicado a los niños al proporcionar información a autores de tiroteos escolares, ofrecer orientación sobre autolesiones y crear adicción en los jóvenes usuarios.
En mayo de 2026, la familia de Tiru Chabba, un trabajador de la Universidad Estatal de Florida asesinado en un tiroteo, presentó una demanda federal en Florida contra OpenAI y el presunto autor, Phoenix Ikner, quien preguntó a ChatGPT sobre cómo operar un arma o cuándo había más gente en el campus para maximizar las víctimas, según los registros de la plataforma revelados por la Policía.
OpenAI, que rechaza las acusaciones, sostiene que entrena a sus modelos para rechazar las solicitudes que puedan «facilitar de manera significativa la violencia» y notifica a las fuerzas del orden cuando las conversaciones sugieren «un riesgo inminente y creíble de daño a terceros».
Con Reuters, AFP y medios locales
