Los abogados de 15 residentes de Minnesota acusados de conspiración a nivel federal han obtenido pruebas de una operación de espionaje a gran escala, y posiblemente inconstitucional, llevada a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra movimientos sociales de izquierda en Minnesota y más allá.
El sonado proceso judicial contra los “15 de Minnesota” deja claro que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dotado de abundantes fondos federales y personal recién contratado, es ahora la principal herramienta del presidente Donald Trump contra la disidencia. Cuenta con un poderoso arsenal de facultades de investigación posteriores al 11-S que se emplean contra ciudadanos estadounidenses corrientes que se organizan en sus comunidades.
Desde los 70
Según los expertos, no se había visto nada de esta magnitud en Estados Unidos desde la campaña de contrainsurgencia del gobierno federal contra la Nueva Izquierda y el movimiento contra la guerra en las décadas de 1960 y 1970.
Entre los documentos revelados durante el proceso de presentación de pruebas en estos casos se encuentran docenas de informes, transcripciones de audio, correos electrónicos, chats interceptados de Signal, fotografías, consultas a bases de datos y mucho más. Estos revelan el funcionamiento interno de las investigaciones sobre terrorismo interno, llevadas a cabo bajo los nombres de “Proyecto Whipple Shield” y “Operación Puppet Master”, autorizadas por el polémico Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional Nº 7 (NSPM 7).
Publicado tras el asesinato de Charlie Kirk en septiembre del año pasado, el NSPM 7 ordena a las fuerzas del orden federales que utilicen todas las herramientas a su alcance contra las organizaciones y personas que critiquen las políticas de la administración y defiendan ideas “anticristianas”. Se desconoce aún el alcance y la magnitud totales de las investigaciones que autoriza.
Los abogados defensores de los “15 de Minnesota” aseguran que la acusación se deriva de una operación de vigilancia a escala nacional más amplia dirigida contra los opositores a las políticas de inmigración de la administración Trump. Uno de los abogados del caso compara directamente la campaña dirigida por el DHS con el infame Programa de Contrainteligencia del FBI, o COINTELPRO, que, de forma inconstitucional, vigiló, se infiltró y chantajeó a los movimientos por la justicia racial, los derechos civiles y contra la guerra desde la década de 1950 hasta principios de la de 1970.
Más de lo que se ve
Tres antiguos funcionarios de las fuerzas del orden que han revisado los documentos presentados coinciden en ello y han declarado a WIRED que el caso forma parte, casi con toda seguridad, de una operación más amplia de recopilación de información que comenzó mucho antes de que la administración invadiera Minnesota en diciembre de 2025.
Las mociones contrapuestas en el caso sobre la revelación del programa de vigilancia del DHS revelan que el personal de Investigaciones de Seguridad Nacional (uno de los dos componentes del ICE) reutilizó mecanismos de financiación y herramientas de investigación destinados a investigaciones de delitos graves y los dirigió contra disidentes nacionales. La “Operación Keyhole”, el programa encubierto de HSI que financió el proceso judicial contra los “15 de Minnesota”, se remonta a 2008. En junio de 2026, financiaba media docena de investigaciones encubiertas activas en el área de Minneapolis-Saint Paul.
Alrededor de 120 agentes de HSI, muchos de ellos procedentes de unidades especializadas de todo el país que han constituido la vanguardia de las operaciones militarizadas de control de la inmigración del Gobierno, fueron asignados al caso, incluidos 11 agentes encubiertos. Utilizaron técnicas de vigilancia altamente invasivas, incluido el despliegue de drones Reaper y herramientas de la Ley Patriota que suelen estar restringidas a investigaciones de blanqueo de capitales y terrorismo. Los agentes encubiertos también se infiltraron en iglesias, en lo que parece una violación de una orden judicial.
