Se ha caído el principal argumento de la acusación que llevó al entonces juez Sergio Moro a condenar al líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupción pasiva y lavado de dinero, una decisión que lo mantuvo 580 días encarcelado en la sede de la Policía Federal de Curitiba.
La nueva sentencia llega apenas dos semanas después de que Lula consiguiera su reelección para un inédito cuarto mandato, tras imponerse a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones, el pasado 25 de octubre.
El juez Marcelo Gentil Monteiro, de la 12ª Sala Federal del Distrito Federal, determinó que el dinero obtenido en la subasta de 2018 sea entregado a OAS Emprendimentos, que ahora se llama Grupo Metha. El Ministerio Público Federal ya se había pronunciado a favor de la devolución. En su resolución, el magistrado tuvo en cuenta que el apartamento 164-A del edificio Solaris figuraba formalmente a nombre de OAS y que, tras la anulación de las condenas contra Lula y el posterior archivo de la causa, ya no existía fundamento jurídico para mantener retenido el dinero.
Se trata del último capítulo de uno de los episodios judiciales y políticos más controvertidos de la historia reciente de Brasil. Para Lula y sus seguidores, representa una confirmación de que el presidente fue víctima de una persecución judicial sin fundamento. Cabe resaltar que, jurídicamente, la resolución sobre el dinero del tríplex no equivale a una sentencia absolutoria sobre las acusaciones de corrupción: determina que no existe base para mantener los fondos incautados y reconoce la titularidad registral de la constructora.
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Un apartamento, dos condenas y 580 días en prisión
La historia del tríplex se remonta a la investigación de la Operación Lava Jato, iniciada en marzo de 2014 en torno a una red de corrupción, blanqueo de capitales y sobornos vinculada a contratos de Petrobras, la petrolera estatal brasileña.
Las pesquisas destaparon un sistema de financiación ilegal y pago de comisiones que involucraba a grandes constructoras, empresarios, intermediarios y políticos de diferentes partidos. La investigación se extendió por varios estados y dio lugar a numerosas condenas y acuerdos de colaboración judicial.
El caso tuvo consecuencias políticas profundas para el gigante latinoamericano. La operación golpeó al sistema de partidos, debilitó al gobierno de la entonces presidenta Dilma Rousseff y contribuyó al clima de crisis que precedió a su destitución en 2016.
La condena y posterior encarcelamiento de Lula, que encabezaba las encuestas para las elecciones presidenciales de 2018, le impidieron presentarse en aquellos comicios. El candidato del Partido de los Trabajadores fue sustituido por Fernando Haddad y el ultraderechista Jair Bolsonaro acabó ganando las elecciones.
En julio de 2017, Moro condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de capitales. Según la acusación, el expresidente habría recibido de la constructora OAS una ventaja indebida valorada en unos 3,7 millones de reales (655.737 dólares), que incluía el apartamento tríplex, obras de reforma y otros servicios. La Fiscalía sostenía que el inmueble era una contraprestación por los favores concedidos a la empresa durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores.
Lula siempre negó ser el propietario del apartamento y rechazó haber recibido sobornos. Su defensa insistía en que no existía escritura, ni registro de propiedad que demostrara que el inmueble le pertenecía. En enero de 2018, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región confirmó, en segunda instancia, la condena y elevó la pena a 12 años y un mes de prisión. El Supremo Tribunal Federal rechazó un recurso preventivo de la defensa y, el 7 de abril de ese año, Lula ingresó de forma voluntaria en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde permaneció 580 días, hasta noviembre de 2019.
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Durante su encarcelamiento, el expresidente rechazó reiteradamente la posibilidad de beneficiarse de la progresión al régimen semiabierto. Sostenía que no buscaba una reducción de su condena ni una salida anticipada, sino que la Justicia reconociera su inocencia. Fue una postura que reiteró en la entrevista que France 24 realizó durante su encarcelamiento. “Yo podría no haber venido hasta la Policía Federal. Podría haber ido a otro país o a una embajada. Yo decidí venir aquí para probar mi inocencia. Quiero probar que los mentirosos son aquellos que me acusaron y lo voy a probar”, destacó en 2019.
