El 3 de diciembre, Estados Unidos podría vivir un acontecimiento que el país no experimentaba desde hace 90 años: el regreso de una ejecución pública en su territorio.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó su intención de retransmitir en directo la muerte por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, condenado a la pena capital por haber perpetrado una matanza en la base militar de Fort Hood en 2009.
Aluvión de críticas
«La gente debe entender que este tipo de actos conlleva graves consecuencias», declaró Hegseth para justificar su decisión de restablecer las ejecuciones públicas.
De confirmarse, el fusilamiento de Nidal Malik Hasan ante las cámaras no tendría precedentes desde el ahorcamiento público de Rainey Bethea en Kentucky en 1936. Ese hombre afroamericano, condenado por violación, fue ejecutado ante una multitud de entre 10.000 y 20.000 personas, según las fuentes.
Este retorno a una práctica abandonada hace tanto tiempo en Estados Unidos ha desatado un aluvión de críticas, tanto de demócratas como de republicanos.
«El Pentágono debe anular esta decisión de inmediato. Podemos hacer justicia en este país sin glorificar la violencia ni convertir una ejecución en un espectáculo público grotesco», expresó, indignada, la senadora demócrata Patty Murray.
«Estoy a favor de la pena de muerte, especialmente para los terroristas [como está considerado Nidal Malik Hasan en Estados Unidos]. Pero me parece tóxico para la sociedad retransmitirla en directo», comentó Alyssa Farah Griffin, exportavoz del Departamento de Defensa al final del primer mandato de Donald Trump en 2020.
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En el plano político, Pete Hegseth retoma «la justificación tradicional utilizada por las autoridades cuando las ejecuciones aún eran públicas: prevenir el delito infundiendo miedo en la población», explica Emma Long, especialista en cuestiones constitucionales y derecho estadounidense de la Universidad de East Anglia, en Norwich (Inglaterra).
Sin embargo, este argumento había sido abandonado históricamente por abrir la puerta a situaciones peligrosas, añade la experta. «Es la misma lógica que permite justificar el uso de la tortura y hacer que las ejecuciones públicas sean lo más dolorosas posible», subraya.
Pete Hegseth aún no ha llegado oficialmente a ese extremo. A los expertos consultados por France 24 no les sorprende que sea el secretario de Defensa quien dé este paso tan controvertido.
«Este antiguo periodista de Fox News lo convierte todo en infoentretenimiento», señala Natasha Lindstaedt, especialista en regímenes autoritarios de la Universidad de Essex (Reino Unido).
En su opinión, la decisión de retransmitir una ejecución en directo encaja con su visión de un ejército «machista» que asume el uso de la violencia.
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Ejecución pública y «masculinidad tóxica»
En términos más generales, «esto sigue la misma línea de la espectacularización de la violencia promovida por Donald Trump, como ocurrió, por ejemplo, con los combates de lucha libre frente a la Casa Blanca«, continúa Lindstaedt.
«Por supuesto, en ese caso no se trataba de una ejecución, pero es igualmente una forma de movilizar a la base del movimiento MAGA, impregnado de ‘masculinidad tóxica’ y partidario de la ley del talión y de la exhibición pública de fuerza bruta», sentencia la analista británica.
La Administración Trump también debió de considerar que el caso de Nidal Malik Hasan representaba una trampa perfecta para la oposición.
«El presidente estadounidense quiere poner este tema sobre la mesa para obligar a sus opositores a posicionarse. Si critican la decisión, él podrá decir ante su base que sus detractores son demasiado pusilánimes frente a un terrorista que mató a militares estadounidenses», afirma Richard Johnson, especialista en política e instituciones de Estados Unidos de la Universidad Queen Mary de Londres.
Sin embargo, con la promesa de ejecutar a un condenado en directo por televisión, Estados Unidos se adentra en un terreno muy delicado junto a «un pequeño grupo de países, todos ellos autoritarios, que llevan a cabo ejecuciones públicas de manera oficial», cuestiona Lindstaedt.
Washington se pone así en la línea de Irán, Corea del Norte o incluso el Afganistán de los talibanes, «cuando hasta ahora Estados Unidos figuraba entre los primeros en denunciar estas prácticas en la escena internacional», señala Emma Long.
Aunque finalmente la Administración Trump desistiera, el mero hecho de promover la idea de una ejecución pública altera la naturaleza del régimen político estadounidense.
«Una democracia liberal que aplica la pena de muerte tiende a hacerlo con la mayor discreción posible, ya que un Estado democrático no suele buscar alardear de ello», refuerza Lindstaedt.
En su opinión, el anuncio de Pete Hegseth sitúa a Estados Unidos un poco más cerca del bloque de regímenes con tendencias autoritarias. Long, con un enfoque más matizado, considera más bien que la Administración Trump se apresta a un juego peligroso al emplear métodos «con connotaciones autoritarias».
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¿El obstáculo de la Constitución?
Para los expertos consultados, se trata, en cualquier caso, de una prueba para las instituciones democráticas estadounidenses. ¿Puede Pete Hegseth realmente reintroducir así las ejecuciones públicas?
«Desde un punto de vista constitucional, no existe ningún texto que prohíba explícitamente tales prácticas y, cuando se redactó la ley fundamental estadounidense, las ejecuciones públicas estaban permitidas», señala Long.
Es un matiz importante, ya que algunos jueces de la Corte Suprema —que podría tener que pronunciarse sobre esta decisión— tienen un «enfoque originalista», precisa la experta. Es decir, se esfuerzan por interpretar la Constitución tal como lo hicieron los Padres Fundadores.
¿Eso es una buena noticia para Pete Hegseth? No se debería asumir tan rápido. También hay que tener en cuenta la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos «crueles e inusuales». «Nos encontramos en una zona gris legal», asegura Dafydd Townley, especialista en cuestiones institucionales y de seguridad nacional de Estados Unidos.
De hecho, en la década de 1970, el máximo tribunal evaluó la constitucionalidad de la pena de muerte a la luz de esta enmienda. «Uno de los argumentos planteados sostenía que el hecho de que las ejecuciones no fueran públicas contribuía a que la pena no se considerara excesivamente cruel», subraya Richard Johnson.
La retransmisión en directo de la ejecución de Nidal Malik Hasan podría llevar a la Corte Suprema a revisar su postura sobre la pena de muerte y los castigos excesivamente crueles.
Y ese no es el único obstáculo potencial para una ejecución en directo. «El reglamento del Ejército estadounidense regula estrictamente quién tiene derecho a asistir a una ejecución, y prohíbe explícitamente la presencia de menores. Es una norma imposible de cumplir si se realiza una transmisión pública [por televisión o internet]», afirma Townley.
Y no son solo los menores quienes corren el riesgo de verse expuestos a semejante espectáculo. En pleno siglo XXI, difícilmente podrá limitarse a las fronteras estadounidenses una difusión por internet. En otras palabras, personas de todas las edades de cualquier parte del mundo podrían presenciar una ejecución pública, incluso desde países que, como Francia, prohíben la pena de muerte desde hace décadas.
Artículo adaptado de su original en francés
