Un viaje, dos dramas. El único documento legal que acredita la existencia de Luis Carlos Mendoza en el mundo es una arrugada tarjeta amarilla de vacunación. No tiene pasaporte, no habla una palabra de francés y duerme en un refugio militarizado en Bangui, la capital de un país africano fracturado por guerrillas.
«Nos han tirado a la muerte», denuncia el nicaragüense de 38 años sobre los agentes que lo abandonaron allí en medio de la noche. A más de diez mil kilómetros de ese encierro, su vida era radicalmente distinta. En Estados Unidos contaba con un permiso de trabajo, laboraba en obras de construcción en Washington D.C. y gozaba de protección oficial contra la deportación dictada por un tribunal. Pero todo se desplomó en febrero de este año cuando acudió a una cita de supervisión rutinaria ante las autoridades migratorias en Maryland y fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Mendoza era un exestudiante de la Universidad Politécnica de Nicaragua cuando se unió a las masivas protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega y cuya represión estatal dejó más de 300 víctimas civiles, según documentaron organismos internacionales.
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En una de esas manifestaciones, relata, una camioneta lo embistió mientras iba en su motocicleta y fue agredido. Presentó una denuncia ante organismos de Derechos Humanos. Cuando el acoso oficial se extendió a su núcleo familiar, decidió huir rumbo a Estados Unidos en busca de protección.
Entró de forma irregular en 2018 y pasó un mes detenido antes de salir bajo fianza. Se instaló en Maryland, obtuvo permiso de trabajo al año siguiente y encadenó empleos como la limpieza en un museo, en construcción, entre otros, sin dejar de asistir a las protestas pacíficas de la comunidad nicaragüense que continuaron en el exilio.
Un juez estadounidense le negó el asilo por no encontrar suficientes pruebas documentales del caso, pero en 2023 el Tribunal de Inmigración de Hyattsville, en Maryland, le otorgó protección bajo la Convención contra la Tortura, una figura que impide expulsar a alguien hacia un país donde corra riesgo real de persecución.
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El 19 de febrero de 2026, durante una cita rutinaria de supervisión migratoria en una corte de Baltimore, agentes del ICE lo detuvieron sin aviso.
«Nunca me imaginé que yo iba a llegar a Estados Unidos, país de la libertad, a perder mi libertad», resume hoy.
Pasó un mes en el centro de detención de Jackson Parish y cinco más en el de Winn Parish, ambos en Luisiana, donde describió celdas con decenas de personas enfermas, salidas de apenas veinte minutos al día y castigos como pasar doce horas en cuartos helados «para que uno se canse» y firme su propia salida del país.
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Su abogada presentó un recurso de habeas corpus sin éxito. «El juez nunca me mandó una carta de denegado, nada», denuncia Mendoza, quien insiste en que jamás firmó un documento ni fue informado de su destino final.
Un viernes de agosto de 2026, sin explicación, lo trasladaron a un centro en Alvarado, Texas, donde decenas de agentes vestidos de camuflaje, para intimidarlos, dice, los enlistaron para viajar. Antes de subirlos al avión, un grupo de detenidos se negó a avanzar sin conocer el destino. Según su relato, un oficial armado con una pistola de balines de goma respondió a la protesta de un compañero que dijo: «Prefiero morir aquí que en África«, una frase que todavía recuerda:
«Bueno, si es eso lo que quieren, aquí van a morir».
Entre los disparos, Mendoza recibió tres impactos en el pie y uno en la espalda antes de ser amarrado y subido por la fuerza, según relata.
El vuelo, con dos escalas para repostar, duró alrededor de 20 horas hasta la República Centroafricana, un país con guerra civil activa y uno de los más pobres del mundo, pese a sus ricas reservas de oro. Mendoza y otros tres nicaragüenses llegaron a Bangui a finales de agosto, sin pasaporte y con una sola identificación en la mano: una tarjeta de vacunación.
Desde entonces viven en un refugio administrado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), bajo vigilancia de guardias armados, con cortes de luz cada cuatro horas, agua escasa y revisión médica solo una vez por semana. “Huyendo de la represión de lo que pasa en mi país, fui a terminar siendo detenido y todavía sigo detenido. Aquí no hay libertad”, lamenta.
