Diez días de restricciones en cinco provincias, de cara a los comicios locales.
La restricción de movilidad comenzó en la madrugada de este domingo 1 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 10 de noviembre en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, en el occidente de Ecuador, así como en Esmeraldas, en el norte del país.
Durante este periodo, la circulación estará restringida entre las 00:00 y las 05.00, hora local. Las cinco provincias se encuentran en la franja costera ecuatoriana, una región que concentra buena parte de la actividad de las organizaciones vinculadas al narcotráfico y algunas de las ciudades con los índices de homicidios más elevados del continente.
Según lo estipulado por el Gobierno, durante las horas de restricción solo podrán circular los equipos de emergencia. El presidente Daniel Noboa ha presentado la medida como una forma de proteger a la población civil mientras policías y militares ejecutan “operaciones especiales” destinadas a irrumpir en inmuebles y capturar a presuntos integrantes de grupos criminales.
La decisión incluye, además, a Guayaquil, principal puerto y mayor ciudad de Ecuador, convertida en uno de los epicentros de la violencia que ha transformado la situación de seguridad del país en los últimos años.
El cuarto toque de queda de 2026
Este es el cuarto toque de queda decretado por Noboa en lo que va de 2026, después de las restricciones impuestas en marzo, mayo y septiembre.
La sucesión de estas medidas refleja la dificultad del Gobierno para contener una crisis de seguridad que ha alcanzado niveles sin precedentes. Ecuador cerró 2025 con un récord de 9.283 homicidios, una tasa superior a los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según los datos citados en la información proporcionada.
Los toques de queda han formado parte de una estrategia más amplia basada en sucesivos estados de excepción, decretados de manera parcial o nacional. Desde 2024, Noboa ha planteado su política de seguridad como una “guerra” contra el crimen organizado, después de declarar la existencia de un “conflicto armado interno” y clasificar a varias bandas criminales como grupos terroristas.
Bajo los estados de excepción, el Ejecutivo ha podido restringir temporalmente determinados derechos, entre ellos la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones y, en determinados casos, la libertad de tránsito mediante los toques de queda.
Una crisis que se extiende desde la costa hasta Quito
La violencia ecuatoriana está estrechamente vinculada con la creciente importancia del país como punto de tránsito para la cocaína producida en Colombia y Perú.
La expansión de las rutas del narcotráfico ha transformado en pocos años a un país que durante décadas fue considerado relativamente seguro en comparación con otros Estados de la región. La violencia ha alcanzado a comunidades costeras, puertos estratégicos, ciudades del interior y, cada vez con mayor claridad, a la capital.
Guayaquil y otras ciudades de la costa siguen concentrando los niveles más altos de violencia, pero Quito también se ha convertido en un nuevo escenario de la expansión de las organizaciones criminales.
Las autoridades identifican la presencia en la capital de bandas como ‘Los Lobos’, ‘Los Choneros’ y ‘Los Tiguerones’. Según la Policía, estos grupos utilizan la venta de drogas a pequeña escala como una vía para establecerse en los barrios y desarrollar posteriormente redes de extorsión, robos y otros delitos.
En sectores como Solanda, una zona popular del sur de Quito, los residentes han sustituido antiguas formas de vigilancia vecinal por cámaras de seguridad y rejas metálicas para limitar el acceso a determinadas calles. La aparición de delincuentes armados y de estructuras criminales más organizadas llevó incluso a grupos comunitarios a abandonar sus patrullajes nocturnos por temor a convertirse en objetivos.
La respuesta militar y policial
La Administración de Noboa ha respondido a la expansión de la criminalidad con un amplio despliegue de policías y militares.
En Quito, alrededor de 4.000 efectivos policiales y militares fueron desplegados en puntos de acceso y corredores estratégicos como parte de un plan de seguridad anunciado en agosto. La capital permanece, además, bajo un estado de excepción decretado en septiembre.
Durante las primeras seis semanas del operativo, la Policía detuvo a más de 300 personas, mientras las fuerzas militares participaron en controles de armas y patrullajes focalizados en zonas consideradas de alto riesgo.