“Yo no quiero la progresión de la pena, yo quiero mi inocencia. La palabra correcta es inocencia. O estos canallas que me encarcelaron prueban que cometí un crimen, porque yo ya probé que no lo cometí, y me liberan y piden disculpas al pueblo brasileño, o encuentran otra solución, porque yo efectivamente quiero salir de aquí con la cabeza erguida al igual que entré”, dijo Lula a France 24. También insistió en que estaba dispuesto a esperar el tiempo que hiciera falta para obtener una decisión que considerase justa.
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La anulación de las condenas y la polémica del “descondenado”
La situación judicial dio un giro en marzo de 2021, cuando el juez de la Corte Suprema Edson Fachin anuló las condenas dictadas contra Lula por la Justicia Federal de Curitiba. El fundamento de su decisión fue que aquel tribunal carecía de competencia para juzgar las acusaciones, ya que los hechos atribuidos al expresidente no tenían una relación directa demostrada con los desvíos de Petrobras que justificaban la jurisdicción de Curitiba.
El pleno del Supremo confirmó la decisión en abril de ese año. Posteriormente, la Segunda Sala del tribunal reconoció también la parcialidad de Sergio Moro en la conducción del proceso del tríplex. El pleno confirmó esa declaración en junio de 2021, por siete votos contra cuatro. Cabe destacar que la anulación técnicamente no fue una absolución tras un nuevo juicio que examinara las pruebas y concluyera que Lula no había cometido los delitos. Tampoco fue una confirmación de las acusaciones. El Supremo determinó que las condenas no podían mantenerse porque el proceso había vulnerado garantías fundamentales. La causa terminó archivada por prescripción en 2022, sin una sentencia de fondo sobre la culpabilidad o inocencia del expresidente.
Lula cargos
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Es precisamente en esa diferencia donde se apoya buena parte del discurso de los sectores bolsonaristas, que sostienen que Lula no fue absuelto, sino “descondenado”. El término, inexistente en portugués, se ha convertido en una expresión política para cuestionar la legitimidad de su regreso a la vida política activa y presentar la anulación del juicio como una maniobra sospechosa para librarlo de la cárcel.
La expresión omite, sin embargo, que la anulación judicial no es una concesión política: es la consecuencia de que un tribunal superior constate que un proceso no respetó las reglas de competencia y las garantías de imparcialidad. El caso es que las condenas dejaron de tener validez jurídica y Lula recuperó sus derechos políticos, lo que le permitió presentarse a las elecciones de 2022 y regresar a la Presidencia.
Por su parte, Sergio Moro acudió a las redes sociales para defender su actuación contra Lula. “La justicia civil nunca afirmó que el tríplex no fuera de Lula o que siempre hubiera pertenecido a OAS. Ante la anulación de las condenas penales de Lula por motivos formales y, a mi juicio, políticos, la justicia civil entregó el dinero resultante de la venta del tríplex a OAS, ya que no existía fundamento jurídico para mantenerlo retenido y el inmueble permanecía registrado a nombre de OAS”, escribió.
Lava Jato: de símbolo contra la corrupción a una operación cuestionada
La operación que durante años fue presentada como el mayor símbolo de la lucha contra la corrupción en Brasil terminó perdiendo su credibilidad. Las revelaciones sobre la relación entre el entonces juez Moro y los fiscales de la operación, difundidas a partir de los mensajes filtrados a un medio de comunicación, alimentaron las acusaciones de coordinación indebida entre quienes debían acusar y quien debía juzgar.
