La crisis de vivienda que atraviesa España tiene un reflejo en buena parte de Europa. Los precios de compra y alquiler han aumentado, la oferta no alcanza para cubrir la demanda en muchas de las principales ciudades y no hay fórmulas para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
La dimensión del problema varía de un país a otro, al igual que las políticas para enfrentarlo. Algunas capitales han optado por intervenir directamente sobre los alquileres, mientras otras ponen el acento en construir más viviendas, ampliar el parque público o facilitar el funcionamiento del mercado.
Según datos recogidos por EFE, la Unión Europea necesita aumentar de forma considerable su parque residencial para responder a una demanda que crece especialmente en las grandes ciudades. Bruselas calcula que el bloque debería construir más de dos millones de viviendas cada año para cubrir las necesidades actuales.
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Alquileres: del control de precios al mercado libre
Alemania combina medidas de regulación con políticas destinadas a aumentar la oferta. Desde 2015 existe un mecanismo que permite a los estados federados declarar determinadas zonas como tensionadas y limitar el precio de los nuevos contratos a un máximo del 10 % por encima de la renta de referencia.
En ciudades como Berlín, Hamburgo o Colonia también existen restricciones para las viviendas destinadas al turismo y mecanismos que combaten la existencia de inmuebles vacíos. En Múnich, por ejemplo, las autoridades pueden recurrir a información sobre el consumo de agua y electricidad para comprobar si una vivienda permanece desocupada.
Francia también aplica controles en algunas de sus principales ciudades. París y Lyon establecen límites al precio de los alquileres en función de la superficie y de las características de cada vivienda.
Austria adoptó este año un mecanismo de contención de las rentas que limita las subidas al 1 % en 2026 y al 2 % en 2027 para determinados inmuebles regulados. En el mercado libre, los incrementos solo pueden realizarse una vez al año.
El panorama cambia en otros países. En Polonia, por ejemplo, los propietarios tienen libertad para fijar las rentas, aunque deben comunicar los aumentos con tres meses de anticipación. Italia, en cambio, está apostando por ampliar la oferta asequible mediante el denominado Plan Casa Italia, que contempla la recuperación durante la próxima década de unos 60.000 inmuebles públicos o concertados.
Desahucios: modelos muy diferentes
La protección frente a los desalojos es otro de los terrenos donde las diferencias entre países resultan especialmente visibles.
Francia mantiene la denominada “tregua invernal”, que impide ejecutar determinados desahucios entre noviembre y marzo. Una fórmula similar se aplica en Polonia y en las regiones belgas de Bruselas y Valonia.
Portugal está avanzando en sentido contrario. El Gobierno de Luís Montenegro impulsa una reforma destinada a agilizar los procedimientos de desalojo y permitiría recuperar una vivienda cuando el inquilino acumule dos meses de alquiler impagados, frente a los tres que se contemplan actualmente.
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En Grecia también se han acelerado los procedimientos. Desde mayo, la legislación permite que los tribunales tramiten con mayor rapidez la expulsión de quienes no pagan el alquiler, con el objetivo de que el proceso pueda completarse en un máximo de seis meses.
Finlandia utiliza otro mecanismo: los hogares con bajos ingresos pueden acceder a ayudas específicas para afrontar el alquiler y solicitar de forma urgente asistencia social para cubrir deudas y evitar que el conflicto termine en los tribunales.
Austria, por su parte, ha desarrollado un sistema de prevención dirigido especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad. El programa, aprobado en 2022 y prorrogado hasta 2029, permitió evitar hasta ahora más de 42.000 desahucios, según los datos recogidos por EFE.
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El contraste muestra que la discusión europea no se limita a decidir si se regulan o no los alquileres. También está en juego qué ocurre cuando una familia deja de poder pagarlos y hasta qué punto los Estados intervienen para evitar que termine en la calle.
El otro frente: las viviendas turísticas
El crecimiento de los alquileres turísticos se convirtió en otro de los elementos que alimentan la discusión sobre la vivienda, especialmente en las ciudades y destinos con mayor presión inmobiliaria.
Francia permite a los ayuntamientos establecer límites al número de viviendas turísticas y reducir a 90 días al año el período durante el cual una residencia habitual puede destinarse a este uso.
Finlandia acaba de introducir una herramienta diferente: las comunidades de propietarios pueden prohibir determinados alojamientos turísticos y, en situaciones consideradas especialmente perjudiciales para los vecinos, asumir temporalmente el control del inmueble.
En Países Bajos existe desde 2021 un registro obligatorio para este tipo de viviendas y algunas ciudades limitan su utilización turística a un máximo de 30 días anuales. Además, los municipios pueden impedir durante cuatro años que los inversores destinen al alquiler determinados inmuebles recién adquiridos.
Estas medidas se producen mientras el alquiler turístico continúa ganando peso en el mercado europeo. Según datos recogidos por EFE, las reservas de alojamientos de corta duración en plataformas como Airbnb y Booking aumentaron un 28 % en el verano de 2025 respecto a 2023.
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Una crisis, distintas recetas
El mapa europeo muestra así respuestas muy diferentes ante un problema que comparte algunos elementos: precios elevados, oferta insuficiente y dificultades crecientes para acceder a una vivienda en las zonas más demandadas.
Algunos gobiernos intervienen directamente sobre las rentas o protegen a los inquilinos frente a los desalojos. Otros buscan aumentar la oferta mediante construcción de vivienda nueva, recuperación de inmuebles vacíos o ampliación del parque público. Y varios combinan ambas estrategias con restricciones sobre los alquileres turísticos.
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La propia Unión Europea ha comenzado a intervenir en el debate, aunque las competencias principales siguen en manos de los Estados. En septiembre, la Comisión presentó una propuesta de Ley de Vivienda Asequible que permitiría a las autoridades restringir determinados usos turísticos y la compra de viviendas no destinadas a residencia habitual en zonas sometidas a una fuerte presión inmobiliaria.
La cuestión que queda abierta es hasta dónde debe llegar esa intervención. Europa comparte una crisis habitacional, pero las soluciones que se ensayan van desde el control de precios hasta la construcción masiva de vivienda, pasando por las ayudas sociales, la protección frente a los desahucios y las restricciones al uso turístico de los inmuebles.
Con información de EFE.