Durante un video publicado en TikTok, Mendoza narró que minutos antes, otro migrante deportado entró a empujones preguntando por unos trabajos de mantenimiento del refugio y terminó golpeándolo a puñetazos. «Destruyó mi cama y me agarró a puñetazos; estoy reportando esto por si mi vida corre peligro», denunció el nicaragüense en un video.
Mendoza reportó la reciente agresión a la OIM, que investiga el caso, pero cuenta que los propios guardias lo amenazaron: uno le advirtió que, si volvía a pasar algo, los trasladarían «a otra cárcel más peligrosa». «Aquí nos mezclan con todo tipo de gente de otras nacionalidades, y ya», añade.
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«Para asustar a la gente»: el limbo de las terceras naciones
El caso de Luis no es aislado. Human Rights Watch documentó en un informe publicado el 8 de octubre, titulado “Para asustar a la gente. Expulsiones de EE. UU. de nacionales de terceros países a África”, que Estados Unidos ha expulsado a más de 500 personas de terceros países hacia naciones africanas desde enero de 2025, sin darles una oportunidad real de impugnar el traslado ni de expresar temor por su seguridad. La organización entrevistó a 24 personas enviadas a Burundi, Esuatini, Liberia, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA), que describieron vuelos de hasta 18 horas esposadas y sin información sobre su destino.
Un funcionario estadounidense, cuya identidad HRW no reveló, resumió el objetivo del programa ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado con una frase que la organización retomó como título de su informe: con países como Palau o Esuatini, dijo, «la idea es que el gobierno pueda amenazar a las personas con dejarlas literalmente en medio de la nada. La idea es asustar a la gente.»
“La deportación de personas a países donde nunca han estado es parte de una política estadounidense diseñada para causar sufrimiento humano como medio para disuadir la migración”, declaró el director interino del programa de HRW para EE. UU., Michael Garcia Bochenek.
Para Javier Contreras, profesor del Tecnológico de Monterrey, ese giro prueba que el programa dejó de responder a un cálculo de costos migratorios. “Es una política, yo lo reitero, del terror. Es una política que busca crear miedo y justo este tercer país de transferencia ya no tiene que ver con una medida de contención o de sopesar económicamente los costos de la migración”, afirmó Contreras.
El académico recuerda que, de ser consistente el argumento económico, Washington enviaría a los deportados a países vecinos y baratos; no ha sido el caso: hay mexicanos enviados a Afganistán y Siria, y ahora, recuerda, nicaragüenses a la República Centroafricana.
“Varios de estos gobiernos africanos no solo son cómplices de los abusos estadounidenses, sino que también han violado los derechos humanos de estas personas deportadas, incluso mediante detenciones arbitrarias y, en algunos casos, enviándolas de vuelta a países de donde huyeron del peligro”, añadió Bochenek.
Mientras Contreras ve en el giro hacia África la prueba de una política deliberadamente punitiva, Rachel Schmidtke, abogada sénior para América Latina de Refugees International, señala el mecanismo legal preciso que lo hace posible.
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A nivel global, cuenta, existen unos 35 acuerdos de este tipo y más de 26.000 personas han sido trasladadas bajo ellos. Según la especialista, los envíos a África concentran un patrón específico: la mayoría de quienes llegan ahí ya habían obtenido alguna forma de protección en Estados Unidos, como la suspensión de la deportación (Withholding of removal) que amparaba a Mendoza, lo que vuelve ilegal devolverlos a su país de origen. Enviarlos a un tercer continente es, plantea Schmidtke, la manera en que Washington elude esa obligación sin violarla en el papel.
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Las reglas que se están rompiendo
La discusión no es solo moral, sino jurídica. Desde la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, el derecho internacional prohíbe a los Estados devolver a una persona a un lugar donde corra riesgo de persecución o tortura: el llamado principio de no devolución.
Para Schmidtke, los traslados a terceros países «significan un retroceso muy grave para el sistema de refugio y de protección que hemos estado construyendo desde antes de 1950. Lo que está haciendo es decir que un Estado puede rechazar la obligación internacional que tiene para proveer protección y enviar esa responsabilidad o empujar esa responsabilidad a otro Estado”, cuenta Schmidtke a France 24.
Pero Donald Trump sostiene que la migración irregular constituye una crisis de seguridad nacional, económica y soberana que requiere el cierre de fronteras y la mayor operación de deportación masiva en la historia de los Estados Unidos.