Lula 2
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Para el jurista Alfredo Attié, presidente de la Academia Paulista de Derecho, el fenómeno del ‘lavajatismo’ tuvo consecuencias profundas para las instituciones brasileñas. “Fue un movimiento organizado dentro de una parte de la Justicia, del Ministerio Público y de la Policía Federal, orientado a retirar la confianza en la política y en la propia Justicia, una confianza esencial para la existencia y el perfeccionamiento de la democracia. Hasta ahora, aunque una parte muy importante de las decisiones adoptadas por este movimiento haya sido anulada, revisada o revocada por el Supremo Tribunal Federal, ninguno de sus protagonistas ha recibido castigo por los actos ilegales que cometieron”, explica a France 24.
“La decisión que ordena devolver los fondos a OAS significa que la Justicia vuelve a afirmar que Lula no era el propietario del tríplex. La conclusión es que fue procesado injustamente, contra la ley y la Constitución. La consecuencia debería ser el castigo de quienes fueron responsables del esquema destinado a estigmatizar al presidente, tanto los integrantes de las instituciones públicas que he mencionado, como los periodistas que participaron en la difusión ilícita de las acusaciones. Ese castigo al ‘lavajatismo’ es una de las condiciones para recuperar el valor del Estado democrático de derecho, objeto del ataque de la extrema derecha, que continúa el camino del ‘lavajatismo’ al actuar contra las instituciones políticas y jurídicas e intentar desacreditar la democracia”, añade Attié.
Un pedido de disculpas necesario
Precisamente a los periodistas se ha referido Lula en una conexión en directo con los ‘soldados’ del Ejército digital que le han ayudado a ganar las elecciones. Tras conocer la decisión sobre el dinero del tríplex, el presidente brasileño volvió a reclamar públicamente una rectificación de los medios de comunicación que durante años dieron por probada la propiedad del apartamento y difundieron las acusaciones de la Fiscalía. Lo ha hecho durante la COP 31 en una transmisión desde Turquía, al lado de su fiel ‘general’, el diputado André Janones. Lula ha pedido a sus simpatizantes que sigan movilizados y que hagan presión en las redes sociales para reclamar una disculpa formal de los medios que lo atacaron durante años.
Lula
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“Pasaron años diciendo que el apartamento era mío. Yo estuve 580 días preso diciendo que el apartamento no era mío. Ahora que la Justicia decidió que el apartamento no era mío, sólo espero que las personas que me acusaron y quienes dijeron durante años que el apartamento era mío, pidan disculpas», espetó Lula y exigió que la rectificación debería publicarse “en letras grandes, del mismo tamaño que utilizaron para hacer la acusación”.
La comparación con los episodios judiciales protagonizados por la familia Bolsonaro también ha aparecido entre los seguidores del presidente. En las redes sociales, algunos simpatizantes destacan que Lula decidió presentarse ante la Policía Federal y cumplir la orden de prisión en 2018, en lugar de abandonar el país, como contrapunto a las acusaciones de que Flávio Bolsonaro salió de Brasil para eludir la Justicia.
El recuerdo de aquella entrega voluntaria sigue siendo una referencia central para los más de 64 millones de electores que le confiaron la gestión del país para los próximos cuatro años. El 7 de abril de 2018, antes de presentarse ante la Policía Federal, Lula pronunció un discurso histórico ante miles de simpatizantes reunidos frente al Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, en São Bernardo do Campo. Allí defendió su confianza en una Justicia que le juzgara basándose en las pruebas y no en convicciones políticas.
“Quiero saber cuántos días van a pensar que me están manteniendo preso. Y, cuantos más días me dejen allí, más Lulas nacerán en este país y más gente querrá luchar en este país, porque en una democracia no hay límites, no hay un momento determinado para luchar”, dijo emocionado ante una muchedumbre que se apiñaba delante del palco. “Yo no estoy por encima de la Justicia. Si no creyera en la Justicia, no habría creado un partido político. Habría propuesto una revolución en este país. Pero creo en la Justicia, en una Justicia justa, que juzgue un proceso basándose en los autos, en las informaciones de la acusación, de la defensa y en las pruebas concretas”, agregó. Antes de despedirse, dejó una frase que se convirtió en uno de los símbolos de aquella jornada: “Los poderosos pueden matar una, dos o tres rosas, pero jamás podrán detener la llegada de la primavera”.