Los datos oficiales también apuntan a un fuerte aumento de las incautaciones de drogas en la capital: entre enero y septiembre crecieron cerca de un 500 % respecto al mismo periodo del año anterior.
La ofensiva estatal ha conseguido reducir la violencia en algunos sectores. En Solanda, por ejemplo, las muertes violentas descendieron a dos entre enero y septiembre, frente a las 13 registradas durante el mismo periodo de 2025.
Sin embargo, las autoridades y analistas advierten que el problema no ha desaparecido, sino que puede desplazarse. La presión policial y militar en determinados territorios puede empujar a las organizaciones criminales hacia zonas donde encuentran menores niveles de vigilancia o nuevas oportunidades para establecer sus redes.
Fragmentación de las bandas y disputa por nuevos territorios
La estrategia de seguridad del Gobierno ha permitido capturar o abatir a varios dirigentes de las principales organizaciones criminales. Pero la ofensiva también ha coincidido con un proceso de fragmentación de las bandas.
La desaparición o debilitamiento de algunos liderazgos ha abierto disputas internas y favorecido la aparición de grupos escindidos que compiten por territorios, rutas y economías ilícitas.
Quito se encuentra dentro de esta dinámica. Su posición geográfica y su red de conexiones terrestres la convierten en un punto estratégico para el tránsito y almacenamiento de droga antes de su traslado hacia otras zonas del país, especialmente hacia los puertos desde donde la cocaína es enviada a mercados de Europa y Estados Unidos.
Analistas de seguridad describen a la capital como una ciudad nodo en la que convergen organizaciones locales y estructuras vinculadas a redes internacionales. Aunque su función de tránsito puede reducir el riesgo de disputas territoriales abiertas como las registradas en algunos puertos, la creciente presencia de bandas ha generado preocupación entre residentes y autoridades.
Toque de queda, a cuatro semanas de las elecciones
La nueva restricción se aplica cuando faltan cuatro semanas para las elecciones locales del 29 de noviembre, en las que los ecuatorianos elegirán, entre otros cargos, a prefectos y alcaldes para los próximos cuatro años.
El contexto convierte a la seguridad en uno de los principales temas de la campaña. El oficialismo busca disputar al correísmo el control político de las principales ciudades del país, entre ellas Quito y Guayaquil.
La lucha contra el crimen organizado ha sido una de las principales banderas políticas de Noboa desde su llegada al poder en 2023, y su Gobierno ha convertido la respuesta a la violencia en el eje de su estrategia política y de seguridad.
El nuevo toque de queda también coincide con uno de los periodos festivos más largos del año en Ecuador, lo que añade un elemento adicional al impacto de las restricciones sobre la movilidad y la actividad cotidiana en las provincias afectadas.
Para reforzar su estrategia, Noboa ha estrechado la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico.
La creciente conexión entre las bandas ecuatorianas y las rutas internacionales de la cocaína ha situado la crisis de seguridad del país dentro de un problema regional más amplio. Ecuador se ha convertido en una pieza cada vez más importante de las redes que trasladan droga desde los países productores hacia los mercados internacionales.
La cooperación con Washington ha incluido acciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico y operaciones dirigidas a interrumpir sus cadenas logísticas. Entre los episodios más controvertidos figuran bombardeos efectuados por militares estadounidenses contra embarcaciones de pescadores ecuatorianos a las que se vinculó con actividades ilícitas relacionadas con el abastecimiento de combustible para lanchas utilizadas por organizaciones de narcotráfico.
Mientras tanto, el desafío para el Gobierno ecuatoriano sigue siendo contener una violencia que ya no se limita a los principales puertos del Pacífico y que se adapta a la presión de las fuerzas de seguridad.
El cuarto toque de queda del año vuelve así a poner de manifiesto la dimensión de una crisis que se ha convertido en el principal desafío del país y en uno de los asuntos decisivos de cara a las elecciones locales de finales de noviembre. Para Noboa, la eficacia de su ofensiva contra el crimen será evaluada no solo por las cifras de detenciones e incautaciones, sino también por la capacidad del Estado para recuperar el control de territorios donde las organizaciones criminales continúan buscando nuevas formas de establecerse.
Con Reuters, EFE y medios locales
