El autor es licenciado en Economía y Contabilidad. Reside en Santo Domingo
POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA
El sistema tributario dominicano incluye la figura de los anticipos del Impuesto sobre la Renta (ISR), un mecanismo mediante el cual las empresas realizan pagos adelantados al fisco durante el año fiscal. Este instrumento ha sido diseñado para garantizar un flujo constante de ingresos al Estado y evitar que la totalidad del impuesto se pague al cierre del período fiscal.
Sin embargo, aunque cumple un rol importante en la estabilidad de las recaudaciones, también genera presiones significativas sobre la liquidez de muchas empresas. En especial, cuando los anticipos se calculan sobre bases que no necesariamente reflejan la realidad económica del período en curso.
En la práctica, el esquema actual de anticipos suele sustentarse en resultados de ejercicios anteriores, lo que puede provocar distorsiones importantes. Una empresa que tuvo buenos resultados en un año determinado puede verse obligada a pagar anticipos elevados al año siguiente, incluso si sus ingresos o utilidades disminuyen.
Esto crea un desfase entre la capacidad real de pago y la obligación tributaria anticipada. Como consecuencia, muchas empresas terminan financiando al Estado con recursos que necesitan para operar, invertir o sostener el empleo.
No cabe duda de que la eliminación total de los anticipos sería una medida que aliviaría considerablemente la carga financiera de los contribuyentes. Sin embargo, también es necesario reconocer que dicha decisión tendría un impacto fiscal significativo en el corto plazo.
En la estructura actual de las recaudaciones del país, los anticipos representan aproximadamente entre un 25% y un 30% de los ingresos tributarios. Por lo tanto, una eliminación abrupta podría generar un vacío importante en las finanzas públicas que requeriría ser compensado con otras fuentes de ingresos o ajustes presupuestarios.
Cómo reformarla?
Ante esta realidad, el debate no debería centrarse únicamente en eliminar o mantener esta figura fiscal, sino en cómo reformarla para hacerla más equitativa y coherente con la actividad económica real. Un sistema tributario moderno debe procurar un equilibrio entre la necesidad de recaudar recursos para el Estado y la sostenibilidad financiera de las empresas.
Cuando la carga tributaria anticipada se percibe como injusta o desproporcionada, se debilita la confianza en el sistema fiscal y se afectan las decisiones de inversión y crecimiento empresarial.
Una alternativa viable sería modificar el mecanismo de cálculo de los anticipos para que se base en los ingresos reales generados durante el período fiscal. En este sentido, podría utilizarse como referencia la información reportada en el formulario 607, el cual refleja las facturaciones mensuales de las empresas.
Este enfoque permitiría que los anticipos se determinen sobre datos actuales y verificables, reduciendo así las distorsiones que se producen cuando se utilizan estimaciones basadas en ejercicios pasados.
Bajo este modelo, los anticipos podrían calcularse aplicando una tasa efectiva de tributación sobre los ingresos reportados en el mes correspondiente. De esta forma, el pago adelantado estaría alineado con la dinámica real de la actividad económica de cada empresa.
Cuando los ingresos aumenten, el aporte al fisco crecerá proporcionalmente; cuando disminuyan, la obligación también se ajustará. Este esquema contribuiría a generar mayor justicia tributaria y a mejorar la previsibilidad financiera para los contribuyentes.
Otro elemento clave en cualquier reforma de los anticipos debe ser el tratamiento diferenciado para las micro, pequeñas y medianas empresas. Las mipymes constituyen una parte fundamental del tejido productivo del país, pero también son las más vulnerables en términos de acceso a capital y estabilidad financiera.
Muchas de estas empresas operan con márgenes reducidos y dependen de financiamiento bancario o informal para sostener sus operaciones. Imponerles anticipos significativos puede acelerar su descapitalización y limitar su capacidad de crecimiento.
Por esta razón, una política fiscal prudente debería excluir a las mipymes del esquema de anticipos o, en su defecto, aplicarles un régimen mucho más flexible. Estas empresas requieren incentivos y acompañamiento para consolidarse, no cargas que puedan comprometer su supervivencia.
Fortalecer el ecosistema de pequeñas empresas no solo favorece el emprendimiento, sino que también amplía la base tributaria futura y genera más empleo formal en la economía.
En conclusión, los anticipos del Impuesto sobre la Renta cumplen una función relevante dentro del sistema fiscal dominicano, pero su diseño actual puede generar efectos adversos sobre la liquidez empresarial. Reformar este mecanismo para basarlo en ingresos reales, utilizando herramientas como el reporte mensual del formulario 607 y una tasa efectiva de tributación, permitiría hacerlo más justo y transparente.
Al mismo tiempo, excluir o flexibilizar su aplicación para las mipymes contribuiría a proteger uno de los sectores más dinámicos de la economía. Un sistema tributario equilibrado debe recaudar con eficiencia, pero también fomentar la sostenibilidad y el crecimiento del sector productivo.
jpm-am
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