“Al priorizar la aplicación de la ley y la rendición de cuentas, la administración está restableciendo la integridad del sistema de inmigración y garantizando que la ley se aplique de manera coherente. Estos esfuerzos protegen a los trabajadores estadounidenses, reducen la presión sobre las comunidades locales y refuerzan el derecho del país a controlar sus fronteras y determinar quién ingresa a Estados Unidos”, afirma la Casa Blanca.
Contreras plantea una secuencia de rupturas. La primera regla en caer, explica, fue la de pedir asilo antes de cruzar la frontera, sustituida por la espera en terceros países como México. Luego cayó el principio de no devolución. «Ahora rompen una regla de la deportación», advierte: si a alguien se le deporta, debe ser a su país de origen, no a un destino elegido por conveniencia administrativa. El profesor atribuye el patrón a un cálculo político más que económico, pues ni siquiera la cercanía o el costo explican traslados a destinos como Afganistán o Centroáfrica.
«Aquí hay una doble perversión: la primera perversión en Estados Unidos sin tener este acuerdo simplemente mandando a las personas a un país (…), pero además es el país receptor que tenía una falta total de humanismo y de incongruencia con su marco de derechos humanos”, lamentó.
En esto coinciden ambos especialistas, pese a mirar el fenómeno desde ángulos distintos, el legal y el político: usan la misma palabra para describir el destino de miles de personas enviadas a terceros países: limbo.
El litigio sobre la legalidad de la práctica sigue abierto. El 29 de septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al Gobierno de Donald Trump a reactivar temporalmente los traslados a terceros países, suspendiendo fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre su destino y darles oportunidad de impugnarlo antes de la expulsión. El máximo tribunal escuchará los argumentos de fondo en diciembre y no se espera una decisión definitiva antes de mediados de 2027: mientras tanto, personas como Mendoza y otros latinoamericanos seguirán en Bangui bajo las reglas provisionales que la propia corte dejó en pausa.
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Un país al que tampoco pueden volver
Nicaragua, su país natal, ilustra el segundo drama del caso de Luis. El Gobierno de Daniel Ortega decidió cancelar las elecciones y reformar la Constituciónpara que ningún opositor o considerado “traidor a la patria” aspire a un cargo público. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta septiembre había al menos 68 presos políticos y desde 2024 el Gobierno despojó de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, mientras organismos locales documentan miles de casos más.
Según Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, “la represión en el país ha alcanzado un nivel que exige un escrutinio global intensificado”.
Por su parte, Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, alertó en septiembre sobre la extrema concentración de poder del gobierno nicaragüense y su partido, calificando el escenario de «indefendible». Nicaragua se ha convertido en uno de los países “más autoritarios del hemisferio occidental”, según Human Rights Watch. Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien funge como vicepresidenta, argumentan que se blindan ante un intento de “golpe de Estado”.
Un análisis del Deportation Data Project, que cruza datos de ICE obtenidos por solicitudes de transparencia, muestra que solo entre enero de 2025 y marzo de 2026 las autoridades migratorias arrestaron a 12.271 nicaragüenses, deportaron a más de 8.000 y mantienen detenidos a cerca de 3.000.
“Tras ofrecer refugio a estos críticos del Gobierno nicaragüense hace apenas tres años, Estados Unidos ahora los detiene y amenaza con deportarlos”, denunció Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “El derecho internacional prohíbe a Estados Unidos devolver a nadie a una situación de persecución o tortura. Las autoridades estadounidenses no deberían intentar enviar a estos hombres de vuelta al peligro”.
En ese contexto, miles de nicaragüenses, incluidos, dice Schmidtke, quienes podrían ser enviados «a las Américas y a un país en África», quedan atrapados entre dos riesgos: no pueden volver a su país por la persecución real que enfrentarían, pero tampoco tienen garantía de instalarse legalmente en el tercer país al que son enviados.
Mendoza no pide asilo en un tercer país ni quiere intentarlo en uno distinto a Estados Unidos, donde tiene familia y ocho años de vida construida. «No tengo familia en ningún país», repite.
Mientras su familia busca fondos para pagar un nuevo abogado, en Bangui los días parecen iguales: la luz se va cada cuatro horas, el temor latente de estar a miles de kilómetros de casa y pensar a diario cómo salir de su compleja situación jurídica.
«Me siento como que todavía estoy preso. Todavía no he recobrado la libertad al cien por ciento.», lamenta.
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Con EFE.
