México tendrá un nuevo marco jurídico para proteger sus recursos naturales, garantizar el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y establecer mecanismos que permitan abordar la creciente crisis climática.
Esta semana, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó una iniciativa para crear una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), diseñada para actualizar las normas vigentes, en vigor desde hace casi cuatro décadas.
Durante la conferencia presidencial de este miércoles, la funcionaria aseguró que esta actualización es necesaria porque el planeta enfrenta “nuevos desafíos ambientales”, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los océanos y las costas.
El balance climático de 2025 deja pocas señales de mejora: aumentaron las emisiones, el calor oceánico y el nivel del mar, mientras continuaron el deshielo y la pérdida de oxígeno en los océanos.
En términos generales, según Bárcena, la LGEEPA se basa en 10 principios básicos. En primer lugar, establece que los recursos naturales son la infraestructura esencial sobre la que se construyen la prosperidad económica y el bienestar social. Bajo esta premisa, el proyecto reconoce que “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”, afirmó la secretaria.
Bárcena además aseguró que, aunque la legislación considera mecanismos y medidas para reparar los daños ambientales, prioriza la prevención de afectaciones con base en una visión de conservación a largo plazo.
La iniciativa también estipula que el conocimiento técnico y científico deberá respaldar todas las decisiones y acciones ambientales. Por ello, buscará fortalecer la colaboración entre la Semarnat y dependencias como la Secretaría de Ciencia, Innovación, Humanidades y Tecnología, así como con académicos y científicos especializados en temas ambientales.
La LGEEPA añade un componente colaborativo que pretende involucrar a los pueblos originarios y a la ciudadanía en general en la protección y el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. La propuesta plantea adoptar mecanismos de gestión y ordenamiento territorial en colaboración con las comunidades y bajo una visión de largo plazo.
Además, contempla una serie de campañas y acciones para promover una cultura ambiental entre la ciudadanía, con el objetivo de facilitar la transición de una economía que desecha hacia otra que aprovecha y recicla. Con ello, busca impulsar la protección compartida del patrimonio biocultural.
Finalmente, la nueva ley contempla un capítulo completo dedicado a la protección de los derechos y garantías de los defensores ambientales, quienes en México enfrentan graves riesgos de acoso, muerte y violencia, muchas veces perpetrados por los propios gobiernos, según diversas investigaciones.
En conferencia de prensa, Bárcena aseguró que el momento ambiental que atraviesa el planeta “nos exige como país claridad moral, rigor técnico y, sobre todo, responsabilidad histórica”.
A su juicio, la propuesta representa “una nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza y, sobre todo, una relación que se basa en la justicia ambiental”, que coloca en el centro a la ciudadanía, especialmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Una reforma necesaria, pero con aún con vacíos
La propuesta de ley fue firmada por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión. Con este paso se iniciará el proceso legislativo para renovar el marco ambiental vigente en el país desde 1988.
La propuesta legislativa se ha discutido entre dependencias y colectivos de defensa ambiental desde hace varios meses y, aunque la renovación del marco jurídico ha sido bien recibida en términos generales, algunas voces señalan que la iniciativa todavía presenta vacíos que deben ser atendidos antes de su aprobación definitiva.
Desde sus redes sociales, ONU México aseguró que la protección de la naturaleza, el bienestar y el desarrollo sostenible de la población son asuntos que no pueden tratarse por separado. En consecuencia, el organismo afirmó que la reforma ambiental presentada “coloca prevención, restauración y justicia ambiental al centro de la relación entre desarrollo-personas-naturaleza”, lo que constituye “un paso clave hacia un futuro más sostenible”.
