Washington y Caracas negocian un acuerdo que podría cambiar la relación de Estados Unidos con el petróleo venezolano, la principal riqueza del país suramericano.
Funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump trabajan para garantizar a Estados Unidos acceso a largo plazo a una parte de las reservas venezolanas, según revelaron este jueves 27 de agosto Reuters, Axios y Bloomberg.
Aunque los términos todavía están en discusión, las negociaciones contemplan que Washington se asegure un grupo de campos petroleros que luego serían desarrollados por compañías estadounidenses.
El crudo producido tendría como destino garantizado Estados Unidos, según fuentes citadas por Reuters.
Una de las maneras legales que se estudia es un arrendamiento de los campos. Bloomberg señala que entre las posibilidades discutidas figura incluso un plazo de 100 años.
Las conversaciones se producen siete meses después de que Venezuela aprobara una profunda reforma de su Ley Orgánica de Hidrocarburos, que abrió la puerta a una participación privada mucho mayor en una industria controlada durante décadas por el Estado.
Una lista a la que tuvo acceso Reuters identifica 17 campos incluidos en las negociaciones. Hay áreas todavía por desarrollar en la Faja Petrolífera del Orinoco y campos maduros en el Lago de Maracaibo. Algunos de estos últimos actualmente son operados por una pequeña compañía china bajo un contrato firmado durante el Gobierno de Nicolás Maduro.
Axios indicó que los campos involucrados reúnen alrededor de 90.000 millones de barriles de reservas probadas, frente a los cerca de 300.000 millones que tiene Venezuela, el país con las mayores reservas certificadas de crudo del mundo.
Las negociaciones están encabezadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, según Axios. El secretario de Energía, Chris Wright, prepara un viaje a Caracas que podría realizarse la próxima semana.
La propuesta contempla que, una vez asegurados los campos, una subasta o licitación determine qué productores estadounidenses se encargarán de desarrollar cada uno de ellos.
“Esto es real y se está debatiendo en los más altos niveles de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela”, dijo a Reuters una fuente familiarizada con las conversaciones.
Leer tambiénLa guerra con Irán deja a EE. UU. con una escasez crítica de misiles Patriot en Europa, según AP
Una reforma que abrió el petróleo al sector privado
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada a fines de enero pasado, amplió las posibilidades de participación privada en las actividades primarias del sector.
Hasta entonces, esas tareas estaban reservadas a empresas estatales y empresas mixtas. Ahora, la nueva normativa permite que compañías privadas domiciliadas en Venezuela asuman la gestión técnica, operativa y financiera de proyectos petroleros por su propia cuenta y riesgo. También reconoció los contratos de participación productiva, un mecanismo más flexible que el antiguo modelo de empresas mixtas.
Sin embargo, la reforma también tiene un límite: los yacimientos siguen perteneciendo a Venezuela.
El artículo 40 señala que “la República conservará la propiedad sobre los yacimientos de hidrocarburos” en los que operen compañías privadas. La ley mantiene además entre sus principios el “dominio público de los yacimientos”.
Por eso, la posibilidad de que Estados Unidos adquiera una “participación de propiedad”, como describió Axios, no significa necesariamente que Washington vaya a convertirse en dueño del petróleo que permanece en suelo venezolano.
Leer tambiénVenezolanos en el limbo: ¿cómo queda la mayor población migrante de Colombia con De la Espriella?
Reuters señala, de hecho, que la legislación vigente no contempla el arrendamiento de áreas petroleras, mientras que la Constitución reserva al Estado actividades centrales de la industria. Expertos consultados por la agencia consideran que el acuerdo podría plantear interrogantes constitucionales y enfrentar problemas legales.
Este punto es importante ante la posibilidad de un arrendamiento de 100 años. Las dudas pasan por determinar qué tipo de contrato puede utilizar Caracas y cómo se proporcionaría seguridad jurídica a inversiones destinadas a permanecer vigentes durante décadas.
El economista venezolano Ricardo Hausmann cuestionó este jueves, en su cuenta de X, la constitucionalidad y legitimidad de las negociaciones.
“Un gobierno interino ilegítimo con una Ley de Hidrocarburos ilegítima no tiene legitimidad para cerrar este acuerdo inconstitucional. Será un fiasco para todos los involucrados, empezando por el secretario Marco Rubio”.
El economista y exdirectivo de PDVSA José Toro Hardy también enfatizó en ese problema.
Al analizar las dificultades para atraer capital hacia el sector, dijo, en declaraciones al medio ‘VPItv’, que Venezuela es actualmente “el país más inseguro del mundo para invertir” y afirmó que cualquier recuperación petrolera necesitará ofrecer garantías a quienes aporten capital.
“Debemos brindar seguridad jurídica”, señaló.
¿Qué busca Estados Unidos?
Para Washington, el interés no se limita a aumentar la presencia de compañías estadounidenses en Venezuela.
Reuters afirma que la Administración Trump busca garantizar un flujo estable de crudo venezolano hacia las refinerías de Estados Unidos y que un mayor suministro podría contribuir a reducir el costo de las importaciones.
La presión energética aumentó además por la guerra con Irán, que alteró los mercados internacionales y obligó a Washington a recurrir nuevamente a su Reserva Estratégica de Petróleo.
Además, la Administración Trump enfrenta presión por el aumento del precio de la gasolina a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre.
Venezuela, mientras tanto, produce alrededor de 1,25 millones de barriles diarios. Es una recuperación con respecto a sus peores años, pero continúa muy lejos de los niveles superiores a tres millones de barriles diarios que llegó a alcanzar antes del deterioro de la industria, según cifras de la OPEP.
En paralelo a las negociaciones, Washington continúa flexibilizando el marco para las operaciones con Venezuela. Este jueves, el Departamento del Tesoro modificó varias licencias que autorizan actividades vinculadas con el petróleo venezolano, PDVSA, la venta de diluyentes estadounidenses y el suministro de bienes y servicios para el sector energético.
El impacto para Venezuela
Para Venezuela, un acuerdo de estas características podría facilitar la llegada del capital y la tecnología necesarios para recuperar campos deteriorados y desarrollar nuevas áreas de la Faja del Orinoco.
De todos modos, también supondría una transformación política difícil de separar de la historia reciente del país.
Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el control estatal de los hidrocarburos fue presentado como uno de los principales símbolos de soberanía nacional.
Ahora, un gobierno que nació del propio chavismo negocia con Washington la posibilidad de garantizar a Estados Unidos derechos de largo plazo sobre una parte sustancial de la producción futura.
La Administración estadounidense es consciente de esa contradicción. Según Axios, funcionarios de Washington saben que el acuerdo podría ser presentado como una entrega de los recursos naturales venezolanos y buscan demostrar que el desarrollo de los campos también generará mayores ingresos al país sudamericano.
Con Reuters, EFE y medios locales
