Javier Milei, presidente de Argentina, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Migraciones para impedir el ingreso o la permanencia en el país de personas extranjeras que promuevan mensajes de odio o inciten a actos de violencia contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad. Las restricciones también se extenderán a quienes participen o impulsen actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.
La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado en el que señala que la decisión responde a “las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos”. La declaración fue interpretada como una referencia a la denuncia realizada recientemente por Milei, quien acusó que diversos actores políticos de México y Brasil, así como el Partido Demócrata de Estados Unidos, supuestamente financiaron una “campaña antiargentina” durante la Copa Mundial de Futbol 2026.
“¿Saben quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil”, dijo Milei el fin de semana pasado durante una entrevista con Radio Mitre. “Y además, también, digamos, fue financiada esta campaña antiargentina por México, por el Partido Demócrata en Estados Unidos. Bueno, ¿y quiénes son? Son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen”.
Tras el Mundial 2026, Milei denunció una supuesta campaña antiargentina financiada por Brasil, México y los demócratas de EE UU. Sin embargo, especialistas señalan que la hostilidad en redes fue real, pero orgánica y principalmente futbolera.
El nuevo DNU modifica los artículos 29, 62 y 63 de la Ley de Migraciones. En términos generales, establece que las autoridades migratorias podrán negar el ingreso al país a cualquier extranjero que, de forma oral o escrita, haya difundido mensajes de odio o incitado a la violencia contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad. La prohibición de entrada también podrá aplicarse a quienes participen o promuevan actos de ofensa contra la bandera, el escudo o el himno nacional de Argentina.
Las expresiones de odio, las incitaciones a la violencia y los actos de agravio contra los símbolos patrios, bajo las condiciones previstas en el decreto, también serán causales para revocar los permisos de residencia vigentes de extranjeros establecidos en Argentina. En estos casos, la Dirección Nacional de Migraciones deberá evaluar las circunstancias particulares antes de emitir una orden de salida voluntaria o iniciar un proceso de deportación.
El decreto argumenta que Argentina “se ha caracterizado históricamente por su política de apertura, hospitalidad y respeto hacia los extranjeros que deciden habitar su suelo”. Sin embargo, sostiene que los mensajes de odio, los comportamientos hostiles y los actos de discriminación contra el pueblo argentino, su identidad y su cultura “han aumentado considerablemente”, lo que constituye “un riesgo para todos los argentinos y representa un quebrantamiento del respeto básico que se debe tener respecto de los nacionales de nuestro país por parte de los extranjeros que pretenden ingresar o permanecer en el territorio nacional”.